Gabriela González, de 45 años, tiembla aún hoy cuando se le acerca un
uniforme. Se dio cuenta de esa secuela cuando un policía irrumpió en su
taller mecánico, Autosport, de la pedanía de Torrenueva (Motril,
Granada) para averiguar de dónde procedía el sonido de una alarma. Al
verle entrar, se descompuso y corrió al servicio. La imagen del agente
le hizo rememorar aquella mañana en que su marido la acompañó a una
estafeta de correos para recoger un paquete que su hermano Luis le había
enviado desde Uruguay, su país natal. La tarde anterior, alguien colocó
en su buzón una notificación para que fuese a recoger un envío postal.
Llevaba una semana esperándolo. Ella y su marido, Fernando Amador, de 49
años, madrugaron para estar los primeros en la estafeta de Motril, a
cinco kilómetros de Torrenueva. Fernando había quedado a las nueve de la
mañana con clientes para entregarles sus coches ya reparados. Alto y
bonachón, se quedó fuera esperándola: dejó el coche mal aparcado. Era el
23 de julio de 2010.
"Déjeme su documento de identidad", pidió el jefe de la oficina a
Gabriela. La miró a ella, luego el DNI y entró en un despacho. Regresó
enseguida e hizo un gesto a los dos policías de paisano situados
sigilosamente detrás de ella. La esposaron: "Queda detenida por tráfico
de drogas y contrabando...", la informó uno. La sacaron a la calle,
donde había dos coches policiales camuflados que acechaban a su marido.
Los agentes tuvieron que emplearse a fondo para ponerle a él los
grilletes.
Gabriela lleva 14 años en España. Tiene la nacionalidad y está casada
con Fernando, un granadino que en 2004 abandonó Barcelona para regresar
a su tierra, donde reformó una acogedora casa-cueva que se abre a la
bahía de Motril. El matrimonio regenta el único taller mecánico de
Torrenueva. Diez días llevaba la policía de Vigilancia Aduanera de
Motril tras sus pasos. Y pensaron que el paquete de la estafeta era la
prueba definitiva, corroborada por el narcotest, contra la pareja, que
acabó en los calabozos.
Los agentes la llevaron primero a su casa para un registro. De la
misma sustancia hallada en el paquete, ella guardaba un poco en un
frasco. De nada sirvieron sus explicaciones de que aquel polvo blanco
era su tratamiento homeopático contra su mielitis idiopática, que
dificultaba su caminar. Delante de ella, un policía asió una tira blanca
del narcotest, la untó con los restos de la sustancia que Gabriela
conservaba en casa y le esparció un espray que extrajo de un maletín.
"Si se pone de color rojo, es cocaína; si se pone azul, heroína", avisó
el agente a la pareja. El blanco de la tira empezó a adquirir pronto un
tono azulado que terminó consolidándose: "Es heroína", se ufanaron los
agentes, ante la atónita mirada del matrimonio.
Fernando no sabía qué decir. Mientras miraba la tira, cavilaba si
alguien habría metido droga en el paquete durante el viaje desde Uruguay
a Barajas, y de ahí a la Aduana de Motril. Y espetó:
—¿Pero cómo va a ser eso heroína, si mi mujer se toma una cucharada disuelta en agua todas las mañanas?
—¿Una cucharada? Eso es imposible —repuso un policía.
—Pues es así, y tras tomarla va al gimnasio una hora entera a hacer
ejercicio, elevó la voz Fernando. Traigan a un forense que le analice la
sangre y verán que ella no se droga —exigió.
Ni caso. La pareja se miraba sin saber cómo salir de ese calvario.
Los clientes se habían quedado esperando para recoger sus coches.
También pensaron en los vecinos (apenas 2.500 y todos se conocen).
—¿Sabe usted que esa droga vale 15.000 euros en el mercado negro? —dijo el fiscal a Gabriela.
—Pues muy tontos tienen que ser los dueños de la farmacia, porque yo
he comprado eso por 1.500 pesos uruguayos (unos 50 euros) —replicó la
mujer.
El gran argumento incriminatorio de la juez era que hubiesen traído
desde Uruguay una sustancia que, de ser lo que ellos decían, se puede
adquirir en España. Así que dedujo que era heroína. Pasadas las seis de
la tarde, quedaron en libertad con cargos y sin el pasaporte, y
perdieron unos billetes de avión para viajar a Uruguay. "Nos privaron de
la libertad. Para mí, aquello era la cárcel", se emociona Gabriela
durante su encuentro con EL PAÍS. Casi tres años después, sigue con
rabia en sus labios (desde aquello está en tratamiento psicológico).
La prensa aireó poco después la noticia de que se había interceptado
en Motril "un paquete con 220 gramos de heroína camuflada en
medicamentos homeopáticos". Durante toda esta odisea, si algo dolió
especialmente a la pareja fue la actitud de la familia de Fernando, que
vive en Cataluña. "Sin hablar con nosotros, se creyeron lo que decían
los periódicos. Y nos hicieron un vacío".
