El propio presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, que no se había pronunciado sobre el asunto, viajará el lunes a París para analizar la situación con Sarkozy.
En agosto las autoridades francesas expulsaron a un total de 979 ciudadanos rumanos y búlgaros y desmantelaron un centenar de campamentos. En lo que va de año, más de 8.000 europeos de origen rumano o búlgaro de etnia gitana han sido expulsados de Francia. Unos diez millones de gitanos viven en Europa, principalmente en Rumania, Bulgaria, Hungría, Grecia, República Checa, Eslovaquia, España y Serbia.
El Parlamento Europeo ha abierto un segundo frente en el conflicto entre la UE y París al convocar un debate sobre "la situación de la población gitana en Europa" para el próximo martes en Estrasburgo. En un principio la petición del debate había sido planteada solo por socialistas y liberales, pero en la Conferencia de Presidentes celebrada ayer la propuesta fue aprobada por los líderes de todos los grupos políticos.
Jerzy Buzek, presidente de la Eurocámara, manifestó tras la reunión que "todos los ciudadanos europeos tienen los mismos derechos dentro de la Unión Europea". Y añadió que "nadie puede ser expulsado de un país solo porque pertenece a la minoría gitana". El presidente precisó que "teniendo en cuenta que necesitamos mejorar la integración social de las comunidades de gitanos deberíamos evitar cualquier discriminación retórica en la discusión sobre este asunto".
El copresidente del Grupo de los Verdes en la Eurocámara, Daniel Cohn-Bendit, manifestó ayer que "Francia debe detener de inmediato las expulsiones y adaptar su legislación de conformidad con la legislación europea".
La Comisión ha elaborado un informe preliminar sobre la situación de los gitanos en Francia que fue presentado por la comisaria de Justicia, Viviane Reding, a sus colegas en la reunión del pasado miércoles. El informe, que Bruselas no ha querido hacer público y del que han trascendido algunos párrafos, afirma que "la Comisión está buscando información detallada de las autoridades francesas sobre si las garantías exigidas han sido aplicadas".
El portavoz de Justicia, Matthew Newman, advirtió de que el informe "era de carácter preliminar y no contenía conclusiones porque está pendiente de nuevas informaciones". El presidente de los socialistas europeos, Martin Schultz, criticó la falta de transparencia de la Comisión en su actuación y reprochó a Reding que no hubiera dado publicidad al texto. "Sorprendente comportamiento", dijo, "de quien se ocupa de la defensa de los derechos fundamentales".
Para hoy está prevista otra reunión entre altos funcionarios de la Comisión y de la Administración francesa para contrastar los datos y los criterios legales aplicados. París asegura que no se trató de expulsiones forzadas, sino de personas que se han acogido a la ayuda del retorno voluntario. Los que aceptaron irse recibieron 300 euros más 100 euros por cada uno de sus hijos. Bruselas duda de la voluntariedad de las expulsiones y quiere confirmar si las personas enviadas a su país de origen conservan el derecho de volver a Francia, como se establece en el tratado sobre la libertad de circulación de los ciudadanos.
Francia intentó zanjar la cuestión enviando a Bruselas a su ministro de Inmigración, Eric Besson, quien el pasado martes se entrevistó con varios comisarios a los que no logró convencer de que las expulsiones se han realizado respetando la legislación comunitaria. También el secretario de Estado para Asuntos Europeos de Rumania, Bogdan Aurescu, ha solicitado a Bruselas que investigue si las deportaciones han sido realmente "voluntarias". Las autoridades rumanas aseguran que ninguno de los expulsados tenía pendiente ninguna causa policial o de la justicia. Aurescu criticó a las autoridades francesas por maquillar las cifras de criminalidad de los deportados para "impresionar a la opinión pública".
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