La tregua solicitada por un diario mexicano a narcotraficantes tras el asesinato de uno de sus fotógrafos, evidencia el alto grado de intimidación que ejercen los cárteles sobre la prensa en México, sometida a una ley de silencio o muerte, según organismos internacionales.
El domingo, mientras era sepultado el fotógrafo de El Diario de Juárez, Luis Carlos Santiago, de 21 años, asesinado el jueves por pistoleros, ese rotativo publicó un editorial dirigido a los "señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez", fronteriza con Estados Unidos.
En el editorial, titulado "¿Qué quieren de nosotros?", El Diario de Juárez reconoce a los narcotraficantes como "las autoridades de facto en esta ciudad", la más afectada por la lucha contra el narcotráfico y epicentro de una guerra entre dos cárteles está dejando más de 2.000 homicidios este año.
"Como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos", añadió el editorialista.
Al menos 10 periodistas han sido asesinados en 2010 en México, mientras que una decena han sido reportados como desaparecidos o secuestrados. También se han registrado atentados con explosivos contra al menos cuatro sedes de canales de televisión.
El ofrecimiento de una tregua a los narcotraficantes fue cuestionada por el gobierno. "No cabe en modo alguno por parte de ningún actor el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales", dijo Alejandro Poiré, portavoz presidencial en temas de seguridad nacional.
Poiré además dijo que la investigación del asesinato de Santigo apunta a que el crimen no estaba relacionado con su trabajo periodístico, aunque evitó mencionar los elementos que sustentan esa hipótesis.
Este mismo jueves otro periodista de Ciudad Juárez, Jorge Luis Aguirre, director de un portal de Internet, aseguró desde la vecina ciudad estadounidense de El Paso que el gobierno de ese país le concedió asilo político.
Aguirre, quien afirma haber recibido amenazas de autoridades estatales de Ciudad Juárez, dijo que espera que este hecho sirva como "precedente que ayude a salvar más vidas" de reporteros.
El texto de El Diario de Juárez fue amplificado este lunes por otros medios mexicanos como El Universal, que subrayó que se trata de "un reclamo doble hacia las autoridades y los criminales" ante el sentimiento de indefensión que domina amplias regiones.
Esta situación "evidencia el nivel de intimidación que hay contra la prensa y que es una constante en medios locales" en México y también "la grave falta de respuesta por parte del gobierno", dijo a la AFP Ricardo González, de la organización internacional de defensa de la libertad de prensa Artículo 19.
La organización Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York (CPJ, por sus siglas en inglés), que señaló hace dos semanas en un informe que la prensa mexicana está sometida a un "silencio o muerte" por el narcotráfico, pidió al gobierno medidas para proteger a los periodistas.
Según el CPJ, al menos 22 periodistas han sido asesinados y siete desaparecieron desde que el presidente Felipe Calderón asumió el poder en diciembre de 2006 y lanzó una ofensiva contra el narcotráfico en el marco de la cual han muerto 28.000 personas.
El pronunciamiento de El Diario de Juárez "es una expresión extrema, dramática y penosa y se agrega a las múltiples demostraciones del quiebre del Estado de derecho en muchas partes del país", señaló el congresista Carlos Rico, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) recordó que trabaja en un plan para proteger a periodistas amenazados, como solicitó en agosto una misión de relatores sobre libertad de expresión enviada por la ONU y la OEA.
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