La Unión Europea no tiene mecanismos jurídicos para presionar a Argentina si incumple sus compromisos en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio, como el caso de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol.
La Comisión Europea se ha puesto en contacto con un miembro del gabinete de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, para expresarle su preocupación por los planes del Gobierno, informa Javier G. Gallego.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de cooperación, José Manuel García-Margallo, ha hecho una "llamada al sentido común" tras contactar con los Ejecutivos de Estados Unidos, México, que actualmente ejerce la presidencia del G-20, y Colombia.
Si bien con el Tratado de Lisboa la Comisión Europea adquirió en principio competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros, todavía no existes instrumentos legales. "La Unión Europea no tiene actualmente ningún instrumento legal que invocar a este respecto frente a Argentina", indicaron fuentes de la Comisión Europea.
Las citadas fuentes recordaron que el marco jurídico que se aplica en este caso es el tratado de protección de la inversión bilateral entre España y Argentina.
"Legalmente se trata de un asunto bilateral y no hay un papel con base legal para la Unión Europea en relación con Argentina o cualquier otro mecanismo de arbitraje internacional bajo el BIT", señalaron.
Precisamente, a la luz del Tratado de Lisboa y a fin de reforzar la defensa de las inversiones europeas en otros países, Bruselas propuso en julio de 2010 una nueva legislación que actualmente tramita junto a los Estados miembros y el Parlamento Europeo.
En concreto, esa normativa introducirá un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros y la Comisión cuando uno de los Veintisiete se enfrente a "medidas inconsistentes" por parte del país con el que tenga firmado el BIT.
El Estado miembro podría informar a la Comisión y, de forma conjunta, colaborar y poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar una "defensa eficaz" de las inversiones europeas, que podrían incluir la participación del Ejecutivo comunitario en el procedimiento, explicaron las fuentes.
Asimismo, recordaron que el acuerdo marco de comercio y cooperación económica de 1991 entre la Comunidad Económica Europea y Argentina permite la cooperación y acciones conjuntas pero no otorga a la Unión Europea la posibilidad de emprender acciones contra el país suramericano en asuntos comerciales o relacionados con las inversiones.
Por lo que se refiere al marco que ofrece la Organización Mundial del Comercio (OMC), indicaron que este organismo "no cubre asuntos de protección de las inversiones y no existen compromisos en la OMC de Argentina en relación a ello", por lo que la UE "no tiene posibilidad de reaccionar sobre la base de compromisos legales multilaterales o bilaterales" en Ginebra.
En cualquier caso, las fuentes aseguraron que "nos ocuparemos del asunto y expresaremos nuestra preocupación sobre el impacto negativo que puede tener en los intereses económicos y comerciales de la UE, y en las relaciones bilaterales", durante la reunión del comité conjunto UE-Argentina que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de abril en Buenos Aires.
Recordaron que, antes de la aprobación del Tratado de Lisboa, la Comisión Europea ya ejerció con éxito presión diplomática a Argentina para que desestimara su intención de aprobar una ley sobre servicios públicos que muchos Estados miembros consideraban perjudicial para sus inversiones en el país.
No obstante, las citadas fuentes insistieron en que la UE "está dispuesta a apoyar a España en este proceso, y a cooperar con España y abordar este asunto con las autoridades a nivel político".
El portavoz comunitario Olivier Bailly dejó claro que Bruselas "está del lado de España" ante los planes del Gobierno argentino de nacionalizar una parte la petrolera y tomar el control de la compañía.
Confirmó, además, que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ya ha enviado un mensaje a la oficina de Cristina Fernández a través de la delegación de la Comisión en Buenos Aires en el que mostró su preocupación y pidió respeto a los compromisos del país con las inversiones extranjeras.
Bailly negó, sin embargo, que Barroso haya llamado personalmente a la presidenta argentina, como han difundido varios medios.
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