Izquierda Unida ha conseguido que un juez de Madrid investigue si son legales las identificaciones masivas de ciudadanos
que hizo la policía durante las protestas indignadas junto al Congreso.
El Juzgado de Instrucción número 18 ha admitido a trámite la querella
contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes,
por la que también se investigará si fueron legales las sanciones de
hasta 500 euros impuestas a decenas de ciudadanos por haber acudido a
las manifestaciones convocadas bajo el lema genérico de Rodea el
Congreso (las dos principales fueron el 25 de septiembre y el 23 de
octubre pasado).
La federación de izquierdas ha hecho público un comunicado en el que
subraya la admisión a trámite de la querella contra Cifuentes por los
supuestos delitos de falsedad documental, contra la Administración
Pública y el cometido contra la Constitución por autoridad o funcionario
público contra los derechos individuales.
La acción judicial ha sido impulsada por los diputados de IU Alberto
Garzón y Ricardo Sixto para "dar respuesta a las identificaciones
indiscriminadas y a las duras e injustas sanciones impuestas a varios
centenares de personas” que participaron "e, incluso, no llegaron a
hacerlo, en las protestas convocadas hace un par de meses a través de
las redes sociales en las inmediaciones del Congreso", se asegura en la
nota.
El comunicado asegura que la delegada del Gobierno anunció al día
siguiente de la principal de las protestas, la del 25-S, que la Policía
había identificado a cerca de 300 personas, a muchas de las cuales
posteriormente se les notificaron sanciones por asistir a una “protesta
ilegal”, escribe IU, de hasta 500 euros.
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