El cabo de los Mossos d’Esquadra, Xavier P. C, que en marzo de 2012 mató de un disparo a un vecino de Olot, finalmente no será juzgado. La acusación particular y la aseguradora han llegado a un acuerdo extrajudicial en el último momento, que ha hecho que la familia retirara la acusación a cambio de recibir 100.000 euros en concepto de responsabilidad civil. El abogado de la acusación particular, que era la única que acusaba, Benet Salellas, asegura haber aceptado el acuerdo a regañadientes y con la sensación de que “no se ha hecho justicia”.
El acuerdo se ha conseguido “in extremis” hasta el punto que a la Audiencia Provincial de Girona han acudido las 30 personas que habían sido seleccionadas para escoger los miembros del jurado popular. Todos ellos han asistido a la vista en la que, tras pactar las partes, el magistrado Javier Marca, de la sección cuarta, ha dictado sentencia absolutoria a viva voz. La sentencia es firme y no se puede recurrir.
La acusación pedía para al policía cinco años por un delito de homicidio imprudente y la inhabilitación absoluta y la prohibición para llevar armas durante seis años. En concepto de responsabilidad civil, solicitaba que la aseguradora de la Generalitat, SegurCaixa S.A., indemnizara al hijo del fallecido y a su madre con 180.000 euros. Por su parte, el fiscal, la defensa del policía y la aseguradora de la Generalitat consideraban también al cabo autor de un delito de homicidio, pero mantenían que se le debía aplicar la eximente completa de legítima defensa.
Tras finalizar la vista, el abogado de la acusación ha explicado que finalmente la semana pasada la Generalitat accedió a reconocer su responsabilidad civil al aceptar que no se había hecho del todo bien la actuación de aquel día”, ha apuntado. “Esto, sumado a la necesidad de dar al hijo de la victima algún tipo de cobertura económica, nos pareció conveniente, y hemos acabado aceptando la indemnización, a cambio de retirarnos del procedimiento”, ha explicado. El letrado, que ha criticado que “lo que los poderes públicos no han querido en ningún momento es que hubiera un juicio publico, abierto a la ciudadanía, y a un jurado popular para esclarecer que había pasado, aquel día”, ha calificado de “triste, duro e injusto” que se haya querido tapar con dinero la verdad de lo que pasó.
Los hechos que se debían juzgar hoy sucedieron sobre las 19.30 horas del 10 de marzo de 2012, en los bajos del número 84 de la calle de les Tries de Olot. El 112 recibió una llamada alertando que había un hombre, Antonio Tirado, que precisaba asistencia porque había tomado un número indeterminado de barbitúricos. Al llegar al piso, el personal del SEM pidió apoyo policial porqué el paciente estaba “agresivo” y además no le podían atender porqué tenia un cuchillo en la mano. Según la acusación particular, al menos dos patrullas de mossos acudieron al domicilio. Entre ellos el cabo 2832, que fue al comedor donde estaban la víctima, que se encontraba en un estado físico deteriorado, con un peso de unos 50 kilos, para su 1’70 metros de estatura, y su hijo de 4 años.
En un momento determinado, cuando había cuatro policías en el comedor, Tirado se dirigió hacia el cabo llevando el cuchillo, “en la mano izquierda a pesar de no ser zurdo, sin que haya quedado claro si en aquel momento concreto esgrimía el cuchillo o lo llevaba colgado de la muñeca con un cordel”, mantuvo el Salellas. Ese fue el momento en el que el cabo, percibiendo una situación de peligro y sin previo aviso, desenfundó el arma y disparó contra la víctima, “conocedor –según la acusación particular- que el disparo muy probablemente impactaría en el cuerpo de Tirado y podría causarle la muerte y asumiendo esta probabilidad”. La bala le impactó en el tórax y le provocó la muerte.
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