¿Existe justicia en España, incluyendo Catalunya?

Vicenç Navarro

Público.es

Existe en EEUU un programa televisivo de humor político (Saturday Night Live) semejante al programa “El Intermedio” de la Sexta en el que se hizo el siguiente comentario: “De la misma manera que el gobierno boliviano tiene un Ministro de la Marina a pesar de no tener mar, España tiene un Ministro de Justicia”. Esta frase muestra el enorme desprestigio que tiene la justicia española en muchas partes del mundo, realidad que parece ser ignorada por los establishments jurídicos, políticos y mediáticos del país, los cuales parecen no tener plena conciencia del enorme desprestigio que muchos de los comportamientos de la justicia española están acarreando al Estado español.Esta observación viene a raíz de la lectura de un excelente libro, Els set pecats capitals de la justícia (Los siete pecados capitales de la justicia), escrito por el magistrado Santiago Vidal, que documenta y denuncia estos comportamientos, todos ellos casos bochornosos, en los cuales la ciudadanía (aunque sospecha) desconoce el nivel de injusticia a la que se ha llegado. Un caso claro es el caso Millet, el personaje que fue Presidente de la Fundación Orfeó Català - Palau de la Música, la institución cultural más preciada en Catalunya. El Orfeó Català ha sido, entre muchas cosas, el centro cultural más importante de Catalunya, ligado primordialmente al conservadurismo nacionalista catalán.
En 2007, hace ya 7 años, a instancias de la Sindicatura de Comptes, el Departamento de Economía de la Generalitat de Catalunya inspeccionó la contabilidad del Palau y del Orfeó Català sin que el interventor encontrara ninguna irregularidad. Ahora bien, la Agencia Tributaria (que no depende del gobierno de la Generalitat) tenía sus sospechas, pues ordenó una inspección fiscal y sí que encontró irregularidades, llevando el caso a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y a la Oficina Antifraude. Y así se inició el famoso caso del Palau de la Música, o caso Millet. Los inspectores de Hacienda comenzaron a inspeccionar la contabilidad, requiriendo al Sr. Montull, director administrativo de la Fundación Orfeó Català - Palau de la Música, que proveyera toda la información necesaria.
Pero no fue hasta casi dos años más tarde, el 23 de junio de 2009, que no se hizo un registro del edificio y de la sede del Palau. La mayoría de fondos de esta institución son fondos públicos provenientes de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona y del Ministerio de Cultura. Por lo visto nadie sospechaba que el Sr. Millet, el gran benefactor altruista de la cultura y de las artes, estuviera en el centro de uno de los mayores fraudes y latrocinios que hