Bogotá, 30 ene (PL) El exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, aseguró que su organización recibió apoyo de la policía secreta para espiar a magistrados y periodistas.
Las afirmaciones del extraditado cabecilla paramilitar fueron vertidas desde Estados Unidos, donde está recluido en una prisión, a autoridades de ese país y la nación suramericana y recogidas por la prensa local.
Según las explosivas declaraciones de Don Berna, el controvertido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) le dio equipos para escucha ilegales y las grabaciones eran entregadas a altos funcionarios del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010)
Entre esos funcionarios el exjefe paramilitar mencionó a los secretarios de la Presidencia de la época Edmundo del Castillo y Bernardo Moreno, el último detenido como parte del proceso que se adelanta aquí por escuchas ilegales.
A su vez, Don Berna aseguró que el DAS siempre fue muy cercano a las AUC, organización bajo su mando que -afirmó- ayudó al gobierno de Uribe a espiar a magistrados, periodistas, opositores y activistas de derechos humanos.
El exjefe paramilitar, extraditado a Estados Unidos en 2008, también precisó que los resultados de esos seguimientos eran incluso llevados directamente hasta la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo), donde se sostuvieron varias reuniones entre paramilitares y funcionarios.
Precisó que en esos encuentros participó Marta Leal por el DAS, quien tenía la responsabilidad de dar las instrucciones para la colaboración.
Hasta ahora, las evidencias, confesiones y testimonios demostraron cómo la policía secreta tenía entre sus principales objetivos desacreditar y atacar a ciudadanos de relevancia nacional.
Si bien desde 2009, cuando se desató el que se considera el peor escándalo en la historia institucional colombiana, ya se mencionaba la activa participación en los hechos de altos funcionarios ligados a la administración de Uribe, presunción que se compromó por primera vez desde 2010.
El escándalo puso en entredicho ante la opinión pública nacional e internacional la credibilidad del Estado colombiano, pues el organismo de inteligencia, actualmente en proceso de extinción, está subordinado directamente a la Presidencia.
Las afirmaciones del extraditado cabecilla paramilitar fueron vertidas desde Estados Unidos, donde está recluido en una prisión, a autoridades de ese país y la nación suramericana y recogidas por la prensa local.
Según las explosivas declaraciones de Don Berna, el controvertido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) le dio equipos para escucha ilegales y las grabaciones eran entregadas a altos funcionarios del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010)
Entre esos funcionarios el exjefe paramilitar mencionó a los secretarios de la Presidencia de la época Edmundo del Castillo y Bernardo Moreno, el último detenido como parte del proceso que se adelanta aquí por escuchas ilegales.
A su vez, Don Berna aseguró que el DAS siempre fue muy cercano a las AUC, organización bajo su mando que -afirmó- ayudó al gobierno de Uribe a espiar a magistrados, periodistas, opositores y activistas de derechos humanos.
El exjefe paramilitar, extraditado a Estados Unidos en 2008, también precisó que los resultados de esos seguimientos eran incluso llevados directamente hasta la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo), donde se sostuvieron varias reuniones entre paramilitares y funcionarios.
Precisó que en esos encuentros participó Marta Leal por el DAS, quien tenía la responsabilidad de dar las instrucciones para la colaboración.
Hasta ahora, las evidencias, confesiones y testimonios demostraron cómo la policía secreta tenía entre sus principales objetivos desacreditar y atacar a ciudadanos de relevancia nacional.
Si bien desde 2009, cuando se desató el que se considera el peor escándalo en la historia institucional colombiana, ya se mencionaba la activa participación en los hechos de altos funcionarios ligados a la administración de Uribe, presunción que se compromó por primera vez desde 2010.
El escándalo puso en entredicho ante la opinión pública nacional e internacional la credibilidad del Estado colombiano, pues el organismo de inteligencia, actualmente en proceso de extinción, está subordinado directamente a la Presidencia.
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