Prosigue a puertas cerradas juicio contra violadores de joven india

Nueva Delhi, 28 ene (PL) Con sesiones diarias desde hoy, pero a puertas cerradas, prosigue aquí el juicio a cinco sujetos que a mediados de diciembre violaron a una estudiante que murió poco después debido a las torturas que también le infligieron. Los reos están siendo procesados por una corte sumaria en el sureño distrito de Saket, donde tuvo lugar el hecho, mientras un sexto, de comprobarse que es menor de edad como alega, comparecerá ante la Junta Juvenil de Justicia. Entre otras acusaciones, todos enfrentan las de asesinato e intento de asesinato, violación en grupo, delitos contra natura, destrucción de evidencias, secuestro, lesiones para cometer robo y confabulación para asesinar. Aparte del juicio, la ciudadanía está pendiente de lo que suceda con las recomendaciones de un panel creado por el gobierno para revisar la legislación sobre los crímenes sexuales, el delito de mayor crecimiento en la India. En un reporte de 600 páginas, la Comisión Verma (así llamada por el juez que la preside) propuso endurecer las condenas a los autores de de violaciones y otros abusos sexuales, aunque contra el deseo expreso de cientos de miles de ciudadanos, descartó la pena de muerte. Vigente desde hace 153 años, el código penal indio impone a los autores de una violación grupal una pena mínima de 10 años de prisión y máxima de cadena perpetua, aunque con posibilidad de extinguir la condena antes o salir en libertad condicional. El panel propuso privar de ese beneficio a los autores de violaciones colectivas o las cometidas bajo ciertas circunstancias agravantes. Sugirió, asimismo, condenas máximas de siete años de cárcel por desnudar mujeres a la fuerza y por practicar el "voyerismo" (fisgoneo de otras personas en actitudes íntimas o eróticas), de tres años por acoso sexual y de cuatro por realizar manoseos. Bajo análisis del Ministerio del Interior, el informe será remitido esta semana a la Comisión Parlamentaria Permanente de Asuntos de Interior, que a su vez les hará observaciones antes de derivarlas al Legislativo. El documento fustiga la "prioridad tan baja y sesgada a las denuncias de asalto sexual" y atribuye a las fallas sociales y a las leyes demasiado laxas el inadecuado trato a los casos de asaltos sexuales. "La falta de buen gobierno es la raíz del actual ambiente de inseguridad que erosiona el estado de derecho y la falta de una legislación necesaria", apuntó.