El proyecto, fuertemente impulsado por la presidenta Cristina Kirchner, obtuvo 62 votos a favor y uno en contra. En la Cámara de Diputados, la iniciativa había recogido 153 apoyos, 26 rechazos y una abstención.
El Congreso argentino aprobó la ley.
La norma “no es xenofóbica y no afecta derechos adquiridos, sino que simplemente quiere cuidar un recurso estratégico como es la tierra en un mundo que va a necesitar de los alimentos como de la energía”, aseguró Kirchner en su discurso de asunción de su segundo mandato.
La nueva ley establece un tope de 1.000 hectáreas que pueden tener los extranjeros en una zona determinada y fija un límite de hasta 20% para la propiedad foránea en tierras rurales en todo el país.
Crea además un registro único de tierras rurales, del cual carece actualmente el Estado.
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