El militar Reynaldo Benito Bignone, último dictador
de Argentina que en 1983 devolvió la Casa Rosada a un presidente
constitucional -Raúl Alfonsín-, recibió este martes su tercera condena a
perpetua por crímenes contra la Humanidad.
'El cura', así le llamaban sus camaradas de armas por su devoción a la Iglesia Católica, de 85 años, fue hallado culpable de secuestros, torturas, y desapariciones perpetrados en Campo de Mayo, la mayor base militar del país.
Allí funcionaron dos campos de concentración y una maternidad clandestina. Se calcula que pasaron camino a la muerte unos 4.000 guerrilleros y opositores políticos.
Ya en 2010 y 2012, Bignone había sido condenado a cadena perpetua por
otros hechos registrados en el mismo campo de la muerte. En total, la
Justicia argentina ya ha castigado a 388 represores.
Para Bignone "la lucha contra el terrorismo en los '60 y en los '70
se trató de una guerra contra integrantes de grupos subversivos que no
eran ni demasiado jóvenes ni idealistas. Su ideal era la toma del poder por la fuerza subversiva".
Además de al último dictador, el tribunal oral federal número 1 de San Martín impuso también prisión perpetua para los otros militares enjuiciados, Santiago Riveros, Luis Sadi Pepa, Eduardo Corrado y Carlos Macedra.
Guerra sucia
Además, condenaron a penas de 12 a 25 años de cárcel a los enjuiciados Carlos José Somoza, Hugo Castagno Monge, Julio San Román, Eugenio Guarañabens Perelló.
Al matrimonio formado por Carlos del Señor Hidalgo Garzón y María Francisca Morillo lo condenó a 15 y 12 años de prisión, por la apropiación ilegal María Catalina Sánchez Ovando, que nació en cautiverio en Campo de Mayo.
Su madre terminó desaparecida por la 'guerra sucia' y ella recién recuperó su verdadera identidad hace unos cuatro años.
En el juicio se ventiló la suerte corrida por siete mujeres que al momento de ser detenidas estaban embarazadas:
Isabel Acuña, Miryam Ovando, Susana Stritzler, Beatriz Recchia, Marta
Graciela Álvarez, Ana María Lanzilotto y María Eva Duarte.
La 'guerra sucia' de la dictadura argentina causó de 9.000 a 30.000 desaparecidos por motivos políticos, según recuentos públicos documentados y de organismos de Derechos Humanos, respectivamente.
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