El 2 de febrero de 2013, tres días después de que este periódico publicara los papeles de Luis Bárcenas —la contabilidad secreta del extesorero del PP entre 1990 y 2008—, Mariano Rajoy pronunció una frase lapidaria ante el comité ejecutivo nacional de su partido:“Cualquier irregularidad que se sospeche a partir de papeles apócrifos no responde a la verdad”. Casi un año después, los 14 folios manuscritos ya no son apócrifos —Bárcenas los ha reconocido como propios y los peritos de la policía también se los atribuyen a él—. Y no solo eso: con ellos como base, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha descubierto, y sigue descubriendo, no solo simples irregularidades, sino también indicios de delito en la formación conservadora.
El magistrado ha recibido un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que apunta que en 2008 el Partido Popular pagó con 200.000 euros en negro la compra de un local para su sede regional de La Rioja, como aseguró Luis Bárcenas en su declaración del pasado 15 de julio, cuando llevaba poco más de dos semanas en la prisión madrileña de Soto del Real. Este informe sirve para apuntalar la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda Pública por parte del partido de Mariano Rajoy en 2008, el último ejercicio de la contabilidad b llevada por Bárcenas y el único que no está afectado por la prescripción.
Además, el juez Ruz ha citado al presidente de Mercadona, Juan Roig, para declarar, en calidad de testigo, por un supuesto pago de 150.000 euros consignados con fecha de 27 de febrero de 2008 en la contabilidad secreta del extesorero del PP Luis Bárcenas. El magistrado intenta apuntalar sus sospechas sobre supuestos delitos fiscales cometidos por el partido del Gobierno en el año 2008 y ha ordenado una serie de diligencias de investigación nuevas.
En su contabilidad paralela, Bárcenas anotó el 26 de mayo de 2008 la siguiente frase: “Entrega La Rioja”. Y al lado, la cifra de 200.000 euros. En su declaración, el extesorero confesó que el dinero procedía de empresarios de esa comunidad y que fue utilizado para adquirir la sede conservadora en Logroño. Según su relato del 15 de julio, el dinero, en metálico, fue entregado por el PP riojano en la sede nacional de Génova 13. Bárcenas ingresó el dinero en la cuenta oficial de donativos de la formación, fraccionando los depósitos para cumplir con la Ley de Financiación de Partidos, que impide que un solo donante entregue más de 100.000 euros.
Una vez blanqueada esa suma, el PP nacional realizó, el 23 de junio de 2008, una transferencia desde su cuenta de donativos a su sede riojana por valor de 200.000 euros. Con esa cantidad se sufragaron parte del coste de la adquisición del local y las obras de reforma para convertirlo en la sede regional del partido. La licencia de obras para las oficinas del PP se solicitó el 3 de junio y el dinero llegó de Génova 13 veinte días después. El presupuesto, de julio de 2008, ascendía a 214.000 euros.
Hasta aquí lo que se deriva de los papeles de Bárcenas y de la declaración del extesorero. El informe de la IGAE, órgano de control interno de la actividad económico-financiera del sector público, certifica que en junio de 2008 se produjo una transferencia de 200.000 euros desde la sede nacional del PP a la sede riojana, pero que previamente no existe ninguna aportación en dinero blanco por esa cantidad desde la sede de Logroño a Génova 13. Este hecho, unido a que el 6 de octubre de 2008 el PP riojano apunta en su contabilidad la compra del local por importe de 300.000 euros, lleva a los investigadores a dar crédito a la versión de Bárcenas de que la sede se adquirió con dinero b.
De probarse esto, el PP puede haber incurrido en un delito fiscal, ya que esta presunta donación opaca resultaría determinante para fijar la base imponible. El juez Ruz solicita a Hacienda que le remita las declaraciones del Impuesto de Sociedades del PP de los años 2007 y 2008. El partido ha afirmado que en este último ejercicio no realizó declaración. El magistrado también quiere certificación oficial de este hecho. Ruz ha citado como testigos el 5 de febrero a los apoderados y al gerente del PP riojano en 2008.
El PP riojano ha desvinculado la financiación de su sede de toda donación ilegal. “La compra y rehabilitación de esta sede se ha financiado con dos préstamos del Banco Santander que tienen vigencia hasta 2020 por valor de 1,02 millones de euros. También con cuotas de afiliados (más de 80.000 euros cada año) y donativos de simpatizantes (82.837 euros) y con la colaboración del PP (254.000 euros)”, afirma el partido. Lo que no dice el PP riojano es que ese año no solo recibieron tal ayuda del PP nacional, sino que ingresaron otros 670.000 euros “de otras sedes” del PP. Por tanto, por aportaciones directas del propio partido, el PP riojano dispuso en 2008 de casi un millón de euros, una cifra muy similar a la que pidió como crédito al Banco Santander.
El informe de la IGAE hace pensar a los investigadores que la sede de Logroño se pagó con dinero negro
Ruz cita en su auto, también para el 5 de febrero, al presidente de Mercadona, Juan Roig. Este figura como supuesto donante de 150.000 euros el 27 de febrero de 2008.
Además de a Roig, ha citado a otros tres supuestos pagadores, Pilar Pulido, Luis Gálvez y una persona que figura en la lista de Bárcenas como Adolfo S. y de la que el magistrado no tiene más referencia. Mercadona negó a EL PAÍS, con motivo de la publicación en este diario de los papeles de Bárcenas, el 31 de enero de 2013, haber efectuado donaciones al PP.
Fuentes de Mercadona han explicado, tras hacerse público el auto de Ruz, que se han enterado por la prensa de la citación de Roig como testigo y que ya en febrero de 2013, tras la publicación de la contabilidad secreta de Bárcenas, remitieron un escrito a la fiscalía para ponerse enteramente a su disposición. Las mismas fuentes insistieron en que el apunte de Bárcenas sobre Mercadona no es cierto, informa Jorge A. Rodríguez.
El hecho de que los cuatro supuestos donantes citados lo hagan como testigos y no como imputados obedece, según Ruz, a que “o bien no han sido objeto de acción penal alguna” —nadie se ha querellado contra ellos— o se han desestimado las denuncias “por falta de evidencias o indicios hasta el momento que permitan vincular las supuestas aportaciones a ellos atribuidas a con otros hechos”, como la adjudicación de contratos a sus empresas.
A diferencia de empresarios como José Luis Sánchez Domínguez, Ramón Arige, Manuel Contreras, Juan Manuel Villar Mir, José Mayor Oreja y Rafael Palencia, supuestos pagadores del año 2008 que han prestado declaración como imputados, los cuatro citados este viernes acuden como testigos.
Pilar Pulido, vinculada a una supuesta entrega de 36.000 euros en febrero de 2008, ha sido identificada en la querella de Izquierda Unida que ha dado pie al caso Bárcenas como “directiva” de ADS Brokers.
Luis Gálvez, que figura como supuesto aportante de 50.000 euros, figuraba hasta ahora como no identificado por Bárcenas. Sin embargo, un informe de la policía ha permitido su citación.
Finalmente, aparece otro donante desconocido, Adolfo S., relacionado con una entrega de 10.000 euros en junio de 2008. El magistrado ha ordenado a los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía adscritos al juzgado que investiguen su completa filiación.
