La campaña de escraches
(llevar una protesta hasta el domicilio de la persona contra la que se
quiere protestar) que están realizando los activistas de La Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH)
ha recibido duras críticas por parte de distintos partidos, entre ellos
los dos mayoritarios, PSOE y PP. Hasta ahora los manifestantes han
protestado frente a la vivienda de la concejal del PP Ángeles Esteller;
la del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; la del jefe de
gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas; la de Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP, y la de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia.
Para la delegada del Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes, “no es tolerable que se usen métodos coactivos para
lograr una finalidad”. Cifuentes subraya que el derecho de
manifestación está garantizado en España pero que las movilizaciones “no
pueden significar que haya una coacción ni que se ejercite la
violencia”. Y destaca que “curiosamente” las protestas “siempre son
contra diputados del PP, no de otras formaciones”.
Ada Colau, portavoz de la PAH, explica por qué están centrando su
protesta en políticos del PP: “Al PSOE lo hemos criticado siempre y por
igual. Cuando este partido estaba en el Gobierno tumbó cinco de nuestras
propuestas. Pero ahora el PSOE ha dicho que va a votar a favor de la
ILP [Iniciativa Legislativa Popular], motivo por el cual no les estamos
interpelando”, explica. “A quienes vamos a seguir interpelando para que
reflexionen es a los del PP, que ya han dicho que van a votar en contra.
Nosotros vamos a mantener la campaña y vamos a pedir su voto allí donde
estén. Ahora que tanto se preocupan de su intimidad, ¿dónde está la
intimidad de las personas desahuciadas por una ley ilegal?”.
La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, estudia
emprender acciones legales contra la plataforma por presuntas
“coacciones” y “amenazas” a tres de sus diputados en el Congreso:
Concepción Veray, Ángeles Esteller y Antonio Gallego. Sánchez-Camacho no
estará sola, ya que la semana pasada varios diputados populares, entre
ellos González Pons, denunciaron el “acoso” sufrido ante sus domicilios.
A ellos se ha unido hoy la parlamentaria del PP por Asturias Carmen
Maniega, que ha acudido a la comisaría de Policía de Avilés después de
que la semana pasada fuera “perseguida” por las calles de Oviedo. La PAH
de Asturias niega haber coaccionado, acosado o insultado a la diputada.
El director de la Policía, Ignacio Cosidó, ha anunciado que tomará
“todas las medidas necesarias” para que ningún ciudadano ni cargo
político sufra agresiones durante protestas ante sus trabajos o
domicilios, pues eso “pervierte el sistema democrático”.
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