Aquel 19 de febrero de 2010, Fernando Enrique Muñoz llamó a su
compañía telefónica para denunciar la pérdida de su móvil y bloquearlo.
El teléfono desapareció de su bolsillo durante la celebración de su
cumpleaños y este joven de 22 años, empleado de un taller, no quería que
los ladrones pudieran usarlo. Dos días después, el 21 de febrero, la
Policía de Elda (Alicante) lo devolvió a su padre. Había aparecido entre
algunos objetos robados esa misma madrugada. Unos individuos, a bordo
de un coche robado, habían embestido varios vehículos. Cuando sus
víctimas bajaron para comprobar los daños o hacer el papeleo, las
desvalijaron. A los pocos días, la policía detuvo a Fernando y una juez
lo condenó a 10 años de cárcel por esos robos basándose, precisamente,
en que su móvil estaba allí. Ningún juez le creyó cuando aseguró que
previamente lo había perdido. Hoy, cuando lleva un año y medio en
prisión, está en grado de demostrarlo.
Durante el proceso seguido en el juzgado de lo Penal número 8 de
Alicante y en el recurso que se estudió en la Audiencia de esa
provincia, el anterior abogado de Fernando intentó en vano que los
jueces aceptaran como prueba la factura telefónica del fijo de sus
padres en la que se recogía la llamada del 19 de febrero al número de
información de Orange (su compañía de teléfonos) con la que Fernando
solicitó el bloqueo del teléfono. “No tiene eficacia alguna el documento
aportado para justificar un presunto extravío (...) al no constar dato
alguno que permita asegurar que ha sido emitido por una compañía
telefónica”, aseguraron los magistrados de la sección segunda de la
Audiencia de Alicante, que no creyeron conveniente hacer ninguna otra
gestión con la compañía.
Después de enormes esfuerzos con la empresa, el pasado 7 de mayo, el
nuevo defensor de Fernando, Santiago Talavera, y los padres de este,
Fernando y Teresa, obtuvieron otro documento de la compañía en el que se
confirma lo que el joven siempre ha mantenido y nadie ha querido
escuchar. Que el 19 de febrero, dos días antes de los robos por los que
se le condenó, según él, injustamente, llamó a Orange para solicitar el
“bloqueo por hurto” de su móvil como dice el propio certificado. El
documento recoge también otra llamada del 21 de febrero —el día en que
se produjeron los robos y el que la policía le devolvió el teléfono—
solicitando que lo reactivaran al haberlo recobrado. Las siguientes
llamadas de Fernando a la compañía son ya para tratar de demostrar su
inocencia. El 21 de abril solicita un comprobante de que pidió el
bloqueo de su teléfono el 19 de febrero para demostrar que se lo
quitaron antes de los robos, algo que, hasta ahora, no había logrado.
Para poder condenar a Fernando, además de la presencia del móvil
entre los enseres robados que los ladrones abandonaron, los jueces
tuvieron en cuenta el testimonio de varias víctimas que lo señalaron
como autor. Las primeras fueron las tres mujeres que encontraron el
teléfono del joven a cinco kilómetros del lugar donde habían sido
atracadas. Las víctimas aseguraron que entre las fotos grabadas en el
aparato estaba la de Fernando y lo identificaron como uno de los
ladrones. Después ratificaron esa identificación en el juicio “sin
dudas”, según la sentencia.
Otras dos asaltadas también señalaron a Fernando como uno de los
delincuentes, aunque su acusación fue mucho más dudosa. Ambas aseguraron
que se correspondía con una de las fotos que les enseñó la policía
pero, al verlo durante el juicio, la primera sostuvo que aunque “no
podía” reconocerlo, estaba segura de que “tenía mechas rubias”, como él.
Su compañera mantuvo que el rubio, es decir, Fernando, se parecía mucho
al que los agentes le habían enseñado en foto. “El rubio se parece
muchísimo al de la foto”, declaró. “Por su altura no lo sé, pero por la
cara sí era él”, añadió. Y luego: “Parecía más de mi altura”. Es decir,
la cara de Fernando se parecía a la del ladrón, sobre todo por las
mechas rubias, pero ambos diferían en su envergadura.
No solo Fernando, sus padres -que incluso iniciaron una recogida de firmas presencial y en change.org-
y su abogado sostienen su inocencia. Feliciano Crelgo, el director de
la prisión en la que permanece internado, la de Villena, inició una
investigación por su cuenta ante la sospecha de que hubiera sido
injustamente encarcelado. Crelgo habló con la pesona que fue condenada
junto a Fernando por los robos, Israel Torres, y este le dijo que tanto
Fernando como otro sentenciado, Juan de Dios Díaz Moreno, no habían
participado en los hechos y que al primero no lo conocía de nada. Así lo
declaró el propio Crelgo en el juzgado de Instrucción 6 de Alicante
ante cuyo titular aseguró que no era habitual que hiciera gestiones de
este tipo: “En 33 años que llevo trabajando, es la primera vez que
pienso que un penado no ha participado en los hechos por los que ha sido
condenado”. Crelgo añadió que Fernando no tenía “nada que ver” con el
resto de internos. “Tiene un caracter apocado y su entorno y
circunstancias personales no tienen nada en común con el resto”.
Otro preso que no fue condenado por esos delitos, José Antonio
Amador, envió una carta al juzgado que condenó Fernando y a Israel, su
supuesto cómplice, en la que decía: “Juan de Dios Díaz Moreno y Fernando
Enrique Muñoz, fueron injustamente condenados, dicho sea con respeto,
al haberse equivocado la testigo en el reconocimiento que efectuó”.
Después añadía que el delito lo había cometido él mismo junto con Israel
Torres, sentenciado junto a Fernando, y otro preso que no fue juzgado
por esos hechos, José Manuel Cortés, que también se dirigió al juzgado
para asegurar que Fernando y Juan de Dios eran inocentes de esos robos,
aunque sin asumir él mismo la culpa.
Con todos esos testimonios, Santiago Talavera, el abogado de
Fernando, inició los trámites del recurso extraordinario de revisión en
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (el trámite que sirve para
revocar sentencias manifiestamente injustas). Pero el pasado 22 de
febrero, los magistrados Juan Saavedra, Joaquín Giménez y José Manuel
Maza denegaron la autorización para presentarlo al considerar que las
manifestaciones de los presos carecían de “aptitud suficiente” para
acreditar la inocencia.
En mayo, Fernando obtuvo, finalmente, una nueva prueba que
difícilmente podrá ser considerada, como las otras, insuficiente: el
documento de Orange que certifica que solicitó el bloqueo de su teléfono
al haberlo perdido dos días antes de que se produjeran los robos por
los que fue condenado. Con él, su abogado pedirá de nuevo al Tribunal
Supremo, el mes que viene, que autorice la revisión de su condena.
Porque, como dice el letrado, es imposible que él dejara allí entre
otros objetos robados, el aparato cuya desaparición había denunciado dos
días antes.
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