La policía española ya ha recibido la orden de Interpol para detener a 20 excargos franquistas reclamados desde Argentina e imputados por crímenes de lesa humanidad y torturas. Interpol Argentina notificó el pasado 4 de noviembre a María Servini de Cubría, la juez que investiga la única causa abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo, que había remitido a su oficina de Madrid una "comunicación muy urgente" solicitando la detención de los exministros José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa y los otros 18 cargos franquistas cuyo arresto y extradición reclama la magistrada. La orden ya ha llegado a España, pero el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado esta tarde que el Gobierno denegará su entrega a Argentina.
Uno de los reclamados, Antonio Barrera de Irimo, falleció recientemente. Interpol Argentina ha solicitado a la juez argentina todos los "datos identificatorios" de los imputados con el fin de "hacer extensiva" la orden de detención a "la totalidad de países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal". Resulta "indispensable" cumplir ese requisito, explican, para "evitar casos de homonimia", es decir, que se detenga a personas que se llamen igual. Interpol Argentina también informa a la juez de que ha pedido a sus colegas españoles que le proporcionen todos los "registros filiatorios" que posean sobre los imputados.
El ministro de Justicia, no obstante, asegura que no serán extraditados porque los delitos "están prescritos en España, donde hay una ley de amnistía", informa Efe. Por este mismo motivo, España tampoco accedió a extraditar al exinspector José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el exguardia civil Jesús Muñecas cuando Servini de Cubría los reclamó en septiembre de 2013 por torturas. No obstante, sí tuvieron que ir a declarar a la Audiencia Nacional donde el juez Pablo Ruz les retiró el pasaporte.
Servini de Cubría ordenó detener a los 19 cargos franquistas el pasado 30 de octubre. A Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, le imputa por "haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich", ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, a los 23 años. Los hechos, según el auto, "son sancionables con penas de prisión perpetua". A Martín Villa le considera responsable de la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que murieron cinco personas y otras 100 resultaron heridas, muchas de ellas, por armas de fuego. Entre los reclamados también hay un ginecólogo, Abelardo García Balaguer, acusado del robo de un bebé en 1967 en Cádiz.
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) exige "el estricto e inmediato cumplimiento" de la orden de detención realizada por la juez argentina y recuerda la plena vigencia del Tratado Bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en marzo de 1987.
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