Tocar el piano podría suponer hasta siete años y medio de prisión. Aunque el instrumento emite menos ruido que un aeropuerto o una discoteca situada en los bajos de un bloque de pisos el fiscal de Olot José Antonio Alonso Fernández considera que la pianista profesional Laia Martín, de 26 años y vecina de Puigcerdà, es responsable de un delito contra el medio ambiente por contaminación acústica y un delito de lesiones psíquicas que habría provocado a su vecina del piso superior para la práctica asidua de tocar el piano. En corresponsabiliza también sus padres y, si prospera su calificación previa, toda una familia podría acabar encarcelada por las notas salidas del instrumento y resultaría inhabilitada durante cuatro años para ejercer cualquier profesión relacionada con el uso de pianos.
Un "despropósito". El letrado que defiende los acusados, Marc Molins Raich-del despacho Roca Junyent-se muestra estupefacto por la calificación del ministerio público y el hecho de que no se haya evitado que la denuncia de una vecina por ruido del piano acabe dando pie a un procedimiento penal cuando es un asunto que se podría haber solucionado por la vía civil.
El escrito incriminatorio del fiscal expone que entre octubre de 2003 y septiembre de 2007 Laia Martín, "alentada y ayudada activamente por sus padres" se dedicaba a tocar el piano en su casa entre las nueve de la mañana y la una del mediodía y desde las dos de la tarde hasta las seis un mínimo de cinco días a la semana. Aspecto éste que la pianista desmiente rotundamente al considerarlo manifiestamente falso si se tiene en cuenta que en aquel tiempo vivía a caballo de Puigcerdà, Manresa y Barcelona para cursar sus estudios de piano. Y añade que desde el año 1999, cuando se trasladó en esa vivienda, ya practicaba sin ningún inconveniente. Hasta que la vecina se quejó.
El fiscal expone en su escrito como la familia no hizo caso a los cuatro requerimientos del Ayuntamiento que les emplazaba a insonorizar la vivienda o cesar en la producción de ruidos después de que varios mediciones acústicas mostraran que se sobrepasaban los 30 decibelios permitidos por ley . No hicieron caso? La familia acabó trasladándose a otra vivienda después de haber sido sopesar varias alternativas para acabar con esta situación.
Para Molins Raich la solicitud de esta pena de prisión e inhabilitación por una persona "con el prestigio, el talento y el reconocimiento de Laia, no sólo representa un grave error técnico sino también una hostilidad hacia una joven promesa del panorama musical catalán y por extensión, un agravio hacia el talento y la cultura musical de este país ". Sin duda, se trata de una de las causas más disparatadas con que se ha enfrentado este letrado y profesor de Esade.
La justificación de la fiscalía
La Fiscalía de Cataluña está completamente alineada con el representante del ministerio público que ha calificado los hechos pero ha abierto la puerta a una rebaja de pena o un posible indulto parcial en que los procesados adopten medidas para minimizar los ruidos. "El problema ya está arreglado, ya han cambiado de casa", recuerda la defensa que ejerce Molins Raich.
En una nota de prensa emitida ayer, la Fiscalía de Cataluña trató de aclarar su posición en relación con la petición de pena solicitada por este fiscal de Olot en la que pedía "contextualizarla" teniendo en cuenta que la familia no atendió los requerimientos del Ayuntamiento para insonorizar la habitación de ensayos y la vecina denunciante habría sufrido unas supuestas lesiones psíquicas por los ruidos, lesiones que de momento están cifradas en 22.000 euros. La cifra se incrementará cuando los médicos forenses determinen los días que la? Denunciante tardó en reponerse de las lesiones.
"La petición de la Fiscalía de Girona se encuentra dentro del marco establecido en el Código Penal y en atención a estas circunstancias de los hechos, que indican una apreciable gravedad", se lee en el escrito del ministerio público para, a continuación, suavizar lo estudiando la petición de un indulto parcial si la familia fuese condenada a "unas privativas de libertad que pudieran considerarse excesivamente rigurosas".
