domingo, 30 de junio de 2013
Fidel Castro envía carta a Daniel Ortega
El dinero cobrado por las ‘cláusulas suelo’ abre otro frente judicial
Un golpe millonario a las tres entidades juzgadas, un alivio para los
consumidores afectados. A bote pronto, esa fue la consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo
que declaró nulas las cláusulas suelo incorporadas sin la suficiente
información para que los clientes evaluaran su impacto. Pero la cosa no
ha quedado ahí. Esta semana, el Banco de España
ha pedido al resto del sector que justifique si sus cláusulas suelo se
ajustan a los exigentes requisitos del Supremo. En caso contrario, deben
eliminarlas. Y otras decisiones judiciales dan una nueva dimensión al
caso: las que, además de anular las cláusulas, condenan a las entidades a
devolver el dinero cobrado de forma indebida.
Al mismo tiempo que declaraba nulas las cláusulas suelo que BBVA, NCG
Banco y Cajamar incorporaron sin la suficiente transparencia, el
Supremo —a instancias de la fiscalía— procedió a “declarar la
irretroactividad” de su sentencia. La banca lo interpretó como el punto
final al debate sobre si tendrían que devolver dinero a clientes que no
pudieron beneficiarse en sus cuotas hipotecarias de la bajada del
euríbor por la existencia de esas cláusulas. Bastaron unas semanas para
comprobar que en los juzgados mercantiles el debate sigue abierto.
Desde la sentencia del Supremo, el 9 de mayo, se han divulgado varios fallos
que ignoran la conclusión del Alto Tribunal sobre la irretroactividad
de la anulación de las cláusulas suelo. Este periódico ha localizado 13
resoluciones sobre el asunto. En todas, se siguen las nuevas directrices
del Supremo para anular las cláusulas, pero solo dos (el Juzgado número
2 de Madrid y la Audiencia Provincial de Cádiz) se ajustan a ese guión
para denegar la devolución del dinero. En las otras 11, se condena a las
entidades a restituir las cantidades que los clientes demandantes
pagaron de más en los últimos años.
Abrió fuego la magistrada de un juzgado de Ourense, cuatro días
después de la sentencia del Supremo, en la que se apoyó para anular una
cláusula suelo aplicada por NCG Banco. Pero desoyó al Alto Tribunal para
condenar a la entidad a devolver los 7.987 euros que cobró de más a sus
dos clientas desde 2004. El resto de sentencias son de juzgados de
Almería, Cáceres, Bilbao (2), Málaga (2), y Barcelona (4). Incluyen
tanto a las tres entidades afectadas directamente por el fallo del
Supremo (BBVA, NCG y Cajamar) como a otras (Sabadell, Popular, Unnim,
Liberbank o Ipar Kutxa). Y las cantidades devueltas oscilan entre los
2.000 y los 12.000 euros.
Impacto multimillonario
“La sentencia del Supremo establece que no hay retroactividad, otros han estimado otra cosa, pero en líneas generales el criterio está claro”, sostuvo el jueves Pedro Pablo Villasante, secretario general de la Asociación Española de Banca. Villasante no solo se aferró al Alto Tribunal para despejar la mayor amenaza para el sector, sino que insistió en que “hay que evitar que se extienda la duda”. “El Supremo solo ha anulado las cláusulas suelo que no se comercializaron debidamente en tres entidades”, insistió.BBVA, NCG Banco y Cajamar entendieron que la sentencia del Supremo abocaba a la anulación de sus cláusulas suelo, una decisión que, según fuentes bancarias, ha causado resquemor en otras entidades. BBVA encabezó este movimiento al anunciar que suprimía la cláusula suelo de 425.000 contratos hipotecarios. Y anticipó una caída de ingresos cercana a los 420 millones de euros anuales por la eliminación de esa condición. En el caso de NCG (90.000 clientes) y Cajamar (100.000), el impacto anual ronda los 100 millones.
El Santander no comercializa cláusulas de este tipo, lo que deja a BBVA como la entidad más afectada, con casi un 25% de las hipotecas con estas condiciones (en 2010 había 1,7 millones de contratos con cláusulas suelo). Según varias consultoras, Popular y Sabadell también tendrían un impacto significativo en sus cuentas si anulan (o les fuerzan a anular) las cláusulas suelo; la incidencia sería menor en Caixabank y Bankia.
En total, la supresión de la cláusula suelo reduciría los ingresos anuales del sector en unos 1.000 millones, una factura que engordaría si los fallos que condenan a la devolución de las cantidades cobradas de forma indebida acaban siendo firmes. Otra forma de verlo es que ese es el dinero que recuperan los clientes, aunque las entidades avisan: encarecerán el crédito.
José María Fernández Seijo, titular del Juzgado número 3 de lo
Mercantil de Barcelona, destaca que, desde marzo, ante la proximidad del
fallo del Supremo, el goteo de demandas no cesa, “hasta 200
reclamaciones a la semana” en los juzgados barceloneses.
“Esto no ha hecho más que empezar”, afirma Jesús Garriga, delegado en
Galicia de Ausbanc —la asociación cuyo recurso motivó la sentencia del
Supremo—, y abogado de las clientas que ganaron el juicio de Orense.
Garriga sostiene que los juzgados mercantiles se despegan del Supremo en
este punto, “porque solo están vinculados por la ley, y lo que dice el
Código Civil es que si una cláusula se declara nula, debe considerarse
como no puesta”. “Es razonable que, en casos concretos, haya dudas sobre
los efectos de la sentencia del Supremo”, concede el juez Fernández
Seijo.
Para limitar la retroactividad a la que aboca el Código Civil, el
Supremo argumentó que los bancos no habían actuado de mala fe, que
siguieron las normas. Y que la restitución generalizada del dinero
cobrado de más por la banca “generaría el riesgo de trastornos graves
con trascendencia al orden público económico”.
Francisco Pertíñez, profesor de Derecho Civil en Granada, sintetiza
argumentos de las sentencias “disidentes”: “La ley está por encima de la
jurisprudencia, aquí no hay ninguna laguna legal, el Supremo puede
interpretar la norma, no tergiversarla”. Pertíñez añade que “el Supremo
se pronunció sobre una acción colectiva de cesación”, que pedía que
condenara a las entidades a dejar de aplicar la cláusula suelo. “No
tenía porqué decir nada sobre la devolución de dinero”.
El profesor de la Universidad de Granada, que ha hecho un informe
para Unive —despacho de abogados que representa a clientes en la demanda
colectiva de Adicae contra un centenar de entidades—, cree que “tanto
la falta de la transparencia, como la retroactividad deben verse caso a
caso”. Es el criterio que acaba de utilizar un juez de Bilbao: “En el
presente caso, que es lo único que debe resolver este juzgador, no puede
decirse que devolver al demandante el importe reclamado, 11.973 euros,
pueda tener ningún riesgo de trastorno grave con trascendencia al orden
público económico”.
“Lo que no se puede es aplicar la ley del embudo. Aplicar la
sentencia del Supremo para declarar que una cláusula es nula, y no
aplicarla cuando lo que se decide es si hay que restituir el dinero”,
discrepa Jesús Alfaro, catedrático de Derecho Mercantil de la Autónoma
de Madrid. Alfaro es crítico con los argumentos dados por el Supremo
para decantarse por la irretroactividad, pero también con que entrara a
juzgar de forma colectiva la transparencia en miles de contratos. “Las
cláusulas suelo de BBVA y de NCG Banco no tienen nada que ver”, añade
Fuentes jurídicas del sector financiero defienden que la sentencia
del Supremo debe aplicarse en su integridad. Y recalcan que el fallo se
tomó en Pleno, con el voto a favor de los 13 magistrados. Destacan
además que el primer pronunciamiento de una audiencia provincial, la de
Cádiz, es contrario a devolver el dinero.
Es en esa segunda instancia, tras los recursos, donde se ventilará el
caso. Y también ha habido otras audiencias provinciales, como la de
Cáceres, que han atendido las demandas de devolución de dinero antes
incluso del fallo del Supremo. Si la discrepancia se mantiene, el caso
volverá a colocarse a tiro de piedra del Supremo. Hasta entonces —y la
primera sentencia del Alto Tribunal llegó tres años después de la
demanda inicial—, persistirá la incertidumbre sobre el presente y el
pasado de las cláusulas suelo.
El presidente de Ecuador dice que Joe Biden le llamó para pedir que su país no diera asilo a Edward Snowden
Rafael Correa ha asegurado este sábado que el destino de Edward
Snowden - el joven exasesor de la inteligencia EE UU que denunció el espionaje masivo por parte de EE UU
- se encuentra en estos momentos “en manos de las autoridades rusas”,
puesto que su Gobierno no puede tramitar la solicitud de asilo hasta que
se encuentre en territorio ecuatoriano. El preside ecuatoriano ha hecho
estas declaraciones en la televisión ecuatoriana, en una jornada en la
que se ha referido a la situación del analista informático en distintas ocasiones.
