Más de 180 jueces han firmado un manifiesto público contra el indulto concedido por el Gobierno el pasado viernes
a cuatro agentes de los Mossos D'Esquadra condenados por torturas, por
considerar que supone una "afrenta al Poder Judicial" y una actuación
contra la dignidad humana, "impropia de un sistema democrático de
derecho, ilegítima y éticamente inasumible". Además, creen que incentiva comportamientos que deben ser erradicados de cualquier cuerpo policial.
El
durísimo alegato, bajo el título "Contra el indulto como fraude, en
defensa de la independencia judicial y de la dignidad", lleva la firma
de magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo como
Joaquín Giménez y Perfecto Andrés Ibáñez, de la vocal del Consejo
General del Poder Judicial Margarita Robles, del juez de la Audiencia
Nacional Ramón Sáez, del exfiscal jefe de Catalunya José María Mena o
del actual portavoz de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch.
Los firmantes manifiestan que "la actuación del Gobierno en este caso supone un menosprecio
a los miles de agentes de policía (de cualquiera de sus cuerpos) que
en todo el Estado cumplen a diario con sus funciones democráticas, que
no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de
la ciudadanía".
Añaden que "es un ejercicio abusivo por el Poder
Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta
institución, que supone una afrenta al Poder Judicial. Por último, y
sin embargo más importante, supone una actuación contra la dignidad humana
al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir
cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a
su servicio".
Para estos magistrados, "los
derechos fundamentales y las garantías procesales no son frenos a la
actuación policial. Por el contrario, son el fundamento de su
actuación. Y proteger los derechos de la ciudadanía es la finalidad
fundamental de todas las Policías en un Estado Democrático. Así lo
entienden la inmensa mayoría de las personas que conforman los diversos
cuerpos policiales".
"Indultar a quienes vistiendo un uniforme policial han realizado hechos tan rechazables es menospreciar a todos los miles de agentes
que día a día luchan precisamente contra cualquier acto que vulnere
derechos fundamentales. Reducir esas penas, además, parece incentivar
comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial",
sostiene el manifiesto.
Los jueces recuerdan que ell
Derecho Penal constituye el recurso más extremo de los Estados para
asegurar el cumplimiento de sus leyes. En los Estados
Constitucionales, la legitimidad para establecer sus presupuestos sólo
puede recaer en el órgano que representa la soberanía popular: el
Parlamento. "Y la legitimidad para aplicarlas corresponde con
exclusividad al Poder Judicial, el cual, además, no puede dejar de
imponerlas si en el marco de un proceso equitativo quedan acreditados
sus presupuestos".
"Los principios de legalidad e igualdad así
lo exigen --prosiguen--. En casos excepcionales, la estricta
aplicación judicial de las leyes penales puede producir resultados
injustos. El indulto es un mecanismo que permite dar solución a tales
supuestos. Puede discutirse qué poder del Estado debe ser competente
para su otorgamiento, y a través de qué procedimiento, pero lo que no
es susceptible de discusión es su carácter excepcional y su finalidad correctora de tales resultados".
Para quienes suscriben el manifesto, "el indulto implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena. Sólo se justifica
cuando el cumplimiento de aquélla no desempeñe finalidad preventiva,
resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte
desproporcionada. En ambos casos, bien debido al cambio sobrevenido en
las circunstancias de la persona inicialmente condenada, bien debido a
las singulares particularidades del hecho que hacen que no merezca (o
no merezca ya) ese reproche".
Por ello, creen que
"no existe motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el
Gobierno ha concedido. Los hechos declarados probados son muy graves y
contrarios a la dignidad humana. Conceder un indulto en estas
circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la
institución. Al instrumentalizar el indulto para la consecución de
fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes
y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la Judicatura un
mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición
subordinada en el orden constitucional".
En su
extenso alegato, añaden que la tortura es uno de los peores actos
realizables contra la dignidad de la persona. "Esta dignidad es el
fundamento de un orden constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha condenado al Estado Español por no investigar estos
hechos. El Gobierno ha dado un paso más. Cuando la Justicia actúa,
investiga y condena, el Gobierno indulta. Desde luego, parece difícil
explicar ante ese Tribunal Europeo semejante comportamiento".
Todas
las personas, sin excepción, están sujetas a las leyes. Este signo
distintivo del Estado Constitucional marca la diferencia con los
regímenes autoritarios, donde los detentadores del Poder están exentos
del cumplimiento de las normas. "La decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de
derecho, ilegítima y éticamente inasumible. Por ello no podemos dejar
de manifestar nuestro rechazo a un uso tan desviado de la institución
del indulto y advertir que sus efectos, en términos comunicativos,
son devastadores", concluyen.
La Audiencia Provincial de
Barcelona condenó en el año 2008 a cuatro agentes de policía como
autores de delitos de tortura tras declarar probado que habían
realizado unos hechos gravísimos, destaca el manifiesto. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que sólo estimó en parte alguno de los recursos.
Las
penas impuestas, como en cualquier supuesto idéntico, suponían el
ingreso en prisión de las personas condenadas. El Gobierno decidió en
febrero de este año indultar a los agentes condenados
para reducir sus penas a dos años de prisión y sustituir la inicial
inhabilitación por la suspensión, permitiendo el reingreso en el
cuerpo. La Audiencia Provincial de Barcelona, de nuevo en estricta
aplicación de lo previsto en el Código Penal, acordó el cumplimiento de
la pena que quedaba tras el ejercicio del indulto por el Gobierno.
El
Gobierno ha decidido conceder un nuevo indulto a esas personas
condenadas para sustituir la pena de prisión por pena de multa.
