tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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jueves, 2 de octubre de 2014

Un 16% de los delitos de menores son de violencia contra sus padres

La violencia de género y el maltrato infantil tardaron mucho en entrar en las agenda mediática y política española. Y costó aún más cambiar comportamientos que la cultura daba por correctos. Ahora el velo ha caído, aunque todavía haya mujeres que mueren a manos de sus parejas o niños que reciben castigos físicos excesivos. Sin embargo, otra violencia dentro del hogar sigue en el armario: hijos que agreden física o psicológicamente a sus padres o abuelos, llamada filioparental. Los datos oficiales muestran que el año pasado se abrieron 4.659 expedientes por estos delitos, el 15,8% del total de los casos donde están involucrados menores.
Francisco Romero, del equipto técnico de la Fiscalía de Menores de Barcelona, explica que solo desde 2011 se segregan las cifras de violencia filio parental dentro de los delitos cometidos por menores. Antes se juntaban con los de violencia de género. La memoria de la Fiscalía General del Estado demuestra que se trata de una problemática que se ha mantenido muy estable, a falta de una serie histórica más larga. En 2011 se registraron 5.377 expedientes (18.15% del total); en 2012 fueron 4.936 (16,6%) y el año pasado, se redujeron ligeramente hasta las 4.659 procedimientos. Romero asegura que un 7% de las familias españolas pueden sufrir este problema.

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“Denunciar a un hijo no es fácil. A esta violencia la llamo la patología del amor. Los padres siempre tienen en mente qué implicaciones jurídicas tiene tirar adelante un proceso”, asegura Jordi Royo, director clínico de Amalgama 7, una entidad catalana que se dedica a la atención terapéutica de de jóvenes y sus familias. “Los padres sienten que tienen que justificarse, que son juzgados porque recogen lo que han cultivado. Hasta han de explicar que quieren a sus hijos”, asegura José Luís Sancho, director técnico del Programa Recurra-Ginso de Madrid, que trabaja con menores en conflicto social.
Como en el caso de la violencia machista, ambas partes tienden a relativizar las agresiones. “Nos encontramos con familias que dicen que no ocurre nada. Y comenzamos con un cuestionario: ¿te da miedo decirle cosas a tu hijo?, ¿te humilla?, ¿rompe objetos?”, explica Royo. La violencia física no es el primer paso, explican los expertos. “Pueden pasar largos años de sufrimiento, usualmente en solitario, antes de que se lleguen a estos extremos”, explica Sancho. La Fiscalía General asegura que no es infrecuente que los progenitores acudan a la justicia derivados por los Servicios Sociales y que, en algunos casos, “los problemas de convivencia son referidos a menores de menos de 14 años”, dice la memoria anual de la institución.
En un 70% de los casos los agresores son chicos. Sin embargo, ellas suelen comenzar antes, de una manera más psicológica. Allí por ejemplo se inscriben comportamientos anoréxicos o de consumo de drogas. “Se agreden a ellas mismas, para así hacer daño a lo que sus padres quieren. El absentismo escolar es una manera de agresión”, asegura Sancho. El perfil, alerta Royo, ha ido cambiando y se extiende a familias de clase media y media alta. En seis de cada diez casos uno de los padres tiene estudios universitarios. La tendencia mayoritaria es que los jóvenes agredan a las madres y a las abuelas y hay más incidencia en familias monoparentales.
“La ausencia de normas o las familias sobreprotectoras también son propensas a generar el Síndrome del Emperador, en el que los menores tienen a sus padres como sirvientes”, dicen los expertos, que también critican “cierto enaltecimiento de la violencia en los medios de comunicación”.
Tanto la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental como la Fiscalía General del estado coinciden en “ la insuficiencia de políticas y prácticas preventivas de refuerzo a las habilidades parentales”, según la memoria del Ministerio Público. “Faltan protocolos oficiales como sí existen con la violencia de género. Y la respuesta no puede ser solo jurídica”, pide Romero.

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