En otra intervención televisiva, Correa reconoció que el cónsul
ecuatoriano en Londres, Fidel Narváez, expidió un salvoconducto de
refugiado al estadounidense, pero aseguró que fue una decisión
individual de este funcionario y que su Gobierno no conocía de este
hecho. En consecuencia, Correa anunció una sanción para el cónsul por su
ligereza. “Se extralimitó en sus funciones ese cónsul, tendrá la
sanción del caso”, dijo Correa y añadió que el documento expedido no
tiene validez.
Las declaraciones de Correa fueron una especie de respuesta a la cadena de televisión Univisión, que el jueves pasado publicó en su portal de noticias una copia del salvoconducto
ecuatoriano que poseía Snowden y que lo habría ayudado a viajar hasta
Moscú. La noticia de la cadena de noticias daba entender que el
presidente conocía del hecho y esto fue lo que Correa negó
reiteradamente y pidió a Univisión que probara su afirmación.
Siguiendo con el recuento del caso Snowden, el mandatario ecuatoriano
dijo que el viernes pasado recibió una llamada del vicepresidente de
Estados Unidos, Joe Biden, que le emplazó a rechazar la solicitud de asilo del extrabajador de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Correa relató parte de la conversación que mantuvo con Biden: “El me
decía: ‘el Sr. Snowden es fugitivo de la justicia americana, no tiene
pasaporte’. Y yo le dije que los Isaías son fugitivos de la justicia
ecuatoriana y tampoco tienen pasaporte y no nos lo extraditan”.
Los hermanos William y Roberto Isaías fueron los del dueño de un
banco que fue intervenido por el Estado entre 1998 y 1999, pero un año
después, en la víspera de la mayor crisis financiera en Ecuador, se
fugaron a Estados Unidos. En 2012 fueron condenados por un tribunal
ecuatoriano a 8 años de prisión por malversación del dinero público.
Sin embargo, el presidente ecuatoriano señaló que la conversación
telefónica fue muy cordial y aseguró que le agradeció su llamada. “Le
dije que apreciamos mucho a Estados Unidos, que no hemos buscado esta
situación. Que no la tome como que somos antiestadounidenses, que es lo
que trata de posicionar cierta prensa de mala fe”. También aseguró que
transmitió a Biden el mensaje de que si Snowden llega a suelo
ecuatoriano “por supuesto a los primeros en preguntarle su opinión será a
Estados Unidos”.
Adiós a la velinocracia
Las últimas imágenes de Silvio Berlusconi dejan un suave estupor
entre quienes asistíamos con esperanza al intento siempre agónico de
desbaratar la vejez. Empezaron a marchitársenos las flores cuando se
descubrió que el pelo era resultado de un spray: Silvio se había trasplantado un graffiti.
No hay ahora datos para certificar que Berlusconi haya alcanzado un
pacto con el diablo, y si lo hizo, el diablo lo está quemando en una
hoguera de viejos boyscouts mientras canta "madre anoche en las
trincheras" y le echa el ojo, camuflado entre ellos con sonrisa aviesa, a
otro pobre hombre. A Berlusconi la cara se la ha ido desvaneciendo en
una suerte de máscara en la que apenas sobrevive nada, acaso dos arrugas
muy concretas, casi invisibles, que con empeño suicida consiguen
levantar los rasgos para que a Berlusconi no se lo lleve la grúa
municipal. Es como si de alguna manera Berlusconi hubiese querido ser
aquello que tanto amó: velinas jóvenes y vulgares que sonríen cuando les
tiras de una cuerda. Está cerca de la estación final; de la misma manera que Michael Jackson consiguió ser blanco, Berlusconi ya es casi mujer. Una mezcla lentísima de Zsa Zsa Gabor y un cantante de crucero de zapatos impolutos que sólo canta bises.
Su última sentencia –el ritmo judicial de Berlusconi es variopinto y siempre hay que prestar atención a los contraanálisis, como en el Tour, pues cambia el resultado un año después- lo condena por prostitución de menores. Incide no en el empresario tentacular de la política que dominó el país a sus anchas utilizando a los medios como escoba propia para barrer a la oposición y esconder sus corruptelas bajo la alfombra, sino en el pajillero, en el salidillo, en el gracioso que siempre tiene un chiste de tetas a mano. Es una sentencia buena para todos y debería extenderse incluso a quienes asedian a mayores de edad. No hay imagen más estridente que la de un hombre sugiriéndose rupestremente a una mujer. No hay nada menos estupendo y agotador que ese amigo incapaz de cerrar la boca dejando claro cosas que nadie, mucho menos ella, querría saber. Ligar, por culpa de gente así, es una cosa chusquísima, una degeneración constante. Salir de copas con Berlusconi. Llegar a un pub con Berlusconi. Berlusconi haciendo cola con las chicas en el baño mientras les canta canciones, cuenta anécdotas, hace aspavientos generosos y le mete, apretando un botón secreto, una altura más a las alzas. Berlusconi pidiéndole una copa a una camarera mientras intenta sonreír, aterrado, y todos en el bar poniéndonos a cubierto para evitar un grapazo. No sé si me explico: prefiero morirme de sobredosis media hora antes de llegar a una fiesta con Berlusconi. Sobredosis y un tiro en la cabeza si sé que va a ir a la fiesta con guitarra.
No ha habido una mujer en los últimos treinta años que se haya acercado a Berlusconi y éste no haya reparado públicamente en su belleza. Eso se ha traducido en una escena singular: Silvio prorrumpe en un piropo verde y acto seguido se arrepiente cómicamente mordiéndose los labios como si no se hubiera podido controlar; cuando esto ocurre sólo se echa de menos al Samur llevándoselo con mascarilla. Hay una cosa muy primitiva, muy cateta, en gesticular delante de una mujer para hacerle ver que está buenísima, pero a veces, si uno es sutil, se consigue con una mirada o un fruncido elegante. A Silvio Berlusconi sólo le faltaba sacarse la pirola y agitarla en círculos como el lazo de un vaquero en el rodeo. Por eso Obama, cuando el italiano se dirigió a Michelle inflando los carrillos y extendiendo las manos como si le estuviese calibrando la cadera, puso cara de ordenar cuatro cabezas nucleares apuntando a Palermo.
Berlusconi ha hecho de la campechanía un rasgo obsceno asentado en bon vivant, pero en lugar de echarse al noble vicio de la autodestrucción rockera, tan literario, lo ha centrado en el sexo. En los bajos de Villa Certosa diseñó la velinocracia, una forma de gobierno consistente en infiltrar en los ministerios tías buenas que querían hacer fortuna en la televisión y casi acaban, las pobres, como presidentas de la República. Berlusconi se ha asfixiado entre sus piernas; Berlusconi, rodeado de chicas disfrazadas de curas y Ronaldinhos, en un trasiego del que no cuesta imaginárselo desnudo de cintura para arriba con una sierra eléctrica, pedía en la puerta el carné como en una discoteca pero para no dejar pasar a las mayores. Ahora, que las ha convertido de prostitutas a mantenidas, que aceptó el juego de que él pagaba por un francés y ellas se reían de su vejez por la espalda, señala a la habitual conspiración feminista internacional que siempre se organiza cuando un primer ministro le paga a una menor para acostarse con ella. Porque el piropo, las proposiciones y el constante acecho de un culo, además de ser estresante y coñazo, tiene esa viscosidad propia de la intimidación del poder. La seguridad de que, si Berlusconi fuese bedel, no se atrevería a mirarle al escote a la consejera delegada salvo para alabarle el crucifijo y acaso besárselo con fervor.
Se dirá que una sociedad debe extirpar de ella a los corruptos, pero más urgente aún es sacarle de delante a los puteros. No al putero desconsolado que prolifera entre ayunos, ese putero que acude al club a media tarde como a una ceremonia religiosa rascándose apurado el bolsillo (aquel Sito al que dejamos en la puerta de un burdel porque quería "tomar una copa" y a las seis horas se despidió el dueño de él en la puerta llamándole "don Andrés"), sino al putero poderoso que al final de la fiesta se encuentra con que todo, hasta el amor de los terceros, lo ha pagado él. Berlusconi ha pagado todo lo que le rodea desde tiempos inmemoriales y cuando eso ocurre al final uno en lugar de pedir la hora pide directamente el precio. No sabe ya que hay cosas que pueden ser gratis o que a veces los otros prefieren ser los que las paguen, acaso porque se pierde la consciencia de que fuera de él corre el dinero, o la suerte, o el talento. Deja de entenderse lo básico: si se asume que la felicidad la da el dinero, cualquiera puede destruirla fácilmente con un poco más.
En esas últimas imágenes que llegan de él por agencias con la misma textura que las fotografías de Marte se observa a Berlusconi inalterable, clausurado por el bótox. Al contrario de lo que ocurre en España, lo mejor que pueden hacer en Italia es trasladarlo como bien nacional al Museo de Cera en un acto de homenaje una tarde muy soleada de agosto, como en las bodas reales, pero en carretilla, mientras saluda horrorizado a la muchedumbre.
