Reflexiones de Fidel Castro: La fruta que no cayó
Turquía eleva el tono de sus amenazas a Francia por la ley sobre el genocidio armenio
A pesar de los esfuerzos de la diplomacia turca, las amenazas por parte de Ankara y la presión en las calles de Turquía, el Senado francés ha seguido adelante y ayer aprobó la ley que criminaliza la negación del genocidio armenio y que entrará en vigor dentro de dos semanas. Según la nueva legislación, aquel que niegue que la matanza de armenios en 1915 a manos del Imperio Otomano fue un genocidio, será penado con un año de cárcel o una multa de 45.000 euros. Para los franceses se trata de una ley contra el negacionismo. Para los turcos es un ataque directo a su país y una injerencia en su historia, que según la versión oficial, niega que las matanzas fueran organizadas sino fruto de una confrontación en el marco de la I Guerra Mundial.
A las pocas horas de aprobarse la ley, han comenzado las muestras de rechazos por parte de los políticos turcos. La primera ha sido la de el líder del partido nacionalista MHP, Devlet Bahçeli, que esta mañana durante la reunión de su grupo político ha asegurado que “Turquía nunca olvidará esta arrogancia”. Pero la más dura sin duda ha sido la del Primer Ministro Turco, Reccep Tayyip Erdogan, que en su alocución en el Parlamento ha acusado a Francia de llevar a cabo “un golpe de Estado contra la libertad de pensamiento”.
“Esta ley marca el renacimiento de una mentalidad medieval que pisotea los valores europeos” ha dicho Erdogan durante su discurso, quien calificó la ley de "discriminatoria y racista". Sin embargo, contra todo pronóstico, ha llamado también a la calma. “Todavía estamos en el tiempo de paciencia. Daremos los pasos adecuados de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos” declaró. Aun así ha advertido que “las sanciones tendrán lugar paso a paso”.
Desde la aprobación anoche de la ley, se han sucedido las llamadas al diálogo por parte del Gobierno francés. En este sentido el jefe de la diplomacia francesa, Alain Juppé, ha instado a Ankara a mantener la “sangre fría”. En declaraciones al Canal+, Juppé ha asegurado que Francia “necesita a Turquía y Turquía a Francia” por lo que “el realismo de impondrá a la pasión” .
Ayer Ankara advertía que tenía preparado un nuevo paquete de sanciones “más duras y permanentes” si el Senado pasaba la ley. Turquía ya canceló hace un mes las actividades de política bilateral, el permiso genérico anual para los vuelos militares franceses. En la misma línea, ha impuesto la obligación para cada vuelo de una licencia específica para aterrizar en territorio turco y ha retirado el permiso a los navíos francesas para atracar en el país.
Este primer paquete de medidas, aprobado cuando la ley pasó su primer escollo en la Asamblea Nacional Francesa, se vio acompañado por una serie de iniciativas populares por parte de los turcos de a pie; varios restaurantes de Estambul llevan semanas rechazando los cheques de comida de las empresas francesas. Algunos turcos han declarado un boicot a los productos franceses y a los supermercados como Carrefour. Ningún comerciante francés esconde su preocupación de que la decisión pueda perjudicar gravemente el comercio entre ambos países, que el año pasado ascendió a 13.500 millones de euros. Por su parte, la televisión turca ha anunciado que rescindirá su contrato con Euronews y dejará de emitir la programación de esta cadena con sede en Lyon.
“Al igual que la amistad con Turquía es un gran título, su enemistad también es un gran título” ha advertido Erdogan. De momento, ha asegurado que mantiene su promesa hecha ayer de no volver a pisar Francia. Más allá de un acto simbólico de protesta, viajar a Francia podría traer problemas a los políticos turcos, ya que la versión oficial del país es que no hubo un genocidio, sino una matanza, y que el número de muertes no ascendieron al millón y medio, como defiende la diáspora armenia, sino 300.000 mil y que hubo un número igual de bajas turcas. Con la nueva ley, un afirmación tal en tierras galas pondría en marcha el mecanismo penal que ayer se aprobó en el Senado.
