Sin ninguna prisa, y probablemente con alguna pausa larga, se vislumbra el tránsito del anteproyecto de Ley para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada.
El texto presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardónquema en las manos del Gobierno y en las del Partido Popular. Ni el presidente del Ejecutivo, ni la vicepresidenta ni ningún ministro, al margen de su autor, se muestra dispuesto a defenderlo en sus términos actuales. Y, de hecho, desde el Gobierno, los pasos imprescindibles, previos a su remisión a las Cortes, se están ralentizando. El objetivo es retrasar su tramitación parlamentaria como mínimo hasta después de las elecciones europeas, convocadas para el próximo 25 de mayo.
Con este esbozo de calendario, el Gobierno intentará sacar de la campaña electoral el enconado debate que ya ha suscitado, dentro y fuera del PP, la reforma presentada por Gallardón. Un cometido que sería prácticamente imposible si la misma se encontrara en plena discusión en el Congreso de los Diputados.
Alejando en el horizonte la reforma del aborto, el Gobierno y el PP podrían centrarse en exclusiva en los mensajes de recuperación económica, prioritarios en la estrategia del presidente, sin dejar en manos de los rivales políticos un arma que puede jugar un papel electoral clave.
Órganos consultivos
De esta forma se explica el que se haya esperado un mes para empezar a remitir el polémico anteproyecto a los órganos consultivos preceptivos para que aporten sus alegaciones y sugerencias. Y no a todos. El texto de Gallardón -más duro aún que la ley de supuestos de 1985 a cuyo «consenso tácito» hacen referencia continua lospopulares-, no ha sido enviado todavía al Consejo de Estado, la instancia consultiva de primer rango. Sí se ha dado traslado del mismo esta misma semana al Consejo General del Poder Judicial.
Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó el inicio de las consultas. «En estos días se está empezando a remitir el anteproyecto a los distintos órganos e instituciones que tienen que emitir informes. Con ellos determinaremos los puntos que puedan ser objeto de mejora para lograr un compromiso de todos y, en especial, del presidente del Gobierno, hacia el entendimiento».
De esta forma, la número dos del Ejecutivo eludía una vez más no sólo pronunciarse en primera persona sobre el contenido de la propuesta del ministro de Justicia, sino que rechazaba tambiénaclarar cuáles son los puntos «controvertidos» que el propio presidente del Gobierno reconoce en el anteproyecto de reforma de la ley de 2010.
Mariano Rajoy habló en esos términos el pasado miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados, e incluso aseguró su disposición a introducir cambios en la propuesta «dialogando con todos», a fin de que la misma sea lo más acorde posible con la sociedad.
El presidente habló de «delicadeza y sensibilidad» a la hora de tratar este asunto, y ayer Soraya Sáenz de Santamaría se hizo eco de esa voluntad, que implica «analizar las distintas opiniones y sugerencias para llegar al máximo consenso».
En este deseo de recabar ahora diferentes puntos de vista se esconde el intento de subsanar el férreo secretismo que rodeó la elaboración del anteproyecto.
El envío
El departamento que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón ha enviado su texto a todas las comunidades autónomas -cumple así con la petición que le hizo el propio Rajoy de que prestara oídos a las opiniones discrepantes de los barones autonómicos del PP- y a casi una treintena de organizaciones y asociaciones, muchas de las cuales forman parte del Consejo de Participación de la Mujer, órgano consultivo del Ministerio de Sanidad, al que no se tuvo en cuenta a la hora de elaborar el anteproyecto.
Fuentes gubernamentales apuntan que la remisión al Consejo de Estado se postergará hasta que todos los informes y opiniones de las organizaciones antes citadas se analicen y, basándose en ellos, se proceda a introducir modificaciones en el anteproyecto. Argumentan que no tendría sentido remitir al más alto órgano consultivo del Gobierno el texto actual que, advierten, «no es el definitivo».
Nadie por el momento, sin embargo, quiere precisar los puntos que serán objeto de reforma. El ministro de Justicia ya ha anticipado que el espíritu de la ley no se modificará aunque, si finalmente se pretende conseguir un acuerdo lo más amplio posible -el consenso no se contempla porque la izquierda no aceptará el cambio de la fórmula de plazos a la de supuestos- , habrá como mínimo que revisar en profundidad la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de graves malformaciones en el feto, situación esta que en el anteproyecto actual queda incluida en el supuesto de graves daños psíquicos y continuados en el tiempo para la madre y sólo si las citadas malformaciones fetales son incompatibles con la vida.
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