El Juzgado de primera instancia número 4 de Arrecife ha ordenado el desahucio de la vivienda que ocupan Sinforiano Lemes y Pilar Callero, de 90 y 87 años de edad. Los dos ancianos ocupan esa vivienda, en el barrio de Argana Alta, desde el año 1959 gracias a la cesión de la parroquia de San Ginés, que era la propietaria de esa y otras viviendas en el mismo solar. La Iglesia vendió las casas por 360.000 euros en 2006 a la empresa que gestiona el concesionario de Iveco en Lanzarote, que ha solicitado el desahucio.
Las casas las construyó, con ayuda de los feligreses, la parroquia de San Ginés en un suelo cedido por un vecino, en los años 50, para destinarlas a personas necesitadas. Según un contrato de 7 de diciembre de 1959, Sinforiano Lemes tenía derecho al uso de la vivienda de forma gratuita y “por tiempo indefinido”, atendiendo el mantenimiento, mientas durase su situación de precariedad o hasta que el entonces párroco Lorenzo Aguiar considerase que había otra persona o familia con mayor necesidad. Ese juicio, el de que hubiera una persona más necesitada, era, según el contrato, “personal y privativo del reverendo Lorenzo Aguiar”.
En 2006, sin embargo, la Iglesia decide vender esa y otras casas. Según el párroco que negoció la venta, se realizó la operación porque existía el compromiso de la empresa compradora de realojar a los inquilinos. Este párroco aseguró hace dos años que al matrimonio se le ofreció la posibilidad de irse a vivir a otra casa pero que se negaron y que tampoco aceptaron una indemnización. En cambio, el matrimonio rechaza esta versión.
Ni el abogado de oficio ni el procurador le comunicaron la sentencia de la Audiencia
La empresa comparadora llevó el asunto a los Juzgados y perdió en primera instancia. El Juzgado de primera instancia número 4 de Arrecife no le dio la razón, señalando que la Diócesis de Canarias tan sólo vendió un solar pero no las casas construidas sobre ese solar, de las que no se describían ni sus características físicas ni registrales. Sin embargo apelaron y la Audiencia provincial le dio la razón a la empresa en junio de este año.
Los dos ancianos tenían un abogado de oficio y un procurador que, según aseguran, no les comunicaron el fallo por lo que no se presentó recurso de ningún tipo. La Audiencia solicitó al Juzgado que se ejecute la sentencia, que ya es firme, y el Juzgado, el pasado día 12, ha fijado que los ancianos deben abandonar la vivienda el próximo 21 de marzo.
“Cuando vengan a tumbar la casa que me lleven a mí también”
“Para dónde vamos nosotros a esta edad, yo estoy enferma de los riñones, no puedo hacer nada”, se queja Pilar, que crió a sus nueve hijos en la casa que le cedió en los años 50 del pasado siglo la parroquia de San Ginés. “Cuando vengan a tumbar la casa que me lleven a mí también”, dice mientras se emociona. Gracias a la intermediación “de don Félix Cabrera y de doña Severa”, rememora, el matrimonio consiguió la vivienda, construida por los Cursillistas de la cristiandad, una orden religiosa, sobre un solar cedida por Leopoldo Díaz, para las familias necesitadas de Arrecife.
Sinforiano recuerda que le dijo al cura que llevó a cabo el negocio inmobiliario, Antonio Perera, “ahí sentado”, dice señalando al tresillo, que él le compraba la vivienda “antes que nadie”, a un precio razonable teniendo en cuenta que “con 800 euros de pensión pagan la luz, el agua, la muerte”, dice en alusión al seguro, “y la comida”. Se siente “engañado” por el párroco, del que no volvieron a saber hasta que ya se había materializado la venta.
El matrimonio no pierde la esperanza de buscar una salida y ha recurrido a la justicia gratuita, para ver si cabe algún tipo de recurso legal para frenar el inminente desahucio. Sinforiano, que se dedicó toda la vida a trabajar en las salinas, primero en las de La Capellanía, en Arrecife, y luego en las de Matagorda, donde se retiró, asegura que está dispuestos a pagar un alquiler hasta que fallezcan. “Y luego que se quede con la casa”.
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