El expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán
no estuvo muy centrado en la negociación de la reforma laboral que
mantuvo con los principales sindicatos en 2010. Tales contactos no
llegaron a buen puerto y finalmente el Gobierno impuso la reforma
mediante decreto. Por entonces, Díaz Ferrán tenía depositada su mente en
la crisis que padecían sus empresas y en urdir la manera de evitar que
sus múltiples acreedores se quedaran con ellas. Los días 9 y 10 de junio
de 2010, Díaz Ferrán estaba en pleno fragor de la negociación y, a la
par, vendiendo (fingiendo que vendía) una de sus principales empresas
patrimoniales, Teinver, que entre otras firmas incluía la ya extinta
aerolínea Air Comet, por entonces sumida en un concurso de acreedores.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó la prisión preventiva para ambos el pasado 5 de diciembre,
horas después de que la policía les detuviese por delitos de
insolvencia punible y evasión de capitales, entre otros. De Cabo se
autovendía ante los trabajadores de las sociedades que simulaba comprar
como un salvador o reflotador de empresas en crisis. En realidad, a
juzgar por el sumario que instruye el juez Velasco, era el de aparentar.
Aparentar que era un comprador de buena fe y que, por tanto, él tenía
tanto o más derecho que los acreedores de buena fe para participar en el
reparto de los bienes objeto de concurso. Cuantos más bienes lograse
sacar del concurso de acreedores, más tendrían él y Díaz Ferrán para
repartírselo luego. En detrimento de los deudores de buena fe.
Díaz Ferrán conoce a De Cabo porque se lo presenta el clan los Ruiz Mateos,
que se enfrentaron a problemas similares con sus empresas de Nueva
Rumasa. Abocadas también al concurso de acreedores, los Ruiz Mateos
buscaron a De Cabo, y este se ofreció, para perpetrar las mismas
artimañas que luego hizo con Díaz Ferrán. El juez Velasco, en el auto en
el que ordena el ingreso en prisión eludible previo pagado de 30
millones de euros de Díaz Ferrán, ha sumado hasta 10.000 el reguero de
acreedores que ha dejado en la estacada el expresidente de los patronos
españoles. Además, la policía sospecha que Díaz Ferrán puede ocultar en
el extranjero unos 50 millones de euros, fuera del alcance de sus
deudores, trabajadores de firmas como Viajes Marsans y hosteleros que le
prestaron servicios turísticos impagados y que él sí cobró a los
clientes.
Que Díaz Ferrán no tenía depositada toda su mente en la negociación
de la reforma laboral lo acredita la citada escritura notarial, que denota un delito de insolvencia punible,
castigado con hasta cuatro años de cárcel. Ese 9 de junio de 2010 Díaz
Ferrán y su socio llevaron ante el notario, con el fingido comprador De
Cabo delante, un balance de la situación de Teinver. Según esas cuentas,
hechas por ellos, el patrimonio de Teinver ascendía a 682,123 millones
de euros. Sin embargo, el balance arroja que esta empresa tiene deudas
multimillonarias con un pasivo neto final de 149.212 millones.
De Cabo afirma ante el notario que conoce y asume todas las deudas de
la sociedad y que, aun así, las adquiere, incluidas las cargas y
gravámenes que pesen sobre ellas. En realidad, todo era un paripé. La
venta de Teinver se hace a una firma de De Cabo denominada Posibilitum,
inscrita en el Registro Mercantil de Valencia y domiciliada a efectos
fiscales en San Sebastián. Posibilitum es la empresa que adquirió en
esas fechas, por precios irrisorios, casi todo el patrimonio de Díaz
Ferrán y su socio Gonzalo Pascual. El objeto social de Teinver, según la
escritura notarial, era realizar “inversiones en acciones de compañías
privadas, nacionales o extranjeras, dedicadas a la prestación de
servicios turísticos”. Díaz Ferrán declaró al notario que el capital
social de la compañía en esa fecha era de 507.000 euros. Y destacó que
la firma estaba “al día respecto a deudas fiscales y con la seguridad
social” y que ni él ni su socio habían cometido “ninguna operación” que
pudiera considerarse “ficticia”. Ambos socios afirman que Teinver “no es
ni deudora ni acreedora por concepto alguno no reflejado en sus cuentas
expresadas en el balance”. En el balance que anexan, en letra pequeña,
refieren deudas superiores a 800 millones de euros. A los bancos dicen
deberles 201 millones; otros 300 a empresas de su mismo grupo; admiten
117 millones en “deudas a corto plazo”, y otros 162 a largo. Y en los
conceptos de “acreedores comerciales” y “otros acreedores” admiten
deudas por un total de otros 21 millones. Llama la atención que De cabo,
el fingido comprador, señale haber sido “puntualmente informado” de la
situación de Teinver y, muy especialmente, de que Air Comet se halla en
ese momento “en concurso de acreedores”. Y también asume que otras
firmas del conglomerado empresarial de Díaz Ferrán, como Hotetur Club y
Viajes Marsans, tengan sus acciones pignoradas.
Malabarismos y ocultamientos
Las fingidas compraventas ante notario de empresas del grupo del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán son las pruebas de que dispone el juez Eloy Velasco para imputarle, entre otros, el delito de alzamiento de bienes. A él y a su testaferro Ángel de Cabo. Son escrituras de compraventa fechadas entre los meses de junio y julio del año 2010, cuando una parte de los acreedores de Díaz Ferrán ya le reclamaban judicialmente el cobro de las deudas.El expresidente de la CEOE simula enajenar a De Cabo, por irrisorias cantidades, las grandes sociedades de su grupo empresarial, fraccionado. En esas fechas, coincidiendo con la negociación de la reforma laboral, las visitas de Díaz Ferrán al fedatario público son muy frecuentes. Y en ellas finge todo tipo de operaciones. Desde compraventas hasta reconocimientos de fuertes deudas con terceras personas (compinches suyos). Por ejemplo, dice que debe 26 millones de euros a una sociedad holandesa carente de actividad. La finalidad es siempre la misma: que los falsos deudores de mala fe pillasen tajada del reparto judicial de los bienes correspondientes a los acreedores auténticos. Díaz Ferrán y De cabo no muestran recato alguno ante el notario en hacer malabarismos jurídicos tendentes a esquivar bienes de las subastas, según la documentación aportada a la policía por una afamada agencia de detectives de Madrid. La fianza impuesta por el juez a De Cabo, por prestarse activamente a esos chanchullos, asciende a 50 millones de euros.
La documentación policial revela cómo De Cabo tramó con la familia Ruiz Mateos, en el caso de Nueva Rumasa, un reparto del patrimonio que aquél lograse salvar de los concursos de acreedores.
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