La advertencia hecha por el rey Juan Carlos, en el sentido de que la estatización de YPF obligaría a España a recomendar que Argentina sea expulsada del G-20, no causó la menor impresión en las autoridades del país sudamericano. La guerra de desgaste iniciada por el gobierno de Cristina Kirchner para que Repsol se retire de la empresa hispano-argentina, sigue su curso.
Pero en vez de actuar directamente, la Casa Rosada lo hace por medio de los gobernadores de las provincias que poseen hidrocarburos. Después de las sanciones aplicadas por Chubut y Mendoza, ahora son las provincias de Mendoza y de Neuquén las que planean quitarle concesiones a YPF, que controla el 75% de la producción de petróleo y gas en Argentina. La provincia de La Pampa seguiría el mismo camino. Su gobernador, Oscar Jorge exigió a todas las petroleras que operan en su territorio, que aumenten en un 15% su producción. No hace falta ser un clarividente para adivinar que a fin de cuentas, la idea del gobernador es privar a YPF de parte de sus concesiones en esa región.
Tomado en su conjunto, el objetivo es que una vez despojada de parte sustancial de los yacimientos que explota, la empresa que dirige Antonio Brufau no tenga más remedio que retirarse de la sociedad que formó en el 2007 con el grupo argentino Petersen.
El lunes próximo vence el plazo que estableció el gobernador mendocino, Francisco Pérez, para que YPF rinda cuentas acerca de sus inversiones en la provincia. Si la respuesta no es satisfactoria –lo más probable es que no lo sea- , al día siguiente la petrolera perdería sus concesiones en los yacimientos de Ceferino y de Cerro Mollar Norte.
El martes sería un día negro para YPF pues ese día también vence el ultimátum dictado por el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag.
Haciendo el balance, las medidas de fuerza adoptadas por las autoridades provinciales, a instancias del gobierno nacional, implicarían un descenso del 13% en la producción de petróleo y otro tanto en la producción de gas, que competen a YPF.
La campaña de acoso y derribo se lleva a cabo bajo la bandera de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), que agrupa a los mencionados gobernadores. Pero el promotor de las decisiones es Julio De Vido, ministro de Planificación y hombre de confianza de Cristina Kirchner. Su actuación se hizo plenamente visible el jueves, luego de que los sindicatos del sector energético cuestionaran la táctica de los gobernadores, avalada por la Casa Rosada.
"Es hora de que entiendan (los gobernadores) que YPF no es una presa a la que hay que descuartizar" manifestó el sindicalista Antonio Cassia. La respuesta de Julio De Vido fue tajante: "El peor descuartizamiento de YPF es el vaciamiento por falta de inversiones. Desde el 2003 la producción de gas cayó más de un 40% y la de petróleo en un 36%. A pesar de esos resultados YPF decide no reinvertir las utilidades en el país y demora las ampliaciones o la construcción de nuevas refinerías", sentenció el ministro de Planificación. Por si aún quedaban dudas acerca del papel que desempeña el gobierno en la embestida a la petrolera en cuestión, De Vido subrayó que las medidas dispuestas por las provincias tienen carácter nacional.
En cuanto a la intervención del rey Juan Carlos, según Marcelo Bonelli, analista de Clarín, el monarca mantuvo dos conversaciones telefónicas con Cristina Kirchner.
En la primera de esas comunicaciones pidió moderación a su interlocutora, puesto que los ataques a YPF hacen tambalear la Bolsa de Madrid, en momentos difíciles para las finanzas de España. En la segunda el rey habría sido más categórico, al advertir que cualquier ruptura de acuerdos con la petrolera, obligaría a España a pedir la expulsión de Argentina del grupo de los 20.
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