Su última sentencia –el ritmo judicial de Berlusconi es variopinto y siempre hay que prestar atención a los contraanálisis, como en el Tour, pues cambia el resultado un año después- lo condena por prostitución de menores. Incide no en el empresario tentacular de la política que dominó el país a sus anchas utilizando a los medios como escoba propia para barrer a la oposición y esconder sus corruptelas bajo la alfombra, sino en el pajillero, en el salidillo, en el gracioso que siempre tiene un chiste de tetas a mano. Es una sentencia buena para todos y debería extenderse incluso a quienes asedian a mayores de edad. No hay imagen más estridente que la de un hombre sugiriéndose rupestremente a una mujer. No hay nada menos estupendo y agotador que ese amigo incapaz de cerrar la boca dejando claro cosas que nadie, mucho menos ella, querría saber. Ligar, por culpa de gente así, es una cosa chusquísima, una degeneración constante. Salir de copas con Berlusconi. Llegar a un pub con Berlusconi. Berlusconi haciendo cola con las chicas en el baño mientras les canta canciones, cuenta anécdotas, hace aspavientos generosos y le mete, apretando un botón secreto, una altura más a las alzas. Berlusconi pidiéndole una copa a una camarera mientras intenta sonreír, aterrado, y todos en el bar poniéndonos a cubierto para evitar un grapazo. No sé si me explico: prefiero morirme de sobredosis media hora antes de llegar a una fiesta con Berlusconi. Sobredosis y un tiro en la cabeza si sé que va a ir a la fiesta con guitarra.
No ha habido una mujer en los últimos treinta años que se haya acercado a Berlusconi y éste no haya reparado públicamente en su belleza. Eso se ha traducido en una escena singular: Silvio prorrumpe en un piropo verde y acto seguido se arrepiente cómicamente mordiéndose los labios como si no se hubiera podido controlar; cuando esto ocurre sólo se echa de menos al Samur llevándoselo con mascarilla. Hay una cosa muy primitiva, muy cateta, en gesticular delante de una mujer para hacerle ver que está buenísima, pero a veces, si uno es sutil, se consigue con una mirada o un fruncido elegante. A Silvio Berlusconi sólo le faltaba sacarse la pirola y agitarla en círculos como el lazo de un vaquero en el rodeo. Por eso Obama, cuando el italiano se dirigió a Michelle inflando los carrillos y extendiendo las manos como si le estuviese calibrando la cadera, puso cara de ordenar cuatro cabezas nucleares apuntando a Palermo.
Berlusconi ha hecho de la campechanía un rasgo obsceno asentado en bon vivant, pero en lugar de echarse al noble vicio de la autodestrucción rockera, tan literario, lo ha centrado en el sexo. En los bajos de Villa Certosa diseñó la velinocracia, una forma de gobierno consistente en infiltrar en los ministerios tías buenas que querían hacer fortuna en la televisión y casi acaban, las pobres, como presidentas de la República. Berlusconi se ha asfixiado entre sus piernas; Berlusconi, rodeado de chicas disfrazadas de curas y Ronaldinhos, en un trasiego del que no cuesta imaginárselo desnudo de cintura para arriba con una sierra eléctrica, pedía en la puerta el carné como en una discoteca pero para no dejar pasar a las mayores. Ahora, que las ha convertido de prostitutas a mantenidas, que aceptó el juego de que él pagaba por un francés y ellas se reían de su vejez por la espalda, señala a la habitual conspiración feminista internacional que siempre se organiza cuando un primer ministro le paga a una menor para acostarse con ella. Porque el piropo, las proposiciones y el constante acecho de un culo, además de ser estresante y coñazo, tiene esa viscosidad propia de la intimidación del poder. La seguridad de que, si Berlusconi fuese bedel, no se atrevería a mirarle al escote a la consejera delegada salvo para alabarle el crucifijo y acaso besárselo con fervor.
Se dirá que una sociedad debe extirpar de ella a los corruptos, pero más urgente aún es sacarle de delante a los puteros. No al putero desconsolado que prolifera entre ayunos, ese putero que acude al club a media tarde como a una ceremonia religiosa rascándose apurado el bolsillo (aquel Sito al que dejamos en la puerta de un burdel porque quería "tomar una copa" y a las seis horas se despidió el dueño de él en la puerta llamándole "don Andrés"), sino al putero poderoso que al final de la fiesta se encuentra con que todo, hasta el amor de los terceros, lo ha pagado él. Berlusconi ha pagado todo lo que le rodea desde tiempos inmemoriales y cuando eso ocurre al final uno en lugar de pedir la hora pide directamente el precio. No sabe ya que hay cosas que pueden ser gratis o que a veces los otros prefieren ser los que las paguen, acaso porque se pierde la consciencia de que fuera de él corre el dinero, o la suerte, o el talento. Deja de entenderse lo básico: si se asume que la felicidad la da el dinero, cualquiera puede destruirla fácilmente con un poco más.
En esas últimas imágenes que llegan de él por agencias con la misma textura que las fotografías de Marte se observa a Berlusconi inalterable, clausurado por el bótox. Al contrario de lo que ocurre en España, lo mejor que pueden hacer en Italia es trasladarlo como bien nacional al Museo de Cera en un acto de homenaje una tarde muy soleada de agosto, como en las bodas reales, pero en carretilla, mientras saluda horrorizado a la muchedumbre.
Bárcenas comparte celda
Miguel Blesa, Gerardo Díaz Ferrán, Ángel de Cabo… y el último en llegar, el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Algunos de los presos económicos más ilustres han ido a parar a la
macroprisión de Soto del Real (Madrid), la primera cárcel tipo que se
construyó en España, en 1995, para sustituir a la de Carabanchel, y en
la que Bárcenas, hasta ahora, ha recibido el trato habitual: foto,
huella dactilar, entrega de los objetos de valor, primera evaluación del
trabajador social, el médico y el psicólogo, y entrada en el módulo de
ingresos, donde el extesorero ha compartido celda con otro preso.
La labor del psicólogo es averiguar hasta qué punto el preso asume el
delito. En el caso de reclusos de perfil económico, muy bien asesorados
por sus abogados y aún sin condena, es difícil que cometan el desliz de
reconocer nada ante un funcionario. El terapeuta valora también la
fortaleza mental del interno y si está derrumbado por haber entrado en
prisión. Algunos no solo no demuestran una confianza insólita en sí
mismos, sino que se permiten, como hizo José Bretón, recomendar un libro
de autoayuda al psicólogo.
Por otro lado, el trabajador social valora la situación familiar. Con
esta información se configura el perfil y se les envía a un módulo
concreto. Blesa, Díaz Ferrán, Bárcenas... son presos sin condenas
previas, por lo que conviven con internos que han delinquido por primera
vez y con un perfil más o menos normalizado. Podrían ser candidatos a
un módulo de respeto (donde los internos tienen más libertad a cambio de
más responsabilidad). Deben repartirse las tareas, la limpieza... Pero
no vale para todos. Uno de los presos de los ERE acabó en uno ordinario
por su carácter beligerante y poco colaborador.
Bárcenas tendrá derecho a 10 llamadas de cinco minutos por semana, a
meter un máximo de 100 euros cada siete días en la tarjeta para sus
gastos y a recibir una visita de 40 minutos a la semana a través de
locutorio. Una vez al mes, al menos, tendrá acceso a un vis a vis íntimo
y a otro familiar.
Soto tiene 14 módulos con 72 celdas y dos plantas cada uno junto a
tres edificios más: aislamiento, enfermería e ingresos. Se trata de una
cárcel con mucho tránsito a la que llegan en primera instancia todos los
presos preventivos de los juzgados de Plaza de Castilla y gran parte de
los de la Audiencia Nacional, aunque luego pueden ser trasladados a
otra cárcel.
Cada uno de los módulos de esta miniciudad carcelaria tiene un
gimnasio pequeño, un patio, un comedor, una sala de estar con una tele y
un futbolín, un economato y aulas para los talleres. Hay un
polideportivo para toda la prisión al que pueden acudir el día asignado.
Las celdas, de 10 metros cuadrados y equipadas para dos personas —se
comparte o no dependiendo de la ocupación carcelaria y de la
recomendación de los técnicos para cada preso —, tienen una litera,
mesa, estanterías, dos sillas, un espacio para dejar los enseres, una
ducha, un váter, un lavabo y una pequeña ventana. Sin puerta para el
baño que deje cierta intimidad. Dentro de la celda pasan unas 12 horas
al día con su compañero. A las 8 de la mañana las abren, y, después del
aseo y limpieza, se sirve el desayuno sobre las ocho y media. Por la
mañana se pueden hacer actividades o estar en las zonas comunes hasta la
hora de la comida, entre una y una y media. Después, los presos
regresan a la celda para descansar, vuelven a salir otro rato por la
tarde y la cena se sirve en torno a las 20 horas. A las 21.30 las
puertas de las celdas se cierran hasta el día siguiente.
