Argentina ha habilitado sus consulados en todo el mundo para que puedan recibir denuncias de víctimas del franquismo,
según han informado fuentes judiciales de ese país. La juez de Buenos
Aires que investiga los crímenes del régimen, María Servini de Cubría,
había solicitado hace seis meses al Ministerio de Relaciones Exteriores
que abriese las puertas de sus sedes en el extranjero para que sus
diplomáticos recojan testimonios de víctimas y estas no tuvieran que viajar a Buenos Aires
para presentarlos. La respuesta de Exteriores a la juez llegó el pasado
jueves, un día después de que la juez pidiera la detención de cuatro
presuntos torturadores del franquismo.
“No es una decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Argentina. Nosotros le pedimos en marzo que los consulados tomen las
declaraciones y el ministerio tenía la obligación de aceptarlo",
explicaron en el juzgado de Servini. El pasado jueves, funcionarios del
ministerio llamaron a los tribunales para comunicarles que todos los
consulados ya habían recibido la orden de tramitar las denuncias de
represaliados españoles del franquismo, según explicaron las citadas
fuentes.
En el juzgado de María Servini de Cubría explicaron que aquellas
personas interesadas en denunciar crímenes del régimen franquista solo
deben concurrir a un consulado argentino. Allí cualquier diplomático
deberá tomarle declaración y el cónsul tendrá que certificarla, como si
fuera un notario. Ese testimonio será remitido a la juez de Buenos
Aires.
Este paso culmina un proceso abierto en Argentina en 2010. Ese año,
ante la falta de progreso de las causas contra el franquismo en España, algunos familiares de víctimas presentaron denuncias en Argentina
para que se investigaran allí los “crímenes del terrorismo de Estado”,
considerados imprescriptibles, bajo el criterio de justicia universal.
¿Por qué Argentina? Porque en este país residen muchos parientes de
represaliados; porque en Argentina se abolieron en 2006, con el Gobierno
de Néstor Kirchner, las amnistías que protegían a los criminales de la
última dictadura militar de los años 1976 a 1983 (y desde entonces han
sido condenados más de 300 culpables); y porque todo esto fue posible
por la presión que en los 90 supuso que el entonces juez Baltasar Garzón
comenzara a investigar en España los delitos de los regímenes argentino
y chileno (1973-1990) bajo el criterio de justicia universal.
En los últimos tres años se han acumulado en la causa argentina
contra el franquismo miles de testimonios, pero ahora puede que se sumen
más con la apertura de las oficinas de recepción de denuncias.
Este posible aumento de las denuncias contra el franquismo contribuyen
dos factores: que con la apertura de los consulados los posibles
denunciantes no tendrán que acudir a Buenos Aires para prestar su
testimonio y el impacto mediático que ha tenido la orden de detención
contra los cuatro acusados de torturas.
La juez Servini había prometido en 2012 que viajaría a España a tomar
declaraciones de querellantes, pero suspendió su periplo por falta de
recursos, según han asegurado los abogados de los denunciantes. Después
planeó para mayo pasado que en el consulado argentino en Madrid se
montara una teleconferencia para que ella pudiera escuchar a las
víctimas, pero fue suspendida a último momento.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España se quejó entonces ante
el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, por organizar en el
consulado de la capital española la citada teleconferencia. España
advirtió a Argentina de que si la llevaba a cabo violaría el tratado
bilateral de cooperación judicial. Ahora, las fuentes consultadas en el
juzgado de Servini subrayan que el Gobierno de Mariano Rajoy no puede
oponerse a que los cónsules argentinos en cualquier país certifiquen
testimonios de represaliados.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las
Desapariciones Forzadas o Involuntarias visita desde es lunes España,
donde permanecerá hasta el próximo lunes. Los expertos de la ONU
examinarán las medidas adoptadas por el Estado español sobre cuestiones
relativas a la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas o
involuntarias de personas. Para este martes está prevista una protesta
de la plataforma por la Comisión de la Verdad ante el hotel de Madrid en
el que han instalado su base los enviados de Naciones Unidas.
Las órdenes para detener a los torturadores no llegan
Los trámites burocráticos están retrasando la llegada a España de las órdenes de detención de cuatro supuestos torturadores del franquismo (el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy El Niño).La orden de detención que dictó la juez María Servini de Cubría fue emitida el miércoles pasado pero hasta el viernes de esa misma semana no llegó al Ministerio de Exteriores de Argentina. Desde allí, la petición debe trasladarse a Interpol y al Gobierno de España, que a su vez la transmitirá a la justicia. Fuentes de Exteriores de Argentina no precisaron si ya ha sido enviada.
Una vez que la justicia española reciba la petición, puede que no la responda, pero si lo hace tiene dos opciones, según fuentes judiciales argentinas. O ejecuta la detención de los imputados para su posterior extradición o inicia una investigación propia de los delitos de los que se los acusa, según lo dispuesto por el tratado bilateral de cooperación judicial. No obstante, el Ministerio del Interior ha asegurado que en el momento en que lleguen a España las órdenes las ejecutará y llevará los encartados ante la Audiencia Nacional.
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