Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción
que se extienden por todo el territorio y que afectan sobre todo a las
comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad
Valenciana a la cabeza, seguidas de cerca por otras autonomías como
Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la
gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.
Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la
Administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.
También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño el pasado día 4 tras ser condenado a tres años de prisión por su gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja.
Hace pocas semanas dimitió también en la Comunidad Valenciana José
Manuel Vela como consejero de Hacienda por la presunta filtración de un
documento que había pedido el juzgado. Diversos ex altos cargos de la
Administración de Francisco Camps están implicados también en los
numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los que destacan
investigaciones tan importantes como la operación Gürtel o el caso Nóos.
Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el
seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman
casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos.
La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas,
imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la
corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato.
Entre las operaciones en marcha en las Islas Baleares destacan casos
como el que investiga las actividades presuntamente irregulares
cometidas a través del Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, o
el caso Over Marketing,
en el que está implicado el popular Pere Rotger, que recientemente
dimitió de su cargo como presidente del Parlamento autonómico aunque
mantiene el escaño.
Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos
meses es el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay
imputadas cerca de 70 personas entre ellas el exconsejero de Empleo de
la Junta Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los
exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, un exparlamentario
socialista o el exdelegado provincial de Empleo.
Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España
se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi
medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que
están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios
envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes
como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman
varias decenas de concejales también implicados en estos escándalos
locales.
La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos
de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de
influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la
adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos Pretoria o Mercurio,
abiertos en Cataluña, que investigan presuntas tramas de corrupción en
Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y Sabadell.
También en Galicia son numerosos los casos judiciales que afectan a
diversos municipios y que han llevado a la imputación a alrededor de una
docena de sus alcaldes; además de provocar la dimisión de otros
alcaldes como los de Santiago de Compostela, Gerardo Roa, que dejó el
cargo después de no haber declarado 291.000 euros en concepto de IVA de
la venta de unas viviendas de su promotora.
También concentran varios casos de corrupción los municipios de
Canarias, donde hasta una decena de regidores están imputados en
diferentes casos judiciales, además de varios que ya han dejado el
bastón de mando.
Hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder investigados judicialmente
Mientras, en la Comunidad de Madrid el caso de mayor corrupción abierto es Gürtel, que ha salpicado a cuatro alcaldes de la comunidad y tres exdiputados autonómicos.
También está imputado el exalcalde de Getafe y exalcalde de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.
Los escándalos de corrupción afectan además a numerosas localidades
como Camas (Sevilla), donde el exalcalde y dos concejales han sido
condenados a 14 meses de cárcel; Piélagos (Cantabria), Plasencia
(Cáceres), La Muela (Zaragoza), Cabrales (Asturias) o Águilas (Murcia).
La mayoría de estas operaciones están relacionadas con delitos
urbanísticos, aunque hay casos curiosos como el del municipio gallego de
Melón, con solo 1.400 habitantes y en el que la alcaldesa —que relevó
en el cargo a su marido inhabilitado— ha sido imputada por supuestamente
participar en la manipulación de una hoja de control de trabajos
comunitarios a un vecino que no los cumplía.
También en Galicia, el exalcalde de la localidad coruñesa de Santa
Comba fue inhabilitado para cargo público por conceder hasta 43
licencias de tablaos flamencos en el municipio para prolongar la hora de
cierre de los locales de hostelería.
También está el caso del municipio cántabro de Las Rozas de
Valdearroyo, en el que el alcalde nombró al inicio de la legislatura
actual como concejal del Medio Ambiente a Juan Carlos Lantarón Pérez,
condenado en febrero de 2006 a seis meses de cárcel y el pago de una
multa tras declararse culpable de un delito de incendio forestal.
También hay casos más llamativos, como el del concejal de Burgos que dimitió tras gastar 207.000 euros
en dos meses con el teléfono móvil del Ayuntamiento, o el del
Ayuntamiento de Torrevieja, en el que algunos ediles utilizaron sus
terminales para hacer llamadas a prostitutas o suscribirse a un canal
porno.
En algunos casos, la corrupción afecta al seno de los partidos
políticos, como es el caso de la ya extinguida formación Unió
Mallorquina, desaparecida después de que sus dirigentes, con Maria
Antonia Munar a la cabeza, estén relacionados con hasta nueve casos de
corrupción.
En Cataluña está abierto el caso Millet,
que estudia la presunta financiación irregular de CDC a través del
Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta centenaria
institución cultural barcelonesa. Además del expresidente de la
entidad, Fèlix Millet, y el exdirector financiero, Jordi Montull, están
imputados el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, y el exsecretario de
Comunicación y actual director de Comunicación del Ayuntamiento de
Barcelona, Mar Puig.
Dentro de los casos que están siendo investigados en España hay que
destacar los del Bankia y la CAM, en los que están imputados exmiembros
de sus consejo de administración que han ostentado cargos públicos,
entre ellos los exministros Rodrigo Rato y Ángel Acebes,
ex secretarios de Estado, exdiputados o exalcaldes. También está en
manos de la Audiencia Nacional investigaciones sobre el Banco de
Valencia, Novacaixa Galicia y Caja Castilla-La Mancha.
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