Lo cierto es que el caso ha levantado polémica y no sería extraño también que pudiera utilizarse como cabeza de playa para iniciar un debate que intente romper el tabú acerca de que el ministerio público nunca es temerario en sus acusaciones, como sí lo puede ser un abogado de una acusación particular.
Un "despropósito". El letrado que defiende los acusados, Marc Molins Raich-del despacho Roca Junyent-se muestra estupefacto por la calificación del ministerio público y el hecho de que no se haya evitado que la denuncia de una vecina por ruido del piano acabe dando pie a un procedimiento penal cuando es un asunto que se podría haber solucionado por la vía civil.
El escrito incriminatorio del fiscal expone que entre octubre de 2003 y septiembre de 2007 Laia Martín, "alentada y ayudada activamente por sus padres" se dedicaba a tocar el piano en su casa entre las nueve de la mañana y la una del mediodía y desde las dos de la tarde hasta las seis un mínimo de cinco días a la semana. Aspecto éste que la pianista desmiente rotundamente al considerarlo manifiestamente falso si se tiene en cuenta que en aquel tiempo vivía a caballo de Puigcerdà, Manresa y Barcelona para cursar sus estudios de piano. Y añade que desde el año 1999, cuando se trasladó en esa vivienda, ya practicaba sin ningún inconveniente. Hasta que la vecina se quejó.
El fiscal expone en su escrito como la familia no hizo caso a los cuatro requerimientos del Ayuntamiento que les emplazaba a insonorizar la vivienda o cesar en la producción de ruidos después de que varios mediciones acústicas mostraran que se sobrepasaban los 30 decibelios permitidos por ley . No hicieron caso? La familia acabó trasladándose a otra vivienda después de haber sido sopesar varias alternativas para acabar con esta situación.
Para Molins Raich la solicitud de esta pena de prisión e inhabilitación por una persona "con el prestigio, el talento y el reconocimiento de Laia, no sólo representa un grave error técnico sino también una hostilidad hacia una joven promesa del panorama musical catalán y por extensión, un agravio hacia el talento y la cultura musical de este país ". Sin duda, se trata de una de las causas más disparatadas con que se ha enfrentado este letrado y profesor de Esade.
La justificación de la fiscalía
La Fiscalía de Cataluña está completamente alineada con el representante del ministerio público que ha calificado los hechos pero ha abierto la puerta a una rebaja de pena o un posible indulto parcial en que los procesados adopten medidas para minimizar los ruidos. "El problema ya está arreglado, ya han cambiado de casa", recuerda la defensa que ejerce Molins Raich.
En una nota de prensa emitida ayer, la Fiscalía de Cataluña trató de aclarar su posición en relación con la petición de pena solicitada por este fiscal de Olot en la que pedía "contextualizarla" teniendo en cuenta que la familia no atendió los requerimientos del Ayuntamiento para insonorizar la habitación de ensayos y la vecina denunciante habría sufrido unas supuestas lesiones psíquicas por los ruidos, lesiones que de momento están cifradas en 22.000 euros. La cifra se incrementará cuando los médicos forenses determinen los días que la? Denunciante tardó en reponerse de las lesiones.
"La petición de la Fiscalía de Girona se encuentra dentro del marco establecido en el Código Penal y en atención a estas circunstancias de los hechos, que indican una apreciable gravedad", se lee en el escrito del ministerio público para, a continuación, suavizar lo estudiando la petición de un indulto parcial si la familia fuese condenada a "unas privativas de libertad que pudieran considerarse excesivamente rigurosas".
Lo cierto es que el caso ha levantado polémica y no sería extraño también que pudiera utilizarse como cabeza de playa para iniciar un debate que intente romper el tabú acerca de que el ministerio público nunca es temerario en sus acusaciones, como sí lo puede ser un abogado de una acusación particular.
No hay comentarios:
Publicar un comentario