Pero la mayor preocupación del Estado turco es que el reconocimiento oficial del término “genocidio” le obligue a establecer compensaciones, económicas e incluso territoriales, a los supervivientes. La ley francesa podría producir un efecto de contagio en otros países con abundante población armenia como Alemania que, esta semana sugirió que podría llegar a implantar una medida similar a la francesa. De momento tan solo tres países, Suiza, Argentina y Uruguay poseen leyes que castigan el negacionismo de los genocidios, incluido en armenio. Por su parte, 20 países y 42 estados de EEUU, reconocen la matanza de armenios como un genocidio. España no está entre ellos.
El Big Ben se inclina como la torre de Pisa

El Big Ben ha comenzado a escorarse peligrosamente, igual que lo hizo en su día la torre de Pisa. La mítica torre del reloj, que el mundo asocia con la quintaesencia de Londres, comenzó a caer hace muchos años hacia el noroeste. Hoy está tan ladeada que se aprecia a simple vista. Si uno observa el reloj en dirección al río Támesis notará una ligera inclinación hacia la izquierda. Medidas recientes indican que la torre está torcida 0,26 grados, lo que significa que la parte alta está desplazada 43, 5 centímetros con respecto a la perpendicular.
Hace meses que esta imagen de un Big Ben defectuoso se repite en los periódicos británicos, extendiendo cierta sensación de inquietud sobre el futuro del complejo, que alberga las dos cámaras del parlamento británico. No fue hasta ayer que el Parlamento Británico decidió crear una comisión especial para tomar cartas en el asunto. Una serie de exámenes arquitectónicos sentarán las bases para decidir cómo abordar el problema y, sobre todo, para descubrir hasta qué punto el sigiloso pero constante movimiento de la torre compromete la seguridad de los parlamentarios. “Este es el principio de un proceso muy largo. Los exámenes pueden alargarse entre 15 y 20 años”.
La preocupación no se centra sólo en el Big Ben sino en todo el complejo que compone el Palacio de Westminister, cuyos cimientos comienzan a hundirse hacia el río Támesis. Pese a las palabras tranquilizadoras de la comisión, varios diarios británicos aseguran que el nuevo grupo parlamentario discutirá el informe de un perito que recomienda el traslado del gobierno a otro edificio mientras se efectúa una reforma que costará hasta 1.000 millones de libras. (1.200 millones de euros).
El diario Daily Telegraph ha asegurado incluso que existe una propuesta para vender el edificio a promotores inmobiliarios rusos o chinos por unos 500 millones de libras (600 millones de euros). Esgrime como razón para tan impopular iniciativa que el Gobierno británico no puede permitirse en estos momentos una reparación tan costosa.
Un portavoz de la comisión ha salido al paso de estas publicaciones y ha dicho que no existe tal informe y que sus miembros sólo se reúnen para discutir el establecimiento de un grupo que estudie una “renovación general a largo plazo del edificio”. “Creo que se llegó a la conclusión errada de que le vamos a vender a los rusos el edificio pero la comisión no ha hablado de nada por el estilo”, ha asegurado.
Algunas de las partes del edificio se remontan al siglo XI y la torre del reloj, de 96 metros de altura y 13 toneladas de peso, fue terminada en 1859. Una investigación oficial, cuyas conclusiones se publicaron en 2010, estimó que la inclinación del Big Ben se acentuó entre noviembre de 2002 y agosto de 2003 por razones desconocidas, y aumenta anualmente de 0,9 mm. La cadena BBC ha apuntado que la construcción del metro y de un aparcamiento de 5 plantas bajo el edificio podrían haber contribuido al agravamiento del problema. La mítica torre del reloj podría acabar cayendo pero, según los ingenieros de la investigación publicada en 2010, aún no hay motivos para la alarmar. A este ritmo pasarían unos 4.000 años hasta alcanzar una inclinación tan exagerada como la de la torre de Pisa.
Los médicos del CIE descartaron nueve veces la gravedad de la interna fallecida
La congoleña Samba Martine falleció a los 41 años en el hospital 12 de Octubre de Madrid el pasado 19 de diciembre. Ocurrió sobre las siete y media de la tarde. A la una, solo seis horas y media antes, había ingresado en ese hospital, al que había sido trasladada desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), en el que estaba internada para ser expulsada del país. Martine llevaba desde el 12 de noviembre, más de un mes, encerrada en el centro y, desde el primer día, se había quejado de distintas dolencias, como acredita el informe del servicio médico del CIE, elaborado tras su fallecimiento, que refiere hasta 10 visitas de la mujer precisando asistencia.
