El documento, titulado Una mesa para todos en el Bicentenario y entregado ayer por el presidente de la Conferencia Episcopal chilena, Alejandro Goic, y el cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Erráuriz, retoma la petición realizada ya a la ex presidenta Michelle Bachelet en 2009. "No sería completa la mesa para todos si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar", recoge el documento, que habla de desterrar la "venganza social" en favor del "perdón y la misericordia".
"Estamos acá diciéndole al Gobierno y a la Iglesia que hay un país y hay unos familiares que no están dispuestos a flexibilizar el respeto a los derechos humanos por acuerdos que se hacen a oscuras, en contra de la democracia y en contra de la vida", protestaba ayer la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro. Pero la oposición a la petición de la Iglesia no viene solo de la población civil. El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, ha respondido a la iniciativa alegando que "cada juez tiene su punto de vista particular sobre el tema". "Creo que son situaciones que están obsoletas en una sociedad moderna. Los indultos y las amnistías no debieran coexistir en regímenes democráticos como el que tenemos, pero es una opinión personal", ha dicho.
El documento, de hecho, coloca en una situación incómoda al conservador Sebastián Piñera. La familia del rico empresario está vinculada al régimen de Pinochet. Su hermano fue ministro durante la dictadura. Por esta razón, el presidente ha intentado mantenerse alejado de la herencia del régimen, que duró 17 años y dejó un saldo de 1.200 detenidos desaparecidos y 28.000 prisioneros políticos y víctimas de tortura.
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