Entre los procesados por el juez Miguel Vásquez, de la Corte de Apelaciones de Santiago, figuran los máximos jefes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), encabezados por el general Manuel Contreras, condenado ya a más de 300 años de prisión por violaciones de los derechos humanos.
También figuran en la lista sus colaboradores más cercanos, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff, Ricardo Lawrence, Carlos López y Juan Morales, también condenados a altas penas en numerosos casos de crímenes de lesa humanidad, así como diez agentes mujeres.
Las víctimas del caso, conocido como “Calle Conferencia 1”, integraban la Comisión Política del PC, que desde el golpe militar de 1973 actuaba en la clandestinidad para resistir a la dictadura de Pinochet.
Se trata del secuestro de los dirigentes Mario Zamorano Donoso, Jorge Muñoz Pourtays, Uldarico Donaire Cortés, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Zepeda, Lenin Diaz Silva y Eliana Espinoza Fernández, desaparecido hasta el día de hoy, y del homicidio de Víctor Díaz López.
Este último era el padre de Viviana Díaz, expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afdd), galardonada en 2012 con el Premio Nacional de Derechos Humanos.
Jorge Muñoz Pourtays era el marido de Gladys Marín Millie, máxima dirigente de los comunistas chilenos en los años 80 y 90 y candidata a la presidencia de Chile en 1999 y fallecida en 2005 a causa de un cáncer.
Los delitos, según el expediente, fueron cometidos entre mayo de 1976 y enero de 1977 en viviendas situadas en diversos puntos de Santiago, la primera en la calle Conferencia 1587, donde los agentes montaron una “ratonera”, obligando a sus moradores a simular una vida normal, para detener de forma consecutiva a los dirigentes comunistas que llegaban a la casa.
Otros fueron detenidos en viviendas situadas en otros sectores de la ciudad, como fue el caso de Víctor Díaz, que era el secretario general clandestino de PC, el 12 de mayo de 1976, quien fue torturado durante varios meses, hasta enero de 1977, en un cuartel secreto de la DINA.
Un día de enero de 1977, señala el expediente, los agentes recibieron la orden de ejecutar al dirigente, por lo que procedieron a atarle una bolsa de plástico alrededor de la cabeza hasta que murió asfixiado.
Posteriormente trasladaron el cadáver al campo militar de Peldehue, al norte de Santiago, donde fue subido a un helicóptero que partió rumbo al mar, donde fue arrojado en un punto no determinado, según el expediente.
En el juicio actúan como querellantes el Consejo de Defensa del Estado, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y familiares de las víctimas.
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