Los síntomas que constan en el escueto primer informe, de apenas folio y medio, son generales: cefaleas, estreñimiento, gases, dificultad para dormir, dolor de garganta, un cuadro catarral leve con el que ingresó en el CIE... En el informe solo consta que en una de estas visitas, llevada a cabo el 14 de diciembre, estuvo acompañada de intérprete. Sobre las otras nueve no se dice nada. Y, según la documentación policial sobre Martine, esta no hablaba español.
Los últimos días antes de fallecer acudió en tres ocasiones quejándose de dolor de cabeza. Finalmente, el día 19, una agente de policía la vio en el comedor, se dio cuenta de que se encontraba mal y la acompañó al consultorio médico del centro —un servicio externalizado en manos de la empresa Servimedes—, según relató después la propia agente. La mujer estaba hiperventilando. La trataron con diazepan, oxigenoterapia y metamizol y, “en vista de que no mejoraba la hiperventilación”, la remitieron al hospital 12 de Octubre a las 12 de la mañana”. Fue trasladada en un coche de la policía y no en una ambulancia.
La coordinadora de la Cruz Roja que trabaja en el CIE ha relatado después a la policía que sabía que la mujer “estaba enferma desde hacía tres semanas”, que la vio en una camilla del servicio médico, que no le pareció “oportuno” el traslado en un coche policial y que “tendría que haber sido trasladada en ambulancia”.
Los propios policías del CIE, según el relato de la coordinadora de la ONG, debieron ver mal a la mujer, porque preguntaron a la enfermera si Martine se encontraba en situación de ir en un vehículo no acondicionado para el traslado de enfermos y si no sería mejor pedir una ambulancia. La enfermera contestó que no presentaba síntomas tan graves. Los agentes insistieron, preocupados por quién sería el responsable si a la interna le sucedía algo durante el traslado. La enfermera respondió que no se preocuparan, que Martine no se encontraba “tan mal, ya que había subido por su propio pie al servicio médico”, según consta en las declaraciones de la coordinadora de Cruz Roja, que afirma, sin embargo, que la mujer hiperventilaba continuamente. Cuando fue ingresada en el hospital, según el informe del 12 de Octubre, padecía “insuficiencia respiratoria, bajo nivel de consciencia, hipoglucemia severa y acidosis metabólica”. Horas más tarde falleció.
Tras la muerte, la hipótesis que manejó en un principio el hospital fue la de la meningitis, por lo que se trató a los policías, trabajadores e internos del CIE para prevenir el contagio. Después, el hospital cambió el diagnóstico al de “neumonía neumocócica”, y más tarde se señaló que la muerte podría haber sido provocada por una infección derivada del VIH —Martine era seropositiva—.
La autopsia, que no ha llegado a una conclusión definitiva, no habla de meningitis. El informe del 20 de diciembre de 2011 del Instituto Anatómico Forense señala que la causa de la muerte podría estar en el riñón; que podría tratarse de “una nefritis intersticial que evolucionó a un cuadro de septicemia con posterior shock séptico y muerte por parada cardiorrespiratoria”. La forense recogió sangre y contenido gástrico para realizar un estudio toxicológico y tomó muestras de tejido para llevar a cabo pruebas adicionales. El resultado definitivo aún no ha llegado al juzgado.
La muerte de Martine está siendo investigada por el juzgado 38 de Madrid por si los hechos pudieran constituir un delito de negligencia médica. Pero, además, los tres jueces que ejercen de forma rotatoria el control sobre el CIE también se han interesado por el caso. Uno de ellos, el titular del número 6, Ramiro García de Dios, requirió “de forma urgente” a la doctora jefa del centro el pasado 16 de enero para que le informara sobre los médicos que asistieron a Martine en cada una de las 10 visitas; sobre los medios técnicos de los que dispone el CIE para realizar las exploraciones; sobre los concretos medios técnicos que se utilizaron en el caso de la congoleña; y cómo se entendieron con ella los días en los que no consta que hubiera intérprete.
