
La condena en segunda instancia
fue dictada por el Tribunal de Apelación de Milán el pasado 8 de mayo.
Se consideraba probado que el grupo audiovisual Mediaset evadió al fisco
alrededor de siete millones de euros —que envió a cuentas en el
extranjero— procedentes de los derechos de transmisión de películas
estadounidenses entre 2002 y 2003. Si bien la pena de cuatro años de
prisión se quedaría en uno por la llamada ley del indulto y
además podría ser descontada en arresto domiciliario o mediante trabajos
a favor de la comunidad, la inhabilitación a cinco años sí supondría,
de facto, el adiós de Berlusconi a la política activa. En teoría,
Berlusconi tendría que dejar su puesto de senador, no podría presentarse
a las elecciones ni liderar un partido que sin él está abocado al
fracaso. Pero eso solo es la teoría. La práctica suele ser más
complicada, sobre todo en Italia. Hay que tener en cuenta que, en caso
de condena, el Parlamento tendría que dar su aprobación, mediante
votación secreta, para que se cumpliera la sentencia. Y no hay que echar
en saco roto la capacidad de Berlusconi, y de su poderío político y
económico, para cambiar el curso de las votaciones.
En cualquier caso, en Roma se vive con pasión —y bajo un calor asfixiante— la última batalla de Il Cavaliere.
Sin minusvalorar la capacidad italiana para encontrar salidas donde no
las hay, las opciones que baraja la defensa son las siguientes. El
Tribunal Supremo podría absolver a Berlusconi o decidir que el proceso
se repitiese. También existe la posibilidad de que se confirmara el año
de cárcel —que en ningún caso tendría que cumplir dada su edad, 76
años—, pero que al mismo tiempo se rebajara el periodo de inhabilitación
para ejercer cargo público. La tercera opción sería aprovechar un
hipotético aplazamiento de la vista para ensayar otras estrategias y
lograr, de camino, una composición del tribunal más favorable a
Berlusconi. La ira del magnate se desató hace unas semanas cuando el
Tribunal Supremo decidió adelantar al 30 de julio la vista definitiva
sobre el caso Mediaset. Los magistrados intentaban de esta
forma que parte de los delitos que se juzgan no prescribiesen durante el
verano, dado que el proceso se remonta a siete años atrás, pero
Berlusconi —que esperaba tener más tiempo para armar su defensa— lo
atribuyó una vez más al intento desesperado de “los jueces comunistas”
por conseguir en los tribunales lo que los candidatos de la izquierda no
logran en las urnas. “Me quieren apartar de la política a toda costa,
pero si caigo yo, cae también el Gobierno”, es el estribillo que su círculo más cercano puso en un primer momento en la boca del magnate.
Gracias a una ensalada de leyes diseñadas a su medida, delitos
prescritos, amnistías, sentencias recurridas y testigos agradecidos a su
poderosa chequera, Silvio Berlusconi se las viene ingeniando para
evitar una condena definitiva. La sombra del magnate ha aparecido en los
últimos años alrededor de asuntos gravísimos relacionados con la Mafia,
la inducción a la prostitución de menores, las comisiones ilegales o
los fraudes económicos, pero el viejo zorro de la política italiana
—auxiliado por su gran imperio mediático— ha conseguido inocular en los
votantes de centroderecha una ecuación perversa: cuando sale absuelto,
los medios de su propiedad lo hacen aparecer como un inocente perseguido
por la justicia; si resulta condenado, el retrato es idéntico: no se le
juzga por los hechos, sino por su perfil político. Ahora, en cambio, la
situación parece haber llegado a un punto de no retorno.
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