Durante gran parte de la historia de la humanidad, las concepciones religiosas han regulado la vida social y política de los seres humanos, en muchas ocasiones de forma errónea, Uruguay no escapa a esa realidad pese a la separación de la Iglesia del Estado.
Existe una influencia casi imperceptible de conceptos religiosos en temas sensibles y profundos.
Para la laicidad es esencial que haya un límite del Espacio público donde se desarrolla nuestra vida política, social, laboral y las Instituciones y Servicios públicos en su conjunto, que separe este ámbito del Privado que contiene las creencias de individuos y comunidades. Dicho ámbito público no puede ser acaparado, ni participado ni puede hacer uso de él un particular o una Institución por su propia cuenta.
En esa esfera política judicial en que nos movemos es que se nos define como sujeto de derecho y esta especificidad que se nos brinda no tiene nada que ver con raza, cultura, creencia o nivel económico. Ese espacio público es de todos y para todos y al sufrir injerencias de particulares supone una total discriminación al resto.
En la Constitución de la República se establece en el Art.5 que “todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna…” y en el Art.7 dice. “Los habitantes de la República tiene derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”. En el Art.8 expresa: “Todas las personas son iguales ante la Ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos y las virtudes”… o sea que la laicidad implica el respeto y la tolerancia sobre todas las creencias, ya sea religiosas o políticas, sobre las diferentes razas, géneros, etc.
En ocasiones la esfera de lo privado, ese ámbito donde se expresan las convicciones metafísicas, filosóficas, prácticas religiosas, creencias, tradiciones, rituales con total libertad absoluta de conciencia se dice “discriminado” del ambiente público. La Iglesia Católica en particular lo ha manifestado en varias ocasiones, y la religión como cualquier convicción, es algo privado que se puede expresar públicamente, sin censura, en lugares públicos pero como particulares, sin derechos distintos ni privilegios de ningún tipo.
El Estado se coloca en una actitud neutral hacia las distintas religiones y, de esa forma colabora positivamente con ellas teniendo el cuidado de no hacer despliegue de favoritismos sobre ninguna de ellas en particular, hecho que no siempre es así. Debemos reconocer que las posturas filosóficas y religiosas influyen absolutamente en las políticas de Estado desde el momento mismo en que estas están diseñadas por personas; recordaremos las declaraciones del Dr. Tabaré Vázquez cuando dijo públicamente que si la Ley de la Despenalización del Aborto era aprobada en las Cámaras él la vetaría y de hecho así lo hizo argumentando razones éticas y de conciencia, desconociendo a la amplia mayoría de la población (61%) representada a través de los parlamentarios.
El 27 de diciembre del año pasado Mundo Afro y otras instituciones hicieron una solicitud al MEC para que la Fiesta de Yemanjá fuera declarada Patrimonio Nacional con miras a integrar la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial, después de muchas idas y venidas y a un año de la solicitud se les contesta que no se concede por un tema de laicidad.
El 25 de mayo pasado salen notas en la prensa comunicando a la población que a pedido del Ministerio de Turismo y la Intendencia de Florida podrían declarar la Fiesta de San Cono Patrimonio Histórico, hecho que pone de manifiesto las irregularidades de concepto de un mismo Poder Ejecutivo. También recordarán la problemática sobre la aplicación de la Ley de Educación Sexual en la Mutualista Círculo Católico trabadas por la Arquidiócesis de Montevideo y más concretamente por
La opinión de Monseñor Cotugno el cual ya ha tenido rispideces anteriormente con temas sumamente complejos emitiendo opiniones que van en contra de nuestro pensamiento no dogmático. También cabe destacar las reuniones que un grupo de políticos realizaba en las Instalaciones del Estado para tratar temas religiosos.
Cuando un Papa o cualquier otro dirigente religioso como podría ser el de la Secta Moon han visitado el país, hecho que debería mantenerse en el ámbito privado, por supuesto que con libre pasaje en los espacios públicos para manifestar sus distintos actos, acaba por lo general teniendo consideraciones de viaje de Estado implicando medios y fondos públicos que son del Estado y pagamos todos.
Estamos convencidos que mediante el debate y la reflexión, podemos encontrar en ese horizonte común de la laicidad como sustrato y garantía de la plenitud en el ejercicio de todos los derechos ciudadanos, permitiendo desarrollar libremente, fraternamente y en paz la convivencia ciudadana en ámbitos donde cada cual pueda desenvolverse sin la presencia de dogmas que lo censuren o lo constriñan, reivindicando nuestro derecho a dudar, a mantener las cosas claras, a tener la lucidez que hay más de una opción, a debatir y a crear así nuestro propio camino.
Nuestro país está conformado por varias razas, en su mayoría de extracción humilde, escapando de guerras, epidemias y persecuciones de distinta índole; conformamos lo que nos enorgullece como nación, nuestro espíritu tolerante y a nuestro criterio así deberíamos mantenernos.
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