La doctora ya ha respondido. En ocho de las visitas, Samba Martine fue atendida por médicos, y en dos —una de ellas la del día anterior a su fallecimiento—, por una enfermera. No se especifican en cada caso los medios técnicos que se utilizaron en los diagnósticos. Y, sobre la cuestión del idioma, la doctora jefa del servicio, María de los Ángeles de Andrés Ventosa, señala que “la comunicación con doña Samba Martine se realizaba con mediación de Cruz Roja en unas ocasiones, a través de una compañera en otras, y en alguna ocasión mediante el poco francés que se habla en la consulta y el lenguaje no verbal”. Algunas ONG se plantean personarse en el procedimiento para seguir de cerca la investigación del caso.
De Congo a Melilla y Madrid
Samba Martine había llegado a España el pasado verano, procedente de la República Democrática del Congo. Desde Marruecos pasó a Melilla ilegalmente, y el 25 de agosto se presentó en dependencias policiales para incorporarse al colectivo de inmigrantes irregulares. Aseguró que había salido de su país de origen por la situación política y que tenía intención de solicitar asilo. Sin embargo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señala que su equipo de Melilla no llegó a asistirla y no hay constancia de ninguna petición de asilo. En los datos policiales figura como natural de Brazzaville (República de Congo), pero en realidad, como se ha sabido tras su muerte, procedía de la República Democrática del Congo, cuya capital es Kinshasa.
La resolución que decretaba la expulsión de la mujer, firmada por el entonces delegado del Gobierno de Melilla, tiene fecha de 25 de octubre de 2011. Fue detenida el 8 de noviembre para ser expulsada. Solo llevaba una cartera, 8,55 euros, un cinturón y un teléfono móvil.
Fuentes policiales aseguran que por lo general no se suele llevar al CIE a los inmigrantes a los que se detiene sin papeles por primera vez, sino que el recurso se utiliza para personas con antecedentes policiales, condenados o aquellos a quienes ya se ha detenido con anterioridad sin documentación. Pero esta supuesta regla no escrita, según señalan fuentes del Defensor del Pueblo, se salta habitualmente para enviar a los CIE de la península a los inmigrantes que pueblan los saturados CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, donde no están privados de libertad, y que tienen un carácter más asistencial) de Ceuta y Melilla. Cuando se llenan, se envía a inmigrantes sin papeles a los CIE incluso sin saber si podrán o no ser expulsados, señalan estas fuentes. Así ocurrió en el caso de Samba Martine por decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.
Rusia quiere pisar la Luna
Rusia pretende enviar cosmonautas a la Luna tras llevar a cabo varias misiones no tripuladas, e incluso podría establecer una base permanente en el satélite natural de la Tierra. Así lo ha anunciado el director general del consorcio aeroespacial Lávochkin, Víctor Jártov.
"Existe en el mundo un renacimiento del interés hacia la Luna. También Rusia tiene proyectos en este sentido. Se han elegido los lugares para el aterrizaje de las dos primeras misiones, los polos norte y sur" del satélite, dijo Jártov, citado por la agencia Interfax.
Las dos primeras misiones no pilotadas -'Luna Resurs' y 'Luna Glob'- son la repetición de los pasos que ya se dieron en el pasado, en tiempos de la Unión Soviética, pero las experiencias adquiridas entonces se han perdido y deben ser recuperadas, explicó el también constructor general del consorcio.
El proyecto 'Luna-Resurs' se realizará conjuntamente con la India, que aportará a la misión el cohete portador y el vehículo lunar que será depositado en la superficie de la Luna por un módulo de descenso fabricado por Rusia.
'Luna-Glob', de autoría exclusivamente rusa, prevé el lanzamiento y aterrizaje de un aparato que una vez sobre el terreno, recogerá muestras de polvo lunar, al igual que la tercera misión, 'Luna-Grunt', que a diferencia de su predecesora "recogerá muestras de tierra lunar de manera selectiva", según el científico ruso.
Concluidas todas las misiones no pilotadas, la industria aeroespacial rusa iniciará los preparativos para enviar una nave tripulada al satélite.
"Para ello hay que preparar primero la infraestructura. El tiempo de las visitas ha pasado", dijo Jártov en alusión a la misión norteamericana de 1969, que agregó que "hay que volar y cumplir allí funciones concretas".
