El Gobierno tiene listos los detalles, la agenda y los procedimientos para actuar. Todos los miembros del Ejecutivo están alertados para cortar de raíz el proceso que se dispone a activar la Generalitat para revestir de legalidad la recta final de su camino independentista. El sábado, previsiblemente, se reunirán en un Consejo de Ministros extraordinario para activar el engranaje. En Moncloa se han desmenuzado desde hace semanas todas las posibilidades y todos los escenarios, y se cuenta con informes jurídicos «muy precisos, exquisitamente detallados», que contemplan todas las hipótesis y las respuestas.
Apenas se ha dejado nada pendiente de improvisación porque el objetivo de Mariano Rajoy es que la maquinaria política y jurídica funcione con la exactitud de un reloj para impedir que se consume el desafío a la Constitución.
No hay que dejar ni un solo resquicio. Ése es el mensaje que ha transmitido el presidente quien, además, desea, como explican en Presidencia, que los argumentos que se proporcionen desde el Ministerio de Justicia, la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado sean extremadamente minuciosos y bien razonados, a fin de que los cientos de miles de catalanes que apuestan por la independencia no se sientan «ni insultados ni menospreciados».
Ayer, por fin se despejó una de las últimas dudas que albergaba el Gobierno cuando la Junta de Portavoces del Parlamento deCataluña, reunida a mediodía, acordaba la celebración de un pleno extraordinario, mañana viernes a las 16.30 horas, con el debate y la aprobación del proyecto de ley de consultas como único punto en el orden del día. Nada debe oscurecer esta sesión y, por tanto, se optó por no sumar un segundo asunto a la sesión para votar la creación de una comisión de investigación sobre el caso Pujol.
A partir de ahí, todos los ministros están pendientes de la posible convocatoria el sábado de un Consejo de Ministros extraordinario para autorizar al presidente del Gobierno la presentación de dos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la citada ley de consultas y el inevitable decreto de convocatoria del referéndum queArtur Mas pretende celebrar el próximo 9 de noviembre, para que los catalanes se pronuncien a favor o en contra de la secesión.
Nadie alberga la menor duda de que el Pleno del Parlament dará luz verde al proyecto de ley de consultas mañana por la tarde y, a continuación, en Moncloa se trabaja en la creencia de que el president Mas firmará de inmediato el decreto de convocatoria del referéndum. Todo ello podría ser publicado en una edición electrónica del Boletín Oficial de Cataluña el sábado. A partir de ahí, la maquinaria del Gobierno central se pondrá en marcha.
Consejo de Ministro de urgencia
En Presidencia se trabaja en un plan que pasa por celebrar el mismo sábado un Consejo de Ministros extraordinario para autorizar la impugnación de la ley y del decreto catalanes. Se trataría de un Consejo brevísimo, pura fórmula, pero imprescindible.
La decisión de recurrir encuentra su base jurídica en el artículo 161.2 de la Constitución, según el cual «el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas».
Por los más altos despachos de Moncloa han circulado ya varios borradores de recursos «extremadamente elaborados y minuciosos», explican las fuentes consultadas, que han sido redactados en el Ministerio de Justicia y en la Abogacía del Estado. Los textos definitivos se perfilarán mañana por la noche a la luz de la redacción de la ley de consultas. Varios altos cargos de Presidencia supervisarán la redacción final de los mismos.
Aunque sólo sería necesario impugnar dicha ley para que inmediatamente se anulen todos los actos derivados de ella -el primero, el decreto de convocatoria de la consulta-, el Gobierno ha optado por elaborar dos recursos separados a fin de que todo quede «atado y bien atado, sin grieta alguna», explican las fuentes.
Además, será necesario requerir un informe al Consejo de Estado. El paso es preceptivo, pero lo que diga el alto órgano consultivo del Gobierno no es vinculante.
El Gobierno reclamará trámite de urgencia reforzado, de forma que el documento esté en su poder en un plazo de 24 a 36 horas. El presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay, y varios consejeros están alertados desde hace días y se da por hecho que el informe, a la espera de conocer los detalles de la ley que apruebe el Parlament, está prácticamente finalizado.
Recurso en el Constitucional
Una vez cumplidos estos pasos, el Ejecutivo registraría sus recursos en el Tribunal Constitucional el lunes. El orden del día del pleno del TC que comienza el martes no contempla aún, lógicamente, la inclusión de este asunto, pero nadie duda de que el mismo se introduciría de forma inmediata a fin de que el mismo día 23 la impugnación del Gobierno se admita a trámite.
Ello implicará la suspensión cautelar instantánea de la decisión recurrida por un plazo no superior a cinco meses, aunque el mismo podría prorrogarse hasta que el Alto Tribunal se pronuncie definitivamente sobre el fondo de la cuestión.
Rajoy se mantiene firme en su creencia de que esto bastará para que Artur Mas renuncie a la celebración de la consulta. El presidente de la Generalitat mantuvo ante él que no incumpliría la ley y el jefe del Ejecutivo sigue confiando en su palabra. Es por eso que desde Moncloa se niegan a aventurar, al menos en público, escenarios que contemplen la desobediencia por parte de la Generalitat.
Mirando a Escocia
A la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos, en Moncloa seguirán hoy con máxima atención el referéndum independentista que se celebra en Escocia, conscientes de que los separatistas catalanes lo han tenido hasta ahora, en buena medida, como guía y ejemplo.
Ayer, el presidente del Gobierno no dudó en referirse al mismo recordando que procesos de disgregación como los que se pretenden poner en marcha en Escocia y en Cataluña son un «torpedo» en la línea de flotación de la Unión Europea que traerán «nefastas consecuencias».
El presidente, preguntado por este asunto en el Congreso en la sesión de control al Gobierno, recordó que cualquier territorio que forme parte de un Estado miembro de la UE, si decide separarse del mismo pierde de inmediato su condición de parte integrante de la Unión. Las consecuencias serían por tanto muy graves y empobrecedoras.
Rajoy también reiteró que un proceso para intentar reingresar en la UE estaría plagado de obstáculos y sería muy largo y exigente. Por supuesto, requeriría del beneplácito de todos los socios actuales, algo que no resulta sencillo de cosechar. De hecho, el presidente llegó a apuntar que España no ofrecería «facilidades» en el hipotético caso de que una Escocia independiente decidiera emprender el camino para adherirse como nuevo país miembro de la UE. Y más aún, recalcó que ningún socio del club ve con buenos ojos el camino emprendido por Escocia y Cataluña.
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