En los tres meses que permanecieron en libertad con cargos, Gabriela
no cesó de aportar pruebas exculpatorias al juzgado. Una y otra vez iba
para exigir que se remitieran de una maldita vez los polvos a un
laboratorio de Sanidad de Málaga para su análisis. Lo que debía
analizarse eran dos frascos en los que se podía leer GLUCALCH (que
contiene carbonato de calcio, gluconato de magnesio, ácido ascórbico y
caseinato de calcio). Un facultativo de Uruguay se lo había prescrito. Y
le iba bien para atemperar sus lesiones. "Cuando se me agotó el
tratamiento, le pedí a mi hermano que me enviase más, con la aprobación
del médico. Y eso hizo".
Casi tres meses tardó Vigilancia Aduanera, que culpa de ello al
juzgado, en remitir a Málaga la sustancia. Y apenas una semana empleó el
laboratorio en certificar que aquel polvo no contenía ninguna droga.
"¡Menudo narcotest!", se encrespa Gabriela. Pero no acabaron ahí sus
disgustos. Le costó muchos mareos lograr que el juzgado ordenase a la
policía la devolución de su tratamiento.
En los pasillos policiales se topó, cuenta Gabriela, con el ideólogo
de la operación, Miguel Algárate Heredia, jefe de Vigilancia Aduanera de
Motril. No le dijo nada. "Salí de allí con mucha rabia por la ineptitud
de este señor que, deseoso de ponerse medallas, atropelló a dos
inocentes que jamás han tenido contacto alguno con drogas", dice. Apenas
salió por la puerta, con sus frascos, volvió sobre sus pasos y se fue
hacia Algárate. Lo miró a los ojos y le dijo: "¿Es que ni siquiera se le
ha ocurrido a usted disculparse?". "Eso te pasa por traer medicación de
Uruguay", le espetó Algárate.
Ante tan "decepcionante" respuesta, Gabriela se mordió la lengua y se
marchó sin mirar atrás, llevándose "una indignación brutal y preguntas
sin respuesta". Por ejemplo: "¿Por qué demoró casi tres meses el
traslado a Málaga de los frascos para su análisis? Y, dado que nos
siguieron durante 10 días, ¿por qué no se aprovechó ese tiempo para
remitir una muestra del maldito polvo a Málaga antes de ponernos las
esposas?".
Posdata. Aun hoy, en la comisaría de Motril, permanecen en sus
ordenadores dos fichas policiales con el perfil y las huellas dactilares
de Gabriela y Fernando. Pese a que tienen un auto de archivo judicial,
en comisaría siguen toreándolos cuando piden que les "borren de allí y
eliminen sus fotos de semipresidiarios". "Es increíble que aún nos
tengan con antecedentes policiales", se indigna Gabriela. "Me han
marcado para siempre. Esto fue una arrogancia policial". Gabriela
denunció los hechos ante el Consejo del Poder Judicial, que culpa de lo
sucedido a la policía. El jueves pasado el Consejo desestimó su
solicitud de reparación del daño sufrido. Por todo esto, Gabriela
tiembla aun hoy cuando se le acerca un uniforme.
Ni perdón ni disculpas
Florencio Aguilera, responsable de Vigilancia Aduanera de Granada, considera un mero error la detención de Gabriela y Fernando al confundir la policía una sustancia homeopática con heroína. Y echa la culpa de la tardanza de tres meses en verificar que aquel polvo blanco no era heroína al Juzgado 3 de Motril. Entiende Aguilera que una detención de horas (más de 10) no es relevante, ya que, según explicó a este periodico, la actuación policial “se ajustó a derecho” y disponía del aval del narcotest “homologado”.Aguilera defendió al jefe de Vigilancia Aduanera de Motril, Miguel Algárate, quien alertó de la llegada desde Uruguay del paquete con la falsa heroína y pidió al juzgado que autorizase una entrega controlada de la sustancia al matrimonio cuando fuera a retirarla a Correos. Aguilera elogia encendidamente las muchas partidas de droga que ha decomisado Algárate en la costa granadina.
Aguilera da una respuesta estereotipada al matrimonio, que se queja de que nadie le ha pedido disculpas, y le insta a que denuncie si considera que se ha cometido un error. El Juzgado de Motril también rechazó dar una explicación.
A la pregunta de por qué tardó el juzgado tres meses en enviar la sustancia a Málaga para verificar si era heroína; la secretaria judicial responde:
— No tengo por qué hablar con ustedes; además, eso está bajo secreto de sumario [en realidad, el asunto ya estaba archivado].
— El matrimonio tiene derecho a una explicación, ¿no?
En tono amenazante, la secretaria pide el nombre al periodista (que se lo facilita) y se pone a escribir en su ordenador.
— ¿Me está abriendo diligencias?
La secretaria deja de escribir y suelta: “Fuera de aquí”.
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