Sus hijos fueron secuestrados, asesinados y acusados de narcoterroristas en Colombia, porque su muerte tenía un precio. Las madres de Soacha han visitado España para pedir justicia y acabar con la impunidad presente en su país.
Colombia vive un conflicto interno desde hace más de 60 años. El Ejército colombiano se enfrenta a los grupos armados de guerrilleros y paramilitares para acabar "supuestamente" con el narcotráfico y la delincuencia. Estos combates han convertido al país en un campo de batalla. Y en las zonas afectadas por el conflicto, los daños "colaterales" se están volviendo una constante por la impunidad del Ejército.
Luz Marina Bernal.
Desde 2002, son 3.183 las ejecuciones extrajudiciales a manos de las Fuerzas Armadas colombianas que esperan, sin resultados de momento, recibir justicia. Se trata de lo que los medios de comunicación denominaron 'falsos positivos': personas asesinadas a manos del Ejército para hacerlas pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado. Estas ejecuciones tienen un objetivo: conseguir remuneraciones y ascensiones por parte del Gobierno, según las cabezas caídas.
Los casos de Soacha
En enero de 2008 comienzan a producirse desapariciones en el municipio de Soacha, ubicado al sur occidental de Bogotá. En total, fueron 17 los jóvenes que 'se marcharon' del municipio sin dejar rastro.
Sus familias iniciaron una búsqueda intentando denunciar las desapariciones en la Fiscalía, hecho que les fue denegado durante muchos meses. Finalmente, en septiembre de ese mismo año, varias familias fueron llamadas por funcionarios de Medicina Legal para reconocer fotografías de jóvenes considerados por el Ejército Nacional guerrilleros dados de baja en combate y sepultados como NN (personas que no pueden ser identificadas porque en el momento de su hallazgo carecen de documentación).
'Me mostraron una fotografía de mi hijo en la que aparecía con la mitad del rostro deformado por las balas'
"La doctora Diana Ramírez me leyó una lista de 30 muchachos que habían sido encontrados en Ocaña, y me mostró la fotografía de mi hijo, en la cual aparecía con la mitad del rostro deformado por las balas", afirma Luz Marina Porras Bernal, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, de 26 años y con una discapacidad psíquica de un 53%.
En Colombia, las exhumaciones de los cadáveres se hacen de forma conjunta para abaratar los costes. Por esta razón, Luz María tuvo que buscar a otras cuatro familias para ir hasta Ocaña en busca del cadáver de su hijo. "Cuando llegué allí me comunicaron en la Fiscalía que Fair Leonardo había muerto en combate. ¿Cómo podía ser guerrillero si tenía una discapacidad mental y nunca había portado un arma?", se pregunta la madre del joven.
La misma pregunta se hizo María Ubilerma Sanabria López. Su hijo Jaime Steven Valencia Sanabria desapareció el 6 de febrero, y murió el día 8 de ese mismo mes, aunque su familia no tuvo conocimiento de su fallecimiento hasta septiembre de ese año. Ella, hasta hoy, defiende las mismas razones de peso que exculpan a su hijo de cualquier relación con la guerrilla: "Cuando me dijeron que mi hijo era guerrillero, le pregunté al Fiscal que si había muerto dos días después de su desaparición, ¿cuándo le dieron el entrenamiento para ser guerrillero si no sabía manejar un arma? No obtuve ninguna respuesta".
Una vida llena de amenazas
Estas mujeres cabeza de familia han sido amenazadas brutalmente por buscar la verdad y siguen siendo objetivo del Ejército.
María Ubilerma cuenta entre silencios que una tarde que andaba con sus nietas en casa dejaron una nota por debajo de la puerta. Al abrirla encontró un mensaje: "Mamita, te quiero mucho. Atentamente: cadáver ya". Como este mensaje, son constantes las amenazas, avisos... el uso del miedo contra estas mujeres para que mantengan la boca cerrada. Sin embargo, ellas no callarán, quieren "buscar la verdad, limpiar el nombre de sus hijos y que se haga justicia", afirma claramente Luz Marina.
El caso de Soacha es quizás uno de los más emblemáticos casos de 'falsos positivos'. La Fiscalía se ocupó de las investigaciones descubriendo que era la Brigada número XV de las Fuerzas Armadas colombianas los responsables de estas muertes. Sin embargo, debido a la intervención de la Justicia Penal Militar, muchas de las pruebas fueron ocultadas. "A mi hijo le cambiaron, le pusieron una camisa de rayas, manipularon su cuerpo y le destrozaron la cara", afirma María Ubilerma.
La ley colombiana establece fechas para adelantar los correspondientes procesos penales; sin embargo, para los chicos de Soacha estos términos no se cumplieron y 56 militares fueron dejados en libertad. Además, las audiencias fueron suspendidas: "A día de hoy no ha habido ninguna audiencia para hacer justicia por la muerte de mi hijo, pero he acompañado a otras mamitas y te das cuenta de que la dilación es descarada. Llegan los soldados imponentes con sus uniformes y te miran como a una hormiga. Llega el defensor y dice que uno no ha podido asistir porque uno tiene diarrea, al otro se le murió la mamá cinco veces… ¡Es un descaro!", comenta María Ubilerma.
'¿Cómo podía mi hijo ser guerrillero si tenía una discapacidad mental y nunca había portado un arma?'
Un Gobierno irresponsable
Las madres de Soacha, apoyadas por la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, Amnistía Internacional y otras organizaciones que luchan por los derechos humanos, buscan limpiar el nombre de sus hijos, pero la situación judicial del país y la posición del Ejecutivo, dificultan la lucha. "El Gobierno justifica las muertes. La pena a la que fueron condenados la pagaron en los propios cuarteles militares, y cuando salieron de la reclusión, les aplaudieron y los reintegraron en las fuerzas públicas o como embajadores de República Dominicana, en el caso del General Montoya", afirma María Luz.
Han visitado España de la mano de Amnistía Internacional en busca de apoyo y seguirán girando alrededor del mundo, hasta que en su Colombia natal se condenen estos atentados.
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