Presos por delitos económicos de este tipo, con abultadas cuentas
corrientes y acostumbrados a mandar, suelen tardar en asumir que pueden
estar en prisión mucho tiempo y suelen pasar por una primera fase en la
que rechazan las actividades confiando en que su paso en prisión será
muy breve. En el caso de Blesa, así ha sido. Pero otros tienen una
situación bastante más complicada.
Los secretos y papeles de Bárcenas amenazan al Partido Popular
Luis Bárcenas ingresó el pasado jueves en la cárcel
de Soto del Real (Madrid). Con 56 años, ha pasado casi la mitad de su
vida alrededor, junto o al frente de la caja fuerte donde el Partido
Popular guardaba su dinero y alguno de sus secretos financieros
inconfesables. Nadie acumula en el partido tantos conocimientos sobre
las finanzas de la formación política que hoy gobierna España con un
poder casi absoluto.
De todas las hipótesis posibles en relación con la evolución del caso Gürtel, la del extesorero en prisión preventiva era la que más preocupaba
a una parte significativa de la cúpula del Partido Popular. Desde que
Suiza remitió, en diciembre del año pasado, las primeras informaciones
oficiales sobre la fortuna oculta del extesorero en el Dresdner Bank, en
el PP había un temor creciente ante la posibilidad de que el juez Pablo
Ruz, instructor del caso, dictase un auto de prisión contra Luis
Bárcenas. Pero nadie quería creer que el temor se convirtiera en
realidad.
Lo que el extesorero del PP sabe sobre supuestas prácticas ilegales
del partido, y lo que está dispuesto a contar en una situación extrema
—como la que puede vivir encerrado entre los muros de la cárcel de Soto
del Real— mantiene al PP inquieto, preocupado y dividido.
El extesorero del PP, según han explicado a EL PAÍS fuentes de su
entorno, guarda numerosa documentación que probaría, sin margen de duda,
la financiación ilegal de esta formación política en distintas campañas
electorales; implicaría a distintos dirigentes de la cúpula en negocios
al margen de la ley y comprometería a una decena de empresarios
vinculados a este partido, que apoyaron con dinero no declarado la
financiación de la formación conservadora en momentos de especial
interés.
Cuando su imputación en el caso Gürtel estaba tramitándose
en el Tribunal Supremo, en el verano de 2009, Luis Bárcenas sacó de la
sede central del partido, en la calle de Génova, 13, en Madrid, una
serie de carpetas con abundante documentación. Su intención era utilizar
ese material, que él controló durante 20 años como gerente y tesorero
del partido, para defenderse del acoso judicial, en la creencia de que
su amenaza de “tirar de la manta” activaría todos los mecanismos en el
partido para protegerle de jueces, fiscales y policías.
Con Luis Bárcenas en la cárcel, esa amenaza de chantaje crece, aunque
el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, asegure en
público que no le preocupan las maniobras de su extesorero. Hasta hace cuatro meses, el PP protegía a Bárcenas, incluso con un sueldo que nadie más cobraba en el partido. Sus fondos en Suiza le han convertido en un apestado, aunque todavía no para todos.
Las posibilidades de que Luis Bárcenas implique al PP en sus problemas con la justicia son varias:
» Financiación ilegal, campañas con sobrecoste. Luis
Bárcenas, según ha podido comprobar este periódico, guarda los
certificados bancarios de los ingresos que hicieron distintos
empresarios al partido en campañas electorales —bien nacionales, bien
autonómicas— en las que los gastos se dispararon muy por encima de los
permitido por la ley. El PP tuvo que remitir al Tribunal de Cuentas,
según la documentación que maneja el extesorero, una información parcial
de los gastos realizados, que en realidad fueron muy superiores a los
declarados oficialmente. Ese presupuesto extra que el PP utilizó en
distintas campañas fue financiado con aportaciones de empresarios por distintas vías,
unas aparentemente legales y otras totalmente opacas, según las pruebas
que maneja Bárcenas y a las que ha tenido acceso este periódico.
» Empresarios comprometidos. Es una situación parecida a la que registran los cuadernos de Bárcenas,
donde el extesorero anotó de su puño y letra, según el informe pericial
de la policía, donaciones ilegales por 7,3 millones de euros a lo largo
de casi diez años. El antiguo responsable de los fondos del partido
empleó una parte del dinero en gastos de funcionamiento ordinario del PP
y en el supuesto pago de sobresueldos a la cúpula.
Y el resto lo legalizó ingresándolo en la cuenta exclusiva para los
donativos que tenía en el Banco de Vitoria. Lo hizo troceando la
cantidad real donada —siempre en paquetes inferiores a 60.000 euros— y
haciéndola pasar como anónima, con lo que impedía cualquier seguimiento
de las mismas por parte del Tribunal de Cuentas.
Aunque la mayoría de los empresarios han negado ante el juez Ruz
haber hecho esas donaciones, Luis Bárcenas tiene toda la información
acerca de los dueños o directivos de empresas que aportaron los fondos y
las circunstancias en que se produjeron esos ingresos de dinero.
» Comidas de negocios y supuestas mordidas. Bárcenas
ha detallado a alguno de sus compañeros de partido y colaboradores en
almuerzos de trabajo, en los que participó junto a otros dirigentes del
PP, diversas entregas de dinero por distintas vías de empresarios que
habían recibido adjudicaciones de administraciones gobernadas por la
formación conservadora.
Luis Bárcenas detalló en notas mecanografiadas esas prácticas,
imposibles de demostrar porque el extesorero tan solo aporta como prueba
recortes de periódico donde se habla de las adjudicaciones que, según
él, dieron lugar a las ayudas económicas al PP de los empresarios
beneficiados por el contrato público.
» Las coartadas contra Francisco Correa. Bárcenas repite a todos los que quieren escucharle que su relación con Francisco Correa,
cabecilla de la trama corrupta Gürtel, lejos de ser amistosa fue tensa y
terminó en ruptura a partir de la llegada de Mariano Rajoy a la
presidencia del partido en 2004. Numerosos documentos hallados por la
policía en los registros de las distintas sedes empresariales que
utilizaba Correa cuentan una versión muy distinta de la que defiende
Bárcenas.
El extesorero del PP insiste en que no fue él quien introdujo a
Francisco Correa en el partido, y para demostrarlo no duda en facilitar,
a través de su entorno, fotografías del jefe de la red Gürtel donde se
le ve acompañado de distintos dirigentes autonómicos y nacionales del PP
en el palco que tenía alquilado hace años para presenciar los partidos
del Máster de Tenis en el pabellón municipal Madrid-Arena. Entre las
fotografías que manejaba Bárcenas había una (que ilustra estas páginas,
de octubre de 2004) donde se ve a Correa junto al matrimonio de
Alejandro Agag y Ana Aznar, al que el cabecilla de la trama regaló en su boda más de 36.000 euros,
el presupuesto de la iluminación y el sonido de la fiesta que siguió al
enlace en la finca de Los Arcos, en la sierra de Madrid.
Tanto Alejandro Agag como el expresidente del Gobierno José María
Aznar han recalcado que aquel regalo se hizo cuando Francisco Correa no
estaba inmerso en ningún procedimiento judicial ni había sospechas de su
participación en una red de corrupción masiva.
Cuando se celebró la boda, las empresas de Correa llevaban en
exclusiva los actos del PP a nivel nacional donde participaba José María
Aznar; se encargaba de algunos de los viajes que contrataba el palacio
de la Moncloa para los asesores del presidente; tenía contratos a dedo
en AENA, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, y colaboraba
activamente con numerosos Ayuntamientos madrileños donde gobernaba el
PP.
» Objetivos personales. Bárcenas también se reservó
para sí algunos documentos sobre pagos que hizo como tesorero del PP a
sociedades aparentemente inocuas que en realidad eran propiedad de
dirigentes del PP a los que el entonces tesorero no apreciaba mucho. De
hecho, el hoy extesorero consideraba que parte de su infortunio dentro
del partido se debía a esos dirigentes a los que había tenido que pagar
en concepto de minutas por asesorías jurídicas o por regalos de empresa.
Durante el último año y medio, Luis Bárcenas trasladó a numerosos
dirigentes del PP sus quejas sobre el trato que le daban las dos
fiscales Anticorrupción encargadas del caso Gürtel y los mandos
policiales de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) que
elaboraban informes sobre el extesorero. Las quejas de Bárcenas, de una
manera o de otra, llegaron a oídos de los ministros del Interior, Jorge Fernández, y Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Diversas fuentes próximas a ambos dirigentes del Gobierno aseguran que
no hicieron nada, pese a las presiones de Bárcenas, ni hubieran podido
hacerlo ante las evidencias que arrojaba la investigación judicial sobre
los delitos cometidos por el extesorero del PP.
Cataluña cobrará 35 euros a los inmigrantes por cada informe de arraigo
El departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat
impondrá una tasa de 35 euros por cada informe de arraigo que soliciten
los inmigrantes, con lo que prevé recaudar un millón anual para financiar los gastos burocráticos que suponen estos trámites.
La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha explicado, que esta tasa está prevista en la ley de acompañamiento de los presupuestos y entrará en vigor cuando sean aprobados.
