El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tiene sobre su mesa el primer caso por robo de bebés en España.
Una familia de Málaga ha recurrido a este organismo seis meses después
de que el Tribunal Constitucional español rechazara el caso. “Nos
agarramos a un clavo ardiendo, pero necesito saber si mi hermano está
vivo”, dice Micaela Alcántara mientras repasa la documentación que
conserva relacionada con su hermano menor.
La mujer, de 50 años y natural de Antequera (Málaga), lleva media
vida pensando que no murió, y casi un lustro pidiendo en los juzgados
que se investigue este asunto. El bebé nació el 12 de octubre de 1964 en
el Hospital Civil de la capital malagueña. Pasados cuatro días, el
personal sanitario se lo llevó con la excusa de que iban a bañarle y
vestirle. Horas más tarde, le dijeron a su madre que había muerto. “No
se lo quisieron enseñar y le dijeron que ellos se ocupaban de todo”,
cuenta Alcántara.
En el parte de defunción del centro figuraba como causa de la muerte
“debilidad congénita” —el bebé nació con labio leporino—. Sin embargo,
las supuestas irregularidades en el papeleo posterior provocaron las
sospechas de los padres. La denunciante asegura que en el registro del
hospital se señala que su madre ingresó y salió de alta el mismo día
“cuando, en realidad, estuvo cuatro ingresada”, y que en el Registro
Civil figura que la defunción fue inscrita como “conocido de la familia”
un empleado de una funeraria. “Ni mis padres tenían seguro de deceso ni
tenían ningún conocido en una funeraria”, recalca Alcántara.
A esto se añade que su enterramiento no figura en los libros de
registros del cementerio de San Rafael de Málaga, donde supuestamente
fueron inhumados los restos del bebé.
La mujer recurrió ante el Tribunal Constitucional después de que la
Audiencia Provincial de Málaga archivase su denuncia al considerar
prescritos los hechos. El Constitucional tampoco admitió su recurso de
amparo agarrándose a un formalismo. La resolución judicial explicaba que
la demanda no cumplía con la “ineludible” exigencia de justificar
expresamente la especial trascendencia constitucional del asunto. De
este modo, no se llegó a pronunciar sobre el fondo de la cuestión, que
es la prescripción que motivó el archivo de la investigación.
“La única esperanza que nos queda ya es que él —su hermano, que ahora
tendría 48 años— se identifique con su defecto de salud y nos encuentre
a nosotros”. Se refiere a la enfermedad congénita con la que nació su
hermano.
Este caso es el primero que llega al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en Estrasburgo e ilustra las dificultades con las que se
encuentran familias que se creen víctimas del robo de bebés,
fundamentalmente entre los años cincuenta y ochenta del siglo pasado.
El letrado de la familia y presidente de la Asociación SOS Bebés Robados,
Enrique Vila, asegura que ningún tribunal, tampoco el Constitucional,
ha entrado en el fondo del asunto. “Por eso alegamos ante el Europeo de
Derechos Humanos la falta de recursos efectivos, la nula protección
jurisdiccional de mi cliente y la falta de tutela judicial efectiva”,
añade el abogado. En su opinión, el Estado español “debe actuar en un
asunto tan grave como el de los bebés robados, y tiene que hacerlo a
través de los tribunales para defender el derecho que tienen estas
personas a unirse a sus familiares”.
La denuncia —presentada a finales de la semana pasada— reclama al
Estado el pago de una indemnización de 15.000 euros anuales y otros mil
euros diarios mientras los tribunales españoles no reabran el caso.
Las diferentes asociaciones de afectados por las adopciones
irregulares tienen registrados unos 1.500 casos de supuestos bebés
robados en toda España. Muchas de las denuncias presentadas están siendo
investigadas en los juzgados.
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