El salario de 200.000 euros al año que el PP pagó en 2011 y en 2012 a Luis Bárcenas, el que fue responsable de las cuentas de la formación como gerente y tesorero casi dos décadas, correspondía en realidad a una relación laboral normal y no al abono fraccionado de un finiquito pactado. Esta última había sido hasta ahora la explicación que esgrimió la dirección del PP para justificar por qué seguía abonando dinero a un dirigente que había sido expulsado de su cargo en junio de 2009 y que estaba suspendido de militancia desde 2010.
El trato de favor del PP al extesorero, imputado por corrupción en 2009 por su implicación en el caso Gürtel y con una fortuna no declarada localizada en Suiza, ha obligado a la dirección nacional del partido a dar explicaciones contradictorias sobre las razones que llevaron a seguir pagándole un sueldo altísimo durante los dos últimos ejercicios.
Los populares se escudaron tras un comunicado que pretendía disfrazar un sueldo de finiquito asegurando que “ambas partes acordaron que la indemnización procedente se abonara en diferido mediante un pago mensual hasta diciembre de 2012, con el abono por parte de la empresa de las cotizaciones sociales durante el período de abono del citado finiquito”. Esto es, el PP admitía que pagó al extesorero las cuotas de la Seguridad Social en una práctica que varios expertos laboralistas e incluso el Ministerio de Empleo califican de fraude de ley.
Diversas fuentes del PP consultadas por este periódico aseguraron ayer que el partido no había cometido ninguna ilegalidad en las retribuciones abonadas a Bárcenas. Con este mensaje pretendían desmentir que el abono de la Seguridad Social, solo permitido para los que realmente mantienen una relación laboral con la empresa, hubiera supuesto un fraude de ley. “No fue un fraude de ley porque no se trataba de un finiquito sino de una relación laboral normal que se terminó en diciembre de 2012”. Este es el mensaje no oficial al que se apunta para describir esa relación, que suponía abonar la Seguridad Social a Bárcenas y aplicarle las retenciones de IRPF como a cualquier otro trabajador fijo del partido.
Y aunque ningún portavoz de la cúpula quiso responder a la pregunta de si se habían aplicado retenciones fiscales a Bárcenas durante esos dos años en los que supuestamente había cobrado de manera fraccionada su finiquito, desde el partido se acabó admitiendo esta circunstancia, como avanzó la cadena SER. Desde que hace un mes se conociera que el extesorero tuvo hasta 22 millones en Suiza, el caso Gürtel ha embestido de manera incontrolada a la dirección del partido y sigue acosando al presidente del Gobierno. Y mientras Mariano Rajoy, eterno defensor de Bárcenas, pidió a los suyos que no entren en “juegos y enredos” en lo que supone una admisión de que esta situación desgasta al PP desde dentro, el mantra oficial de los principales dirigentes sigue siendo el “ejercicio de transparencia” puesto en marcha por María Dolores de Cospedal con la doble auditoría, la publicación del resumen de las cuentas del partido pendientes de informe del Tribunal de Cuentas y la difusión de las declaraciones de renta de los últimos diez años del presidente.
Con todo, las explicaciones del partido han sido insuficientes, y así lo recocen también miembros de las filas populares. La dirección no ha querido enseñar los datos oficiales de su contabilidad que coinciden conuna docena de apuntes manuscritos de Bárcenas publicados por EL PAÍS. Y, a pesar de las dudas sobre las condiciones de la indemnización del extesorero, el PP no ha hecho público ningún documento que lo certifique.
Precisamente esas condiciones, conocidas esta semana, llegaron a sorprender, y a indignar, a muchos dirigentes. Incluso algunos de los más altos miembros de la dirección aseguran que no estaban informados, mientras el hecho de que Bárcenas fuera supuestamente despedido con una letra pequeña tan favorable parece en cualquier caso una anomalía. El antiguo hombre de confianza de Rajoy, a quien el presidente ha evitado mencionar en público en las últimas semanas, se ha convertido en un problema cada vez mayor para los populares, que han carecido de una estrategia clara para intentar desactivar el escándalo desde el primer momento o, al menos, minimizar su impacto mostrando todas las cartas.
“Por desgracia, había un vínculo laboral largo” con el extesorero “y, visto el resultado, mejor no haberlo tenido”, admitió el miércoles el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. Pero esas declaraciones formaban parte del argumentario inicial, que hacía hincapié en la extinción del contrato de trabajo. “Con la percepción de esta indemnización”, aseguró el miércoles el PP, “se consideró saldado y finiquitado por toda clase de conceptos el contrato de trabajo que unía a ambas partes, no realizando el señor Bárcenas ningún trabajo desde aquel momento para el PP”.
No obstante, horas después el propio Carlos Floriano, número tres de la formación, confirmaba con claridad meridiana en los pasillos del Congreso los pagos de la cotización. “Fíjese qué mayor ejercicio de no querer ocultar nada”, señaló en referencia a la estrategia de la dirección del partido, “que seguir estando dado de alta en la Seguridad Social, y pagando”. Al día siguiente Floriano defendió que esa fórmula de indemnización es “habitual” en muchas empresas y “para nada” suponía un fraude de ley. No puede ser fraude, según los expertos en materia, solo si incluye las retenciones en el IRPF. Aunque en ese caso el PP estaba pagando a Bárcenas una nómina en lugar de un finiquito. Algo que hasta esta semana había negado.