Munté, que el pasado jueves cumplió sus primeros seis meses como consellera, ha explicado que la tasa se sumará a la que ya cobran algunos ayuntamientos por estos servicios y ha avanzado que han empezado a hablar con la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios para intentar homogeneizar la tasa municipal sobre informes de extranjería.
La consellera ha asegurado que su departamento no prevé poner ninguna tasa más sobre los servicios que presta en los presupuestos de este año y ha considerado que, si bien la población inmigrante tiene muchas dificultades de acceso laboral, no es un gravamen a un colectivo vulnerable porque, según ha dicho, ella no les pondría "la etiqueta de vulnerables por el solo hecho de ser inmigrantes".
Según Munté, las personas inmigradas solicitan un informe porque quieren reagrupar a su familia o instalarse definitivamente aquí y podrán pagar los 35 euros de la nueva tasa. "No creo que les suponga un impacto importante", ha señalado.
La consellera ha recordado que algunos ayuntamientos ya cobran una tasa por estos informes "porque es una tarea personalizada, se tiene que cotejar documentación y por lo tanto no es algo nuevo".
La Dirección General de Inmigración, que depende del Departamento de Bienestar Social, ha tramitado un total de 59.737 informes de extranjería desde que, en julio de 2011, entró en vigor la última reforma de la ley de extranjería que otorgó esta competencia a las comunidades autónomas.
De los 59.737 expedientes tramitados, actualmente están resueltos 55.190, de los que 50.662 han resultado favorables y 4.113 desfavorables.
Munté, que ha asegurado que su departamento no prevé aplicar ninguna otra nueva tasa este año, ha explicado que está pendiente del techo de déficit que fije el Gobierno para acabar de redondear el proyecto de presupuesto de su departamento para este año.
La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha explicado, que esta tasa está prevista en la ley de acompañamiento de los presupuestos y entrará en vigor cuando sean aprobados.
Munté, que el pasado jueves cumplió sus primeros seis meses como consellera, ha explicado que la tasa se sumará a la que ya cobran algunos ayuntamientos por estos servicios y ha avanzado que han empezado a hablar con la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios para intentar homogeneizar la tasa municipal sobre informes de extranjería.
La consellera ha asegurado que su departamento no prevé poner ninguna tasa más sobre los servicios que presta en los presupuestos de este año y ha considerado que, si bien la población inmigrante tiene muchas dificultades de acceso laboral, no es un gravamen a un colectivo vulnerable porque, según ha dicho, ella no les pondría "la etiqueta de vulnerables por el solo hecho de ser inmigrantes".
Según Munté, las personas inmigradas solicitan un informe porque quieren reagrupar a su familia o instalarse definitivamente aquí y podrán pagar los 35 euros de la nueva tasa. "No creo que les suponga un impacto importante", ha señalado.
La consellera ha recordado que algunos ayuntamientos ya cobran una tasa por estos informes "porque es una tarea personalizada, se tiene que cotejar documentación y por lo tanto no es algo nuevo".
La Dirección General de Inmigración, que depende del Departamento de Bienestar Social, ha tramitado un total de 59.737 informes de extranjería desde que, en julio de 2011, entró en vigor la última reforma de la ley de extranjería que otorgó esta competencia a las comunidades autónomas.
De los 59.737 expedientes tramitados, actualmente están resueltos 55.190, de los que 50.662 han resultado favorables y 4.113 desfavorables.
Munté, que ha asegurado que su departamento no prevé aplicar ninguna otra nueva tasa este año, ha explicado que está pendiente del techo de déficit que fije el Gobierno para acabar de redondear el proyecto de presupuesto de su departamento para este año.
El Parlamento Europeo exige a EEUU que aclare rápidamente si espió a la UE
El presidente del Parlamento Europeo (PE), Martin Schulz, ha exigido a Estados Unidos que aclare si espió a la Unión Europea (UE), como afirma el semanario alemán 'Der Spiegel', que se remite a documentos del ex colaborador del espionaje estadounidense Edward Snowden.
"Estoy profundamente preocupado y sorprendido", reconoció Schulz, en un comunicado, en el que aseguró que "si las acusaciones resultan ser verdad, sería un asunto muy grave que tendrá un grave impacto en las relaciones UE-EEUU".
"En nombre del Parlamento Europeo exijo una aclaración completa y más información de manera rápida de las autoridades estadounidenses con respecto a estas acusaciones", agregó.
Según 'Der Spiegel', la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos accedió tanto a contenidos de conversaciones confidenciales como a correos electrónicos y archivos de los ordenadores de las representaciones de la UE en Washington.
No se trató de escuchas o espionaje a través de micrófonos en el edificio, sino de su red informática interna, apunta el semanario, que cita como fuente unas actas calificadas de extremadamente confidenciales de la NSA, correspondientes a septiembre de 2010, que facilitó Snowden.
Estos métodos se emplearon, de acuerdo con 'Der Spiegel', en las representaciones de la Unión Europea y de Naciones Unidas en Washington.
Los documentos de la NSA califican a la Unión Europea de "objetivo" para sus ataques informáticos y fue asimismo ese departamento estadounidense el responsable de una serie de ataques detectados en Bruselas.
"Estoy profundamente preocupado y sorprendido", reconoció Schulz, en un comunicado, en el que aseguró que "si las acusaciones resultan ser verdad, sería un asunto muy grave que tendrá un grave impacto en las relaciones UE-EEUU".
"En nombre del Parlamento Europeo exijo una aclaración completa y más información de manera rápida de las autoridades estadounidenses con respecto a estas acusaciones", agregó.
Según 'Der Spiegel', la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos accedió tanto a contenidos de conversaciones confidenciales como a correos electrónicos y archivos de los ordenadores de las representaciones de la UE en Washington.
No se trató de escuchas o espionaje a través de micrófonos en el edificio, sino de su red informática interna, apunta el semanario, que cita como fuente unas actas calificadas de extremadamente confidenciales de la NSA, correspondientes a septiembre de 2010, que facilitó Snowden.
Estos métodos se emplearon, de acuerdo con 'Der Spiegel', en las representaciones de la Unión Europea y de Naciones Unidas en Washington.
Los documentos de la NSA califican a la Unión Europea de "objetivo" para sus ataques informáticos y fue asimismo ese departamento estadounidense el responsable de una serie de ataques detectados en Bruselas.
Un Camp Nou más soberanista
Nueve meses después de la multitudinaria manifestación de la Diada,
el independentismo catalán volvió a mostrar ayer el momento dulce por el
que atraviesa con un concierto que congregó a más de 90.000 personas en las gradas del Camp Nou de Barcelona.
Organizado por Òmnium Cultural y promocionado generosa y ampliamente
por los medios de comunicación públicos de la Generalitat, el concierto
envió el mensaje de que el mundo independentista vigila de cerca los
pasos del Gobierno de Artur Mas para que este no se desvíe del proceso
soberanista. No participaron en el acto, por motivos personales, ni el
presidente de la Generalitat —su hija se casó ayer por la tarde en
Menorca— ni el líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, que no estaba invitado a la boda. Sí acudieron buena parte de los consejeros del Gobierno catalán.
Artistas como Lluís Llach, Pastora, Maria del Mar Bonet, Dyango o
Peret se sumaron a un cartel con el que los organizadores del concierto
reivindicaron el derecho de Cataluña a la independencia. El título del
acto era meridianamente claro: Concert per la Llibertat. El
público que llenó el Camp Nou —solo sobraron asientos en las zonas sin
visibilidad tras el escenario— pagó entre 10 y 150 euros, y una parte
significativa de los asistentes lo hizo más por militancia política que
por interés los cantantes y músicos que actuaron. “Habría venido aunque
actuaran Los Chunguitos”, ejemplificaba Núria González, vecina de Parets
del Vallès (Vallès Oriental y que dice no perderse ningún gran acto
independentista.
La principal representante del Gobierno de Convergència y Unió
presente en el acto fue la vicepresidenta Joana Ortega, quien apeló al
“derecho del pueblo catalán a decidir en libertad su futuro”. Ortega
insistió en que el Gobierno central debería tomar nota del carácter
“cívico” y “reivindicativo” del concierto de ayer para autorizar la
consulta de autodeterminación de Cataluña.
Ningún político subió al escenario, que quedó reservado para artistas
y personalidades del mundo del a cultura y del deporte no solo de
Cataluña. Más allá de grupos catalanes, participaron artistas como Paco
Ibáñez, Fermín Muguruza y artistas alemanes, griegos e italianos.
Faltaron buena parte de los grupos catalanes de moda, lo que redundó en
una menor presencia de público joven. Otros, como Pedro Guerra, saltaron
del cartel a última hora por considerar que el concierto no se limitaba
a defender el derecho a decidir de Cataluña, sino que era puramente
independentista. La intención de los organizadores era llenar un símbolo
como el Camp Nou en un intento de volver a llamar la atención
internacional a favor del proceso soberanista de Cataluña.
