Años atrás, la Policía Bonaerense se ganó el apelativo de 'La Maldita
Policía' por estar impregnada de una corrupción marcada a sangre y
fuego. Poco han cambiado las cosas: aunque generalizar siempre es un
riesgo, periodistas e investigadores hablan, una y otra vez, de cajas B en las que cada comisaría recauda porcentajes de las ganancias de delincuentes y narcotraficantes, y es 'vox populi' la existencia de 'zonas liberadas' al crimen de las que los policías sacan buena tajada.
En ocasiones, incluso, son los propios agentes los que incitan a los jóvenes de un barrio a delinquir a cambio de un porcentaje.
Es lo que sospecha la familia de Gabriel Alejandro Blanco que sucedió
con su hijo, que apareció muerto en comisaría a los 21 años. Ellos creen
que varios agentes de la comisaría de La Matanza le ofrecieron robar
para ellos, y, como se negó, lo detuvieron en su domicilio, acusado de
robo. Murió en el calabozo en marzo de 2007: la versión oficial lo registró como suicidio. Pero ahora, tras una nueva autopsia y varios exámenes periciales, el juez ha ordenado la detención de tres policías.
Al principio, el caso fue contemplado como homicidio simple, pero, a
la luz de las nuevas evidencias, los agentes han sido imputados por
torturas seguidas de muerte. Si la causa llega al juicio oral, los
policías podrían ser condenados a prisión o reclusión perpetua. Se trata
del subcomisario Rubén Suárez, el oficial Pablo Bargueña y el
suboficial Emilio Gómez; los tres seguían en activo cuando fueron
detenidos. Negaron haber golpeado a Blanco.
Evidencias de maltrato
Gabriel apareció muerto en comisaría. En su versión oficial, los
policías afirmaron que lo encontraron muerto en un calabozo oscuro,
colgado de un cable de luz. Sin embargo, los familiares percibieron que
el cadáver tenía la mortaja pegada para que no se viera cómo estaba. Fue
entonces cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
de La Matanza pidió una segunda autopsia. Ésta evidenció que el muchacho había recibido una paliza antes de morir: había evidencias de los golpes y le faltaban varios dientes.
Más tarde, la Policía Científica realizó pruebas con los cables que,
según la versión de los agentes, había utilizado el joven para
suicidarse. Las pruebas periciales demostraron que los cables no soportaban más de 50 kilos de peso,
y Blanco pesaba más de 80. Además, el examen evidenció que difícilmente
una persona alterada, como sostenían los agentes que estaba el joven
aquella noche, podría haberse ahorcado de esa forma: el gendarme que
realizó la prueba tardó media hora en pasar el cable, y lo hizo con luz y
no a oscuras, en un estado emocional perfectamente equilibrado.
El caso Arruga
La APDH cree que este caso tiene "íntima relación" con la
desaparición de Luciano Arruga, de la que se cumplieron cuatro años el
pasado 31 de enero. Según esta hipótesis, ambos jóvenes, de origen
humilde, fueron impelidos por la policía a robar en 'zonas liberadas' de
La Matanza y se les amenazó con la muerte si se negaban.
Desde el principio, la familia de Luciano sospechó de la implicación
de la policía, pero durante cuatro años el caso permaneció bajo la
carátula de "averiguación de paradero", pese a que se registraron evidencias de su presencia en un destacamento policial de la región.
El pasado enero, con motivo del aniversario de su desaparición, una
marcha en las calles de Buenos Aires reivindicó la memoria de Luciano,
que se ha erguido como un símbolo de la criminalización y la corrupción policial en los barrios pobres.
La familia Arruga denunció que continúa el hostigamiento contra ellos.
"Los pobres naturalizamos ese tipo de cosas: las palizas, las
detenciones, las amenazas. También el miedo a la policía. ¡Pero no es
normal que después de denunciar a la policía haya que cuidarse!",
lamentó la hermana de Luciano, según publicó el portal de noticias
InfoBae.
La buena noticia llegaba el pasado 14 de febrero: se hizo público que el caso de Luciano pasará a la justicia federal como "desaparición forzada de persona".
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