Más de 17.800 personas están condenadas a muerte en todo el mundo y aguardan su ejecución en la cárcel, a la espera de que los gobiernos decidan sobre sus vidas.
Así lo puso de manifiesto este lunes Amnistía Internacional (AI) con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, un castigo que, según la organización, sigue vigente en 23 países y acaba con miles de vidas al año.
Entre ellos figuran EEUU, China, Irán, Arabia Saudí, Somalia, Bielorrusia y Japón. Precisamente, Japón ostenta el dudoso récord de albergar al preso que más tiempo lleva aguardando su final en un corredor de la muerte, Hakamada Iwao, condenado a la pena capital hace 43 años.
Durante este tiempo, al igual que los demás condenados Hakamada Iwao no ha podido hablar con otros presos, ver la televisión o leer con libertad.
Por ello, Amnistía España lanzará una campaña 'on line' para pedir al Gobierno nipón que libere a este recluso, por motivos humanitarios y en función de su avanzada edad.
Otro lugar especialmente preocupante para la organización es Bielorrusia, único Estado europeo que aplica la pena de muerte en la actualidad. Hasta 400 personas podrían haber sido ejecutadas en este país desde 1991, aunque la verdadera cifra se desconoce debido al secreto existente en torno a las ejecuciones, afirmó la organización.
Estadísticas, secreto de Estado
Por su parte, China ejecuta a miles de personas cada año, según Amnistía, que precisó que las estadísticas en este terreno se consideran secreto de Estado y revelarlas conlleva una sanción penal.
Hay 55 delitos punibles con la muerte, entre los que figuran actos no violentos, como el narcotráfico.
El informe también resalta el caso de Irán, que a lo largo de 2011 ha ajusticiado a más de 400 personas, muchas de ellas en ejecuciones públicas.
Desde 1990, 47 de los asesinados fueron condenados por delitos que cometieron siendo menores de edad. También Arabia Saudí y Estados Unidos registran una gran cantidad de condenados que aguardan su final en las cárceles, con alrededor de 140 y 3.200 presos, respectivamente.
En diciembre de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó su tercera resolución a favor de establecer una moratoria sobre las ejecuciones, dirigida a abolir la pena de muerte en el medio plazo.
Dicha medida contó con el voto favorable de 109 países, en lo que supone el mayor respaldo obtenido hasta la fecha por este tipo de iniciativas, destacó Amnistía. La organización recuerda que en el momento de su fundación (1961) "sólo nueve países habían abolido la pena capital para todos los delitos y ésta apenas se consideraba una cuestión de derechos humanos".
Cincuenta años después, más de dos tercios de los Estados que se sientan en la ONU han abolido la condena a muerte de sus legislaciones o han dejado de aplicarla en la práctica.
Amnistía Internacional registra habitualmente casos de personas sentenciadas a muerte o ejecutadas tras haber sido declaradas culpables por "confesiones" obtenidas bajo tortura o coacción en países como Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, Irán, Japón, Sudán, Taiwan, Yemen.
En su opinión, este castigo "supone la forma más extrema de tortura y está íntimamente ligado con el maltrato a los reclusos, algo prohibido por toda la legislación internacional".
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