Detrás del concierto estaba Òmnium Cultural, la organización
catalanista que ya impulsó la manifestación del 10 de julio de 2010
contra el recorte del Estatuto catalán. La presidenta de Òmnium, Muriel
Casals, aseguró que el espectáculo es “otro paso en el proceso de la
libertad de Cataluña” y pidió a los políticos catalanistas que
“concreten en el calendario” de la consulta de autodeterminación. El
marcaje al Gobierno de CiU, recordándole su compromiso de convocar la
consulta el año que viene, culminó con el despliegue de un mosaico
humano donde se leía. Freedom Catalonia 2014. Esta fecha es,
precisamente, lo que más divide en estos momentos a la federación CiU.
Unió considera que hay razones más que suficientes para retrasar la
consulta. Por esta razón, Casals insistió en que “los partidos
parlamentarios gestionan un capital de ilusiones muy importante y deben
ser conscientes de las expectativas generadas”.
Pese a contar el concierto con el apoyo total del Gobierno catalán,
algunos cantantes lanzaron mensajes críticos con algunas de las
políticas sociales que practica Artur Mas.
Fue el caso de Gerard Quintana, líder de Sopa de Cabra, quien aseguró
que el futuro de Cataluña “no debe ser un camino de recortes en
educación y salud”. Pau Alabajos, Cesk Freixas, Màrius Serra y Brams
exhibieron o lanzaron consignas contra el ERE de TV-3. También hubo
críticas veladas al uso de pelotas de goma por parte de la Policía.
Apoyaron el concierto todos los partidos del espectro catalanista
excepto el Partit dels Socialistes, que no envió a ningún representante
oficial. Por parte de Convergència asistieron Josep Rull y Lluís
Corominas. Esquerra Republicana estuvo representada con toda su cúpula,
encabezada por Oriol Junqueras. Josep Antoni Duran Lleida excusó su
asistencia por un “compromiso anterior” pero aplaudió el concierto a
través de las redes sociales. Mas no asistió por coincidir el acto con
la boda de su hija. En general, el Gobierno catalán ha intentado esta
vez quedar en un segundo plano del acto después de las polémicas que
rodearon la manifestación de la Diada y por las serias dificultades que
prevén para poder llevar adelante la consulta.
También a diferencia de la manifestación de la Diada, esta vez el
público fue mayoritariamente de mediana o avanzada edad. “Los niños se
han quedado en casa, esto es demasiado largo”, explicaba Zoi Daskalakis,
una vecina de Barcelona que aseguraba no perderse ningún acto a favor
de la independencia de Cataluña. Ella decidió ir al Camp Nou porque,
asegura, es “un momento histórico”. Decenas de autocares fletados por
entidades soberanistas ayudaron a desplazar a varios miles de los
participantes desde todos los puntos de Cataluña.
El concierto contó con la promoción y el apoyo entusiasta de los
medios de comunicación públicos de la Generalitat, así como los privados
subvencionados. TV3 retransmitió el acto casi íntegramente. Esto motivó
quejas por parte del Partido Popular de Catalunya y de Ciutadans. La líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho
calificó de “aquelarre” por la independencia el concierto, que en su
opinión era una oda a la “ruptura" y al “fomento de la hispanofobia”.
Ciutadans pidió explicaciones por el gasto público que ha implicado la
cobertura informativa del concierto.
sábado, 29 de junio de 2013
Los votos de la magistrada Chevesich a favor de Pinochet en crímenes de la Operación Cóndor
El Mostrador
El año 2004, en dos oportunidades la Justicia enfrentó a Augusto Pinochet a la posibilidad de ser desaforado. En la primera de ellas, la jueza destacó el débil estado de salud del dictador como tesis. En la segunda, repitió su negativa, a pesar de declaraciones como las de Manuel Contreras sobre el funcionamiento de la DINA: “Cualquier misión a cumplir vino siempre del Presidente de la República”.
Pasaron los años y los expedientes cosidos a mano se volvieron
polvorientos. Pero ahí estaban, para revivir historias y revelar
verdades. La magistrada Gloria Ana Chevesich negaba dos veces su voto
para desaforar a Augusto Pinochet, por los crímenes de la Operación
Cóndor y del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats y
su esposa Sofía Cuthbert.
En 2001, el dictador lograba engañar a las Cortes con su pretendida demencia incurable.
Unos cuestionados exámenes neurosicológicos fueron su carta de
presentación. Los desafueros concedidos en el año 2000 a su calidad de
senador vitalicio y ex Presidente de la República por los crímenes de la
Caravana de la Muerte, lo encaminaban directo al procesamiento que
debería dictar el juez Juan Guzmán. Pero logró su salvación y quedó
fuera de ese juicio.
Poco después, para sorpresa de los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago y Corte Suprema, el demente revivió con salidas a restaurantes y librerías. Su invocada demencia
se vino al suelo en noviembre de 2003, cuando concedió una larga
entrevista a la periodista portorriqueña de origen cubano María Elvira
Salazar. Hizo gala de una destacada memoria y se autocalificó como “un
ángel”. En un almuerzo, el entonces ministro de la Corte Suprema,
Alberto Chaigneau, dijo a los periodistas de tribunales “este personaje
nos engañó a todos”.
Fue así como se llegó a una nueva arremetida de los abogados
querellantes. En una contundente resolución con 14 votos a favor y 9 en
contra, el 28 de mayo de 2004 el pleno de la Corte de Apelaciones de
Santiago desaforó a Pinochet, esta vez por los crímenes de la Operación
Cóndor. A pesar de los numerosos antecedentes inculpatorios tenidos en
cuenta por la mayoría de los magistrados, entre los oponentes estuvo la
ministra Gloria Ana Chevesich.
Como quedó establecido en el fallo de 56 páginas terminado de
redactar recién el 5 de julio de 2004, la jueza no sólo respaldó la
inocencia del dictador en estos delitos de lesa humanidad, sino que
compartiendo opiniones con los otros ocho oponentes, arguyó la
exculpación de Pinochet insistiendo en sus “precarias” condiciones de
salud mental y física.
Más aún, en el fallo quedó reflejado que al votar a favor de
Pinochet, la jueza no consideró uno de los elementos centrales que tuvo
en cuenta la mayoría de los ministros para levantar su inmunidad. Este
fue una declaración en el proceso Cóndor del ex jefe de la Dina, Manuel
Contreras, consignada en la página 37 de esta resolución de desafuero.
En ella, por primera vez Contreras culpó directamente a Pinochet
haciéndolo corresponsable de los hechos.
“La DINA tuvo la misión de extirpar y eliminar el extremismo
marxista, cumpliendo al pie de la letra las órdenes que se me
impartieron directamente por el Presidente de la República, Augusto
Pinochet, de quien dependía. Por ello, el Presidente sabía exactamente
lo que hacía o no la Dirección de Inteligencia Nacional y su delegado y
director ejecutivo, que no se mandaba solo. Cualquier misión a cumplir
vino siempre del Presidente de la República”, declaró Contreras a fojas
2503 a 2507 del expediente Cóndor.
Tampoco fue suficiente para la magistrada que la mayoría del pleno
consignó en la página 41 del dictamen que, según los antecedentes
tenidos a la vista para resolver, “estos dan suficiente cuenta del
conocimiento por parte de Augusto Pinochet de hechos que, como los
reseñados, estuvo en situación de impedir atendida su investidura”.
El 26 de agosto de 2004, el pleno de la Corte Suprema confirmó este
desafuero y el 13 de diciembre de ese año, el juez Juan Guzmán procesó a
Augusto Pinochet por estos crímenes contra la humanidad.
La Operación Cóndor que dejó decenas de víctimas en el cono sur del
continente, nació en Santiago el 28 de noviembre de 1975. Por Chile
actuó como anfitrión el entonces coronel y jefe de la Dina, Manuel
Contreras. Firmaron además el “Acta de Clausura de la Primera Reunión
Interamericana de Inteligencia Nacional” registrada en un documento
“Secreto”, los representantes de Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia.
Según el punto 5 letra L de este documento, “el presente organismo se
denominará CONDOR, aprobado por unanimidad conforme a la moción
presentada por la Delegación de Uruguay en homenaje al país sede”.
DOBLE RESPALDO POR DOBLE CRIMEN
Seis meses después, el 2 de diciembre de 2004, el pleno de la Corte
de Apelaciones de Santiago, curiosamente por la misma votación 14 a
favor y 9 en contra, concedió el desafuero de Pinochet por el doble
homicidio del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats y
su esposa Sofía Cuthbert. El crimen ocurrió la madrugada del 30 de
septiembre de 1974 en Buenos Aires, mediante una bomba instalada bajo su
auto por los agentes de la Dina Michael Townley y su mujer Mariana
Callejas. En Estados Unidos, Townley diría mucho después a la jueza
argentina María Servini que instruyó el juicio en ese país, que más allá
de quienes intervinieron en los seguimientos del general y
proporcionaron los medios para el atentado, la orden vino directamente
de Pinochet.
En la lista de los 9 oponentes, también estuvo la ministra Chevesich.