En este sentido, Jártov incluso planteó la posibilidad de establecer una base permanente en la Luna, y anunció que Rusia ha iniciado converaciones con la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) para explorar esta posibilidad.
Argentina podría declarar un bloqueo aéreo sobre las Malvinas
Gran parte de los insumos médicos, de los libros de texto, del turismo y de la tecnología que reciben los habitantes de Malvinas, llega a bordo de los aviones de LAN. Pero los vuelos semanales de la compañía chilena a ese destino, significan algo más que una vía de abastecimiento. Gracias a ellos, los kelpers, como se denominan los pobladores del remoto archipiélago, se sienten vinculados al resto del mundo. De ahí que las autoridades en Puerto Stanley estén alarmadas por la posibilidad de que Argentina declare un bloqueo aéreo sobre las islas.
En su afán de obligar a Gran Bretaña a negociar la soberanía de Malvinas, el gobierno de Cristina Kirchner logró convencer a los países miembros del Mercosur de cerrar sus puertos a barcos con bandera kelper. Las naves que portan el estandarte de la Union Jack, con una oveja al lado derecho y el lema de "Desire de Right" (Desea lo Justo), no pueden atracar en los muelles de Brasil, Chile o Uruguay. En los próximos días, Perú podría sumarse al boicot. A juicio de la diplomacia argentina, las últimas declaraciones de David Cameron, en las que acusó al país gaucho de ser un estado colonialista, demuestran que la estrategia del boicot es acertada, ya que logró sacudir al primer ministro británico de su indiferencia.
No obstante su dureza, el efecto de esa medida, puede diluirse con el tiempo. Por ello, la última carta que se jugarían los argentinos, si el gobierno de Su Majestad no se sienta a la mesa de negociaciones, sería la de cortar los vuelos hacia el territorio en disputa. Según informa el diario 'Perfil, en la Cancillería hay reuniones reservadas y en todos los niveles, para discutir el tema del bloqueo aéreo.
Quienes participaron el jueves pasado en un debate a puertas cerradas en el edificio de la calle San Martín, salieron de la reunión como si hubieran estado en el bunker del Estado Mayor. "Hay que ver cómo respondería Argentina si los británicos deciden reforzar su presencia militar en Malvinas", deslizó uno de los funcionarios a la prensa. El mero hecho de que no se brindara otra información –Cristina Kirchner nunca ha logrado atajar las filtraciones de su equipo- demuestra que en este caso, los que comparten el secreto son conscientes del peso de su responsabilidad.
Es improbable que el gobierno de Sebastián Piñera suspenda los vuelos de su compañía bandera a Malvinas. El diputado chileno Jorge Tarud señaló que su país mantiene una política de cielos abiertos y que "siendo LAN una empresa privada, no se la puede obligar a que suprima uno de sus itinerarios". Aparte de esas consideraciones, al impedir que los barcos malvinenses atraquen en sus costas, Chile ya vulneró sus tradicionales lazos de amistad con Gran Bretaña. "Cortar los vuelos sería una medida incomprensible para los chilenos, que se consideran los ingleses de Sudamérica. No olvidemos que Chile permitió a los navíos y a los helicópteros ingleses que repostaran en su territorio, durante el conflicto de las Malvinas (1982)", sostiene Gabriel Puentes, analista estratégico de la Universidad de Chile.
Partiendo de la premisa de que el gobierno chileno no querría sacrificar sus relaciones con Londres en el altar de Malvinas, quedaría la opción de tratar el asunto con los propios directivos de LAN. Convencerlos de que suspendan los vuelos al menos durante los actos que se llevaran a cabo en abril, al cumplirse 30 años de la Guerra de Malvinas. "Si eso tampoco funciona, otra alternativa sería crear las condiciones para que LAN no pueda cumplir con ese itinerario. Por ejemplo, cerrar por unos días el espacio aéreo al sur de Argentina (por donde pasan los vuelos hacia Malvinas), bajo el pretexto de un ejercicio de la fuerza aérea. La cuestión es si Cristina Kirchner está dispuesta a comprometerse con un acto de abierta hostilidad", afirma el analista Gabriel Puentes.
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