Las facturas son evidentes. Acreditan el fraccionamiento del coste de un acto del PP y el pago endosado, en parte, a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), es decir, una financiación irregular. Todo ello con la aprobación del que aún es gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. La Ley prohíbe que entes como Fundescam, que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados, financiaran actos de partido ya que sus fondos debían destinarse, exclusivamente a seminarios o cursos de formación. El PP lo hizo, pero el delito está prescrito.
El registro en la nave en la que la trama corrupta Gürtel guardaba buena parte de su documentación, y con la que ya cuentan las partes, desvela uno más de estos desvíos e irregularidades en la financiación del PP.
El congreso regional celebrado en septiembre de 2002 eligió a los candidatos del PP a la Alcaldía de la capital y a la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, respectivamente. Su organización, en el Palacio Municipal de Congresos, fue encargada a Special Events, una de las empresas de la trama que lideraba Francisco Correa. Su coste alcanzó los 39.666,79 euros. Dos días después del congreso, la misma empresa remitió un fax al gerente del PP en el que le explicaba “después de la conversación telefónica mantenida en la mañana de hoy” el desglose que iban a hacer del coste: “Facturado a Fundescam, 18.112 euros. Pendiente de facturar, resto, 21.554,79”, detalla.
En el mismo documento existe una anotación realizada ese mismo día y con indicación de la hora a la que se efectuó: “Beltrán me pide esperar para el pendiente de facturar”, dice.
Como acreditación final del endoso, el registro efectuado por la policía aportó otra factura dirigida a Fundescam por un montante de 18.112 euros, exactamente la misma cantidad anunciada en el fax. Y, aunque en el concepto señala que corresponde a “trabajos realizados en cursos, seminarios y jornadas del ejercicio 2002”, en una indicación inferior señala: “esta factura es por la entrega a cuenta del Congreso Regional del 21 de septiembre 2002 y ha sido extendido con un concepto provisional el cual está sujeto a ser modificado en su momento”.
Esta no es la única prueba de la financiación ilegal del PP madrileño. La Agencia Tributaria ya certificó, con otros documentos incautados, que, al menos una parte de la facturación emitida a Fundescam era falsa ya que el cliente real era el Partido Popular. Hacienda llegó a esta conclusión en 2010, al principio de la investigación del caso Gürtel y en 2012 cuando, ya bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy, los inspectores hicieron llegar al juez instructor, Pablo Ruz, un informe en el que denunciaban la existencia de documentos que acreditaban que servicios realizados por la trama Gürtel para el PP acabaron siendo pagados por Fundescam.
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