Entre quienes acompañaron a la jueza en ambas votaciones a favor de
Pinochet, estuvieron el actual presidente de la Corte Suprema Rubén
Ballesteros, y los magistrados Raúl Rocha y Cornelio Villarroel.
Esta vez, para la ministra Chevesich tampoco fue suficiente el peso
de los hechos acusatorios en contra del dictador tenidos en cuenta por
la amplia mayoría de los magistrados que lo desaforaron. Aquellos hechos
figuraban en el proceso tanto en Chile como en Argentina.
En cambio, y a pesar de que ya en 2004 estaba claro que Pinochet había engañado a las cortes con su pretendida demencia incurable,
Chevesich manifestó junto a sus otros ocho acompañantes que, conceder
el desafuero de una autoridad como Augusto Pinochet, era abrir el camino
a formación de causa y procesamiento en su contra, lo que para
cualquier persona “implica su detención que significa situaciones
extremas de esfuerzos físicos y mentales”.
En este caso, el 24 de marzo de 2005 el pleno de la Corte Suprema
dejó sin efecto el desafuero de Pinochet por el doble crimen, pero no
por considerar que no existían antecedentes suficientes para abrir
juicio en su contra. La única razón invocada fue que el pleno de la
Corte de Apelaciones de Santiago ya se había pronunciado el 7 de octubre
de 2002, negando por 16 votos a 5 el desafuero a Pinochet solicitado
por la jueza argentina María Servini. Esta vez la Corte Suprema aplicó
el principio de cosa juzgada.
De todas maneras, es necesario tener en cuenta que en el año 2002,
Pinochet recién se había salvado de ser procesado por los crímenes de la
Caravana de la Muerte, y los jueces aún estaban convencidos que padecía
de una demencia incurable.
EL ACTUAL ESCENARIO
La jueza Chevesich fue escogida por el Presidente Sebastián Piñera a partir de una quina para integrar la Corte Suprema, cuestión que deberá resolver en última instancia el Senado el próximo 2 de julio.
Sin embargo, parlamentarios como Hugo Gutiérrez, Isabel Allende y
Eduardo Frei, se oponen a que la magistrada llegue a integrar el máximo
tribunal. Igualmente rechazan el nombramiento organismos de familiares
de víctimas del régimen de facto.
El diputado comunista Hugo Gutiérrez, dijo a El Mostrador que
“la jueza Chevesich no debe llegar a la Corte Suprema porque ha
sostenido constantes criterios jurídicos a favor de los violadores de
los derechos humanos y en contra de las víctimas”.
A su vez, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro, manifestó que “nuestro cuestionamiento a
la ministra Chevesich tiene que ver con que nos preocupa que se vuelva a
repetir lo que vivimos durante 17 años de dictadura, donde tuvimos un
Poder Judicial cómplice de los crímenes”.
OTRAS ACUSACIONES DE LA JUEZA
En 2010, en una resolución condenatoria de la Corte de Apelaciones de
Santiago contra Manuel Contreras por la desaparición de tres militantes
del MIR en 1974, Chevesich sostuvo que éste era acreedor de una atenuante por haber mantenido una irreprochable conducta anterior.
En una demanda civil reparatoria en contra de cuatro Carabineros por
la desaparición en 1973 del estudiante ecuatoriano José García Franco,
la magistrada consideró que la acción civil estaba prescrita. De esta
manera, la jueza fue en contra del criterio jurídico sostenido por una
mayoría de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, que
consideran que esa acción civil no puede prescribir porque está
directamente ligada a un delito de lesa humanidad, que no prescribe ni
puede amnistiarse.
Italia La derecha se hunde, pero continúa la crisis de la izquierda institucional
Viento Sur
Los pasados días 9 y 10 de junio, en
la segunda vuelta de las elecciones, la derecha perdió en 16 de las 21
capitales de provincia. Pero los dirigentes del Partido Demócrata (PD)
no deberían alegrarse demasiado rápidamente.
En general, el centro izquierda, a la vez que aumenta su resultado en
términos relativos, perdió votos debido a la abstención y los votos
blancos o nulos cuya proporción, como media, superó la barrera del 50%.
La única excepción es la de la capital. En Roma, Gianni Alemanno,
alcalde saliente, fiel de Berlusconi, que utilizó la retórica de su
pasado neofascista y militarista, fue derrotado por un outsider:
el cirujano Ignazio Marino. Este último es católico pero favorable a los
derechos de los homosexuales, afiliado al Partido Demócrata (PD) pero
partidario de la colaboración con formaciones más a la izquierda, y ha
mantenido buenas relaciones con el Movimiento 5 Estrellas (M5S) de Beppe
Grillo. Algunas de su declaraciones han aparecido claramente como
polémicas con la política de “amplios acuerdos” practicada por el PD, lo
que le ha permitido recoger los votos de numerosos electores de las
listas menores.
En numerosas ciudades hasta ahora en manos de la derecha, los
candidatos de la izquierda que se han impuesto son miembros del PD que
han tomado sus distancias en relación a la línea política adoptada por
la dirección de su partido, con símbolos diferentes, o que se han
presentado en listas ciudadanas. Por el contrario, allí donde, como en
Siena -vieja fortaleza del PCI, donde él solo podía superar el 70% de
los votos-, el PD que se ha presentado bajo su símbolo, no ha recogido
más que el mínimo. En este caso, se ha impuesto frente a un adversario
desconocido, pero que ha podido aprovecharse del escándalo del tercer
banco de Italia, Monte dei Paschi di Sienna, desde siempre muy ligado a
las élites políticas de la región.
La derecha desautorizada, el M5S en retroceso
El resultado de estas elecciones no representa por tanto una victoria
de la colaboración entre el PD y Berlusconi tan querida por el
presidente Giorgio Napolitano y el primer ministro Enrico Letta. Esto se
explica por el hundimiento del centro-derecha, golpeado más duramente
que los demás por el abstencionismo. Por una parte, la actitud de
Berlusconi, muy discreto durante esta campaña -esperando así quizá
obtener una intervención política contra una magistratura que le
persigue por numerosos delitos-, ha dejado a numerosos electores de
derecha poco convencidos por el relevo político, favoreciendo así su
abstención. Por otra, la vieja base social de la derecha, constituida
por pequeños y medianos empresarios, ha sido decepcionada por el
abandono, en el marco del acuerdo con el PD, de una promesa electoral
central a sus ojos: la de la reducción drástica de la presión fiscal.
Al mismo tiempo ha tenido también lugar la primera vuelta de las
elecciones en algunas ciudades sicilianas, que ha confirmado las
tendencias registradas en las capitales: un abstencionismo muy fuerte,
pero también un retroceso significativo del M5S. El M5S, sin embargo, ha
realizado en varias ciudades resultados superiores a los que la
izquierda había logrado en el pasado, logrando algunos alcaldes, entre
ellos el de Pomezia, una ciudad obrera de 60.000 habitantes cercana a la
capital.
Un juez condena en Valencia al responsable de sitios de 'streaming' ilícito
El responsable de las páginas web de visionado gratis de vídeo
Divxonline.info, Estrenosonline.es y Seriesonline.es ha sido condenado
en Valencia a un año y siete meses de prisión, al
entender el juez que la actividad de exponer material protegido en
'streaming' -visionado simultáneo a la descarga del contenido- sí es comunicación pública, tal y como recoge el artículo 20 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta sentencia es recurrible.
El caso surgió a raíz de la denuncia de la entidad de gestión de derechos audiovisuales EGEDA,
la asociación ADIVAN y varias de las las principales productoras de
contenidos audiovisuales con oficina en España, entre ellas Lauren Film
Video Hogar, contra J. R. G., vecino de Valencia.
Esta sentencia se basa en una gran parte en otra reciente, de la Audiencia Provincial de Vizcaya,
en la que los jueces afirmaban que "aun considerando que los archivos
no eran descargados en el servidor de los dos acusados, y entendiendo
que lo que ofrecían eran meros enlaces, la Sala considera que la
conducta sí constituye comunicación pública y en tal sentido es típica
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 270 del Código Penal", que
trata sobre los delitos contra la propiedad intelectual.
Se trata de un criterio diferente al utilizado en otros casos similares anteriores, como el caso Sharemula.
Aquella sentencia de la Audiencia de Vizcaya, que el juez de Valencia
cita profusamente, también tumba otro de los argumentos de la defensa,
que alegaba que la actividad de compartir archivos no se ha considerado
ilícita por los tribunales siempre que el contenido no sea ilícito, tal y
como consagra el artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de
la Información (LSSI). De hecho, da por hecho que el acusado sabe de la
irregularidad de su actividad, por lo que no puede acogerse a la
exención de responsabilidad que prevé dicho artículo.
Además, el juez afirma que en estos casos "no se trata de valorar si
el contenido al que acceden es ilícito, sino de valorar [...] si con su
actividad los acusados realizaban un acto de comunicación pública". Y
entiende que existe comunicación pública en este supuesto, a tratarse de
visionado 'en directo' o 'streaming'.
