La prensa más crítica con Bruselas había dado con el tema perfecto.
Algo directo, que afecta a todo el mundo y que puede presentarse como un
resumen de los defectos de la maquinaria institucional europea. La prohibición a bares y restaurantes de ofrecer garrafas de aceite que los clientes puedan usar una y otra vez era para la Comisión Europea
una medida para asegurar la calidad del producto y luchar contra el
fraude. Pero el primer ministro británico, David Cameron, la describía
como “el ejemplo del tipo de cosas sobre las que Europa no debería ni
siquiera discutir”, mientras que el periódico alemán conservador Die Welt
la resumía como “un síntoma más de la inflación del aparato de la UE”.
Tras la presión ejercida por Gobiernos del norte y consumidores —también
septentrionales—, Bruselas dio ayer marcha atrás.
El cambio anunciado por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos,
indignó a los productores, entre los que destaca el sector aceitunero de
Andalucía, comunidad que aporta el 80% de la producción española de
aceite de oliva y el 40% de la mundial. Pese a que el Gobierno español
no considera definitiva la decisión del comisario Ciolos, fuentes
comunitarias insistieron en que el proyecto se ha abandonado, y no hay
ninguna perspectiva de retomarlo.
“Desde el pasado viernes, he visto y oído puntos de vista contrarios
procedentes principalmente de los países consumidores. Está claro que
esta medida, que trataba de ayudar, proteger e informar a los
consumidores, no ha encontrado su apoyo”, reconocía el responsable
europeo de Agricultura, en un giro evidente del discurso que hasta
entonces mantenían los responsables comunitarios. El ministro español
Miguel Arias Cañete había dicho tan solo dos días antes que la
prohibición tendría una “impacto positivo para el sector a corto, medio y
largo plazo”.
Ciolos se reunirá el sector hostelero y con consumidores para
presentar una nueva propuesta. Pero la obligación a partir de 2014 de
que los bares y restaurantes de toda la UE ofrezcan botellas
individuales de aceite se aleja irremisiblemente.
Además de España, otros 14 países —entre los que estaban Francia,
Italia, Portugal y Grecia— habían apoyado la iniciativa en un comité
técnico la semana pasada. Pese a las críticas tan duras lanzadas por
Cameron y su equipo, Reino Unido se había abstenido, en lugar de votar
en contra, como sí hicieron Estados como Alemania, Bélgica, Holanda,
Austria, Suecia o Dinamarca.
El consejero andaluz de Agricultura, Luis Planas, cree que la
Comisión “ha cedido a la presión” de los grandes grupos de la
distribución de aceite, que tienen su centro de operaciones en el centro
y norte de Europa. La Junta espera una rectificación de Bruselas, pues
considera la prohibición de las aceiteras rellenables como una medida de
gran importancia “para dar valor al producto y ayudar a aumentar las
rentas del sector olivarero”. La Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas Agrarias juzga un “disparate” la marcha atrás. Se trata,
dicen, de una medida de escasa repercusión económica “que se ha anulado
por presión de los países no productores, fundamentalmente Alemania y
Reino Unido”.
La decisión sorprendió porque cuando se anunció apenas habían
transcurrido 10 días desde que la Comisión Europea había puesto fecha de
caducidad a las aceiteras rellenables. En Jaén, la principal provincia
productora, ya se está aplicando una experiencia piloto en una decena de
restaurantes, que sustituyen las garrafas por envases con etiquetado de
origen y tapón no rellenable.
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