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viernes, 14 de junio de 2013

El fiscal concluye que Convergència recibió comisiones ilegales

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled considera que hay "indicios suficientes" para probar que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió de forma irregular a través del Palau de la Música. En un escrito de 37 páginas remitido al juez del caso Palau, el fiscal desgrana con todo lujo de detalles los delitos cometidos por Fèlix Millet y quien fue su mano derecha en la institución musical, Jordi Montull.
Uno de los puntos que aborda con mayor profusión es la financiación irregular del partido nacionalista. A juicio del fiscal, existió una "trama de comisiones ilícitas" que se pagaron a "personas con ascendencia política suficiente como para influir de forma determinante en organismos competentes para adjudicar obras públicas de envergadura". Sánchez Ulled ve acreditado que la constructora Ferrovial pagó comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obras como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro en el último gobierno de Jordi Pujol. En esos pagos, Millet y Montull ejercieron, presuntamente, como intermediarios.
Ferrovial efectuó "cuantiosos pagos", detalla el fiscal, con el único fin de "garantizarse un caudal relevante de adjudicaciones públicas" de organismos regidos por responsables de Convergència. Dos cargos de la empresa imputados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, según el escrito, realizaron los pagos "a espaldas del accionariado" y "abusando de sus facultades directivas" para establecer una "relación privilegiada" con CDC.
Sobre la implicación del partido, el fiscal precisa que se ha constatado la participación "como mínimo" del tesorero Carles Torrent (muerto en 2005), de su sucesor, Daniel Osácar, y del dirigente Jaume Camps. "En todo caso debieron necesariamente intervenir también altos responsables del partido político, que no han podido ser adecuadamente identificados". Los tesoreros se encargaban de que esos "altos responsables" ejercieran el "ascendiente" necesario sobre los cargos públicos vinculados al partido nacionalista para garantizar las adjudicaciones.
Ferrovial enmascaró los pagos al partido como patrocinios al Palau de la Música. El objetivo era que los fondos llegasen de forma "opaca" al partido. Los exresponsables de la entidad "prestaron la estructura económico-financiera" del Palau para enmascarar los pagos. El papel de la hija de Montull y exdirectora financiera del Palau, Gemma Montull, fue clave, ya que "podía controlar todos los mecanismos para el movimiento disimulado de los fondos".
"Bien partiera de CDC, bien de Ferrovial la iniciativa primera, lo cierto es que el acuerdo criminal era sencillo pero absolutamente demoledor: a cambio de importantes sumas dinerarias que se calcularían según un porcentaje del volumen de negocio que Ferrovial previera obtener u obtuviera con los entes públicos catalanes regidos por CDC, responsables de este partido, como mínimo los responsables de su tesorería, deberían prevalerse de tal posición política para asegurar que los órganos decisores en materia de adjudicación de obra pública autonómicos y locales generaran un flujo constante de contratación favorable a la empresa", detalla el fiscal.
Además de las comisiones ilegales a CDC, el fiscal detalla en otros cinco apartados todas las irregularidades cometidas en el seno del Palau: el expolio de la institución en beneficio personal de Millet y Montull; los pagos a terceros sin relación con las finalidades del Palau; la confección de documentos falsos, las operaciones inmobiliarias y el fraude a Hacienda.
En el informe remitido al titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, el fiscal considera que la investigación debe "darse por concluida" y pide al juez que dicte "inmediatamente" un auto de procedimiento abreviado, que es el paso previo para abrir juicio oral. Sánchez Ulled solicita que se archive la causa contra una serie de personas que, a su juicio, no han cometido ningún delito: Marta Vallès, esposa de Millet; Mercè Mir, esposa de Montull; Elisabet Barberà, secretaria personal de Millet; y Emilio Vidal, responsable de GPO, entre otros.

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