Precisamene el juez cita un auto de la Audiencia Provincial de Madrid
de 2011 en la que se asegura que la actividad de propocionar contenidos
mediante 'streaming' podría ser considerada comunicación pública al no
ser una actividad de mera intermediación "sino el núcleo de la actividad
que anuncia y posibilita el intercambio masivo de archivos a los
usuarios".
Y en la misma línea cita un auto de la Audiencia de Valencia,
enmarcado en este mismo caso, en el que se pone de manifiesto que el
ahora condenado "no se limita a ser un mero enlazador, ya que facilita
el visionado del material protegido a la vez que obtiene ingresos por
publicidad" tanto directa como indirectamente, que le reportó beneficios
de más de 140.000 euros en menos de dos años (entre 2007 y 2009).
El juez establece pues que el ánimo de lucro existe
en tanto que "existe una inmediata vinculación entre la oferta de
archivos audiovisuales con la motivación de esa oferta" que era "la
expectativa de ingresos por publicidad". "Lo relevante es que el acusado
buscaba generarse ingresos, y la vía de ingresos era el empleo no
consentido de obras protegidas por la propiedad intelectual, empleo que
es comunicación pública y que constituye la fuente de la que dimanan los
ingresos pues, sin esa comunicación, no habría recursos posibles o
razonables".
Según la abogada de la acusación, María Suárez, queda demostrado que la actividad del acusado "no es altruista"
y recuerda que el ánimo de lucro ha de entenderse como el ánimo de
obtener cualquier ventaja, una ganancia. Para finalizar el juez evita pronunciarse sobre indemnizaciones por "las lagunas y la falta de claridad del perito de la acusación a la hora de cuantificar el daño".
Se da la circunstancia que el juez describe, al principio de su
sentencia, el 'modus operandi' del responsable de los sitios web. Tal y
como desvelaron los agentes de la Guardia Civil que investigaron el
caso, el propio condenado pudo haber subido archivos de vídeo a una
cuenta de Megavideo -un servicio de almacenamiento
'online'- de modo que esos archivos sólo se pudieran visionar a través
de Divxonline.info. No obstante, este extremo -a pesar de ser repetido y
considerado relevante por el juez- no se ha introducido en el caso, al
no haber sido solicitado por las acusaciones.
Esta sentencia sigue una senda de cambio relativamente reciente
respecto de otros casos similares, marcada por la reciente sentencia de
la Audiencia Provincial de Vizcaya antes mencionada y los asuntos Infektor.com, Simonfilm.tv e Infopsp, estos últimos de conformidad.
¿Qué comemos en un kebab?
Hace cuatro años, un estudio elaborado en 76 municipios de Reino Unido reveló que los kebabs (al menos los ingleses) contenían una media de 1.000 calorías.
Algunos de los casi 500 kebabs analizados contenían hasta 1.990 sin
incluir ensalada y salsas. Según el informe, un solo kebab contiene
prácticamente todas las calorías diarias recomendadas para una mujer, el
doble que una hamburguesa de McDonalds y más del 300% de las grasas
saturadas permitidas.
En Alemania, sin embargo, el kebab es ya el plato de comida rápida por excelencia. Da trabajo a unas 60.000 personas y genera un volumen de negocio de 2.700 millones al año. El 60% de los locales de kebabs de Europa están en Alemania, que cuenta con unos 15.000 establecimientos.
El pasado mes de febrero, el Consejo Central Islámico de Suiza desveló los resultados de una prueba que descubrió pequeñas cantidades de carne de cerdo (alimento prohibido para los musulmanes) en restaurantes de venta de kebabs en Suiza.
En Italia, en la región de Lombardía, una ley con más contenido racista que nutritivo, llegó a prohibir consumir kebabs en la calle con la excusa de proteger el patrimonio gastronómico local.
¿Y en España? La realidad de nuestros kebabs es una incógnita. No
existe un censo de negocios y tampoco se ha hecho ningún estudio sobre
la calidad de la carne que se come en nuestro país. El aumento de la
inmigración en tiempos de bonanza aumentó el número de restaurantes en
España y la crisis ha disparado el número de clientes. Comida rápida y
barata. ¿Comida basura?
Yavuz Soyal es el propietario de Elche Kebab y Soyal Food.
Presume de tener la primera y más productiva fábrica española de
kebabs. Nacido en Turquía, llegó a España en 2005 tras casi 30 años de
negocio en Suecia. "Venía de vacaciones y me di cuenta de que aquí
faltaban kebabs. Gustaba en toda Europa, pero aquí no había demasiados",
recuerda.
Hoy unas 40.000 personas comen su carne cada día en toda España.
Desde 2007 el volumen de su negocio crece más de un 10% cada dos años y Elche Kebab factura más de 4 millones de euros al año.
La crisis económica ha aumentado el consumo de sus productos, más
baratos que cualquier otro menú, pero su margen de beneficios ha caído
en los últimos tiempos. "Muchos impuestos", lamenta en un castellano
improvisado.
Hace ocho años abrió su primera planta de producción en el Parque
Agroalimentario de Elche. Cuatro años después amplió su empresa con una
fábrica mayor en Torreaguera (Murcia).
Distribuye directamente a restaurantes de Alicante y Murcia y a mayoristas y grandes distribuidores del resto del país. Cuenta con cerca de 60 trabajadores, sólo un 10% de ellos son españoles, repartidos entre Elche y Murcia. Su competencia importa principalmente de Alemania.
Yavuz dice que come kebab cada día y que aún así ha perdido casi 15
kilos en los últimos meses. "Dieta Dukan", confiesa. Se mueve por sus
dos factorías como una especie de Willy Wonka de la comida turca,
convencido de la calidad de sus menús y esgrimiendo su teoría sobre la
mala fama del kebab en nuestro país. "El problema es que la comida turca llegó a España antes que los turcos".
En Elche tiene lo que llaman la "sección de loncheado". No es muy
diferente a cualquier restaurante típico de kebab. Cuentan con más de
una decena de asadores donde cocinan y cortan cientos de pinchos de
carne cada día. El calor junto a la carne es insoportable. "Las raciones
se envasan al vacío y se distribuyen congeladas. Es un formato muy
práctico para pizzas o bocadillos, para negocios que no quieren tener un
asador propio", explica Vicente Tormo, responsable de calidad de la empresa. Uno de los pocos españoles de la compañía.
Ocho toneladas diarias de pollo
A unos 56 kilómetros de Elche está la nueva planta. La abrieron en
2009 cuando la primera se quedó pequeña y aquí fabrican los típicos
rollos de carne que se asan en los restaurantes. El guía en Murcia es Miguel Ángel Trelis, asesor de seguridad alimentaria de la empresa.
Primera parada: sala de despiece. Una docena de personas, la mayoría mujeres, deshuesan cada día cerca de 8 toneladas de pollo.
Muslos y contramuslos. Se rechaza la carne que supere los 4 grados de
temperatura cuando llega a la fábrica. Cada operario deja limpia una
pieza de pollo en apenas 7 segundos.
La temperatura en la nave de Murcia es mucho menor que en los
asadores de Elche. Hace frío y el olor a especias es intenso. Todas las
órdenes están escritas en castellano y en turco.
En el obrador de pollo, el jefe es Mustafá, un
enorme turco de Bulgaria que lleva 18 años haciendo kebabs, los ocho
últimos en la empresa de Elche. En su sección se mezcla el pollo ya
deshuesado con una mezcla de especias. Se amasa en un bombo, una
especie de hormiguera en la que la carne reposa durante cerca de una
hora para salir impregnada del sabor y el aroma característico del kebab.
El pollo se vuelca en una mesa en la que los chicos de Mustafa
insertan las piezas en los típicos pinchos. "Van poniendo la carne sobre
un eje central, cada vez más alejada del centro para darle la clásica
forma cónica del kebab", explica Miguel Ángel Trelis. "Aproximadamente cada día se procesan unos 4.000 kilos de pollo ya amasado, unos 400 pinchos de 10 kilos que se mandan a los restaurantes y asadores".
Al otro lado de la planta está el área de kebab de ternera. Trabajan con piezas de falda de ternera, sacrificada según el rito halal para que puedan consumirla los musulmanes. Se añade grasa de ternera, pavo, cebolla, yogur y especias.
Se tritura y se amasa. El resultado son unas tortitas de distintos
tamaños que irán construyendo el kebab. Entre tortita y tortita se
pinchan filetes de piel de pavo o de ternera según las exigencias del
cliente.
Los pinchos ya montados, como los de pollo, se ultracongelan y salen de la fábrica rumbo al restaurante. Fin del proceso.
Volvemos al principio de la historia. ¿Es el kebab comida basura? El
asesor de seguridad alimentaria de Elche Kebab lo tiene claro. "Desde el
punto de vista calórico, está claro que el kebab de pollo tiene
bastantes menos calorías que el de ternera, pero bueno, un entrecot de ternera tiene menos calorías que un kebab de ternera". Yavuz Soyal, el jefe, lo tiene claro: "kebab es bueno".
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