El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha declarado como
culpable el concurso de acreedores de Marsans, lo que supone que Gerardo Díaz Ferrán, Ángel de Cabo y los herederos de Gonzalo Pascual, ya fallecido, deberán hacer frente a 400 millones de euros de deuda del grupo turístico.
No obstante, la designación de los herederos de Gonzalo Pascual está pendiente, ya que el 3 de diciembre de 2012 sus hijos presentaron en el Juzgado las escrituras de renuncia a la herencia.
Asimismo, su viuda hizo lo mismo el pasado 18 de enero, aunque ella sí
está en concurso por haberse casado en régimen de gananciales.
En su sentencia, el magistrado condena a todos ellos a la pérdida de
los derechos que pudieran tener como acreedores concursales de la
empresa, por lo que deberán "cubrir en su integridad el déficit
patrimonial de Viajes Marsans" en la parte que no sea satisfecha por la
liquidación de la sociedad.
Además, el ex presidente de la CEOE queda inhabilidado por 15 años. Esto supone que Díaz Ferrán, en prisión
preventiva desde el pasado 5 de diciembre por la "Operación Crucero" en
la que se investiga el vaciamiento patrimonial de Marsans, le impedirá
"administrar bienes ajenos" o "representar o administrar a cualquier
persona".
Irregularidades y vaciado de patrimonio
El concurso se clasifica como culpable "cuando en la generación o
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave
del deudor".
En el caso de Marsans, la juez dice que hubo irregularidades contables relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de Marsans, inexactitudes graves en la documentación aportada con la solicitud del concurso, una salida fraudulenta del patrimonio de la empresa entre junio de 2008 y junio de 2010 y actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia.
La magistrada también subraya la tardanza por parte de los dueños de
Marsans en solicitar el concurso y su falta de colaboración con la
administración concursal.
Así se recoge en la sentencia emitida por la juez Ana María Gallego.
Durante la instrucción, la magistrada ya decretó el embargo de bienes de
los afectados, ante la alta probabilidad de que el concurso fuera
declarado culpable.
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