La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) cree que
la privatización de seis hospitales y de 27 centros de salud que va a
acometer la Comunidad de Madrid es inconstitucional. El equipo de
abogados de la plataforma ha preparado un informe que esta tarde presentará a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y que ayer fue enviado a los partidos políticos con representación parlamentaria.
A lo largo de más de medio centenar de folios, Afem argumenta que la
cesión a entidades privadas de la gestión de centros sanitarios públicos
«vulnera las normas constitucionales básicas sobre la seguridad social y
sobre la sanidad pública» por varias razones. Por ejemplo, porque
«rompe la unidad del régimen económico del aseguramiento de la
prestación sanitaria».
Así, la organización médica cree que «los hospitales públicos
seguirán teniendo un régimen económico presupuestario y cooperativo, en
el que no hay problema alguno para que los pacientes se remitan al
hospital más idóneo para atenderles, mientras que los hospitales
privados tendrán un régimen económico contractual y competitivo que les penalizaría si remiten a los pacientes de su zona a otro hospital».
También habla el informe de «apartheid sanitario», que
«discrimina a los pacientes por zonas». «Como la libertad de elección
no es plena, los pacientes de las poblaciones concesionadas tendrían
dificultades para acceder a la atención de los hospitales de otras
zonas».
El texto que será enviado a la Defensora refleja que la Comunidad de Madrid «no ha estudiado cómo optimizar sus propios recursos sanitarios,
ni la necesidad real de privatizar, ni los costes reales que
supondrían». Además, sostiene que el Gobierno regional «tampoco dispone
de los mecanismos de control para asegurar la calidad de la asistencia
sanitaria en los hospitales privatizados».
Aunque sería su intención, la Afem no puede presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la privatización de la sanidad madrileña. Eso es potestad del Defensor del Pueblo o de los partidos políticos.
Por eso la plataforma ha enviado el informe a todos los portavoces de Sanidad de los grupos con representación en
el Congreso de los Diputados. La idea es que tanto Soledad Becerril
como los partidos que se están oponiendo con fuerza a la
«externalización» de los hospitales y los centros de salud estudien un
posible recurso ante el Tribunal Constitucional.
Si finalmente ese paso se diera y el Alto Tribunal admitiera a trámite el recurso, podría darse la circunstancia de una suspensión cautelar o temporal de
los planes privatizadores de Madrid, algo similar a lo que ha ocurrido
con la propia Comunidad dirigida por Ignacio González y con Cataluña en
el asunto del euro por receta. Cuando el Constitucional admitió a
trámite el recurso del Gobierno central, ambas comunidades paralizaron
la aplicación de la medida.
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