Aunque ningún cable revelado por WikiLeaks hace referencia a la investigación de los crímenes franquistas que abrió Baltasar Garzón en el 2008 y a pesar de las declaraciones del propio juez sobre la independencia de la justicia española frente a las presiones de la embajada estadounidense, esta claro que había una conspiración entre el gobierno de Estados Unidos y altos cargos de la justicia española para evitar la libertad de acción de Garzón en asuntos que tuvieran que ver con crímenes contra la humanidad y la aplicación del concepto de justicia universal. No cabe duda que Washington estaba preocupada sobre todo por su investigación de torturas en la base militar de Guantánamo y que les importó un bledo los 114,000 desaparecidos españoles exterminados por el régimen de Franco, aunque si empiezas a excavar rápidamente aparecen los restos de responsabilidad estadounidense por facilitar el genocidio de “los rojos”.
¿Pero qué puedes esperar de un superpaís? Se trata de una Realpolitik que no debe extrañar a nadie que conozca lo más mínimo sobre la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, el comportamiento de fiscales y jueces como Cándido Conde-Pumpido y Javier Zaragoza nos debería asustar tanto como para hacer una revisión de la suspensión de Garzón y su juicio pendiente en el Tribunal Supremo.
Si fue difícil creer en su momento que La Falange, responsable por la ejecución sistemática de miles de personas durante el golpe de estado del 1936, puede ejercer tanto poder en el marco jurídico actual, junto a un “sindicato” ultraderechista que tiene el mal gusto de llamarse Manos Limpias, ahora se entiende mejor los múltiples autos de Javier Zaragoza en contra de la investigación del franquismo desde su primer momento. La presión metida a Garzón por abrir su investigación histórica era extraordinaria, totalmente incoherente con la previa aplicación de la justicia universal por Garzón y otros jueces de la Audiencia Nacional y resultó en un aborto de la justicia solo un mes después de que hubiera abierto la investigación. Todos sabemos que pasó después. Animado por los argumentos utilizados por Zaragoza y la votación en contra de la investigación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, La Falange y Manos Limpias denunciaron a Garzón por prevaricación.
Si la increíble revelación de que el propio juez Luciano Varela ayudó a los querellantes a elaborar sus denuncias contra Garzón no fue suficiente para archivar el caso contra Garzón, la revelación de los cables de WikiLeaks en que se ve claramente las manos sucias de la justicia española deberían ser motivo no solo para la anulación de la suspensión de Garzón, sino también la inmediata dimisión de Zaragoza y Conde-Pumpido. Mientras hay un claro consenso de los expertos de la justicia internacional de que Garzón no fue culpable de ninguna prevaricación, sería más que injusto si ellos siguen en sus cargos después de haber puesto los intereses de Estados Unidos por encima de la independencia de la justicia española y la libertad de Garzón.
Aunque no sabemos si la denuncia y la suspensión de Garzón forma parte de la conspiración en su contra llevado a cabo por los diplomáticos estadounidenses y los corruptos fiscales y jueces españoles, ahora la única manera de mostrar la integridad y honradez de la justicia española es castigar a los traidores de la justicia española y restaurar a su cargo al defensor mundial de los derechos humanos.
¿Pero qué puedes esperar de un superpaís? Se trata de una Realpolitik que no debe extrañar a nadie que conozca lo más mínimo sobre la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, el comportamiento de fiscales y jueces como Cándido Conde-Pumpido y Javier Zaragoza nos debería asustar tanto como para hacer una revisión de la suspensión de Garzón y su juicio pendiente en el Tribunal Supremo.
Si fue difícil creer en su momento que La Falange, responsable por la ejecución sistemática de miles de personas durante el golpe de estado del 1936, puede ejercer tanto poder en el marco jurídico actual, junto a un “sindicato” ultraderechista que tiene el mal gusto de llamarse Manos Limpias, ahora se entiende mejor los múltiples autos de Javier Zaragoza en contra de la investigación del franquismo desde su primer momento. La presión metida a Garzón por abrir su investigación histórica era extraordinaria, totalmente incoherente con la previa aplicación de la justicia universal por Garzón y otros jueces de la Audiencia Nacional y resultó en un aborto de la justicia solo un mes después de que hubiera abierto la investigación. Todos sabemos que pasó después. Animado por los argumentos utilizados por Zaragoza y la votación en contra de la investigación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, La Falange y Manos Limpias denunciaron a Garzón por prevaricación.
Si la increíble revelación de que el propio juez Luciano Varela ayudó a los querellantes a elaborar sus denuncias contra Garzón no fue suficiente para archivar el caso contra Garzón, la revelación de los cables de WikiLeaks en que se ve claramente las manos sucias de la justicia española deberían ser motivo no solo para la anulación de la suspensión de Garzón, sino también la inmediata dimisión de Zaragoza y Conde-Pumpido. Mientras hay un claro consenso de los expertos de la justicia internacional de que Garzón no fue culpable de ninguna prevaricación, sería más que injusto si ellos siguen en sus cargos después de haber puesto los intereses de Estados Unidos por encima de la independencia de la justicia española y la libertad de Garzón.
Aunque no sabemos si la denuncia y la suspensión de Garzón forma parte de la conspiración en su contra llevado a cabo por los diplomáticos estadounidenses y los corruptos fiscales y jueces españoles, ahora la única manera de mostrar la integridad y honradez de la justicia española es castigar a los traidores de la justicia española y restaurar a su cargo al defensor mundial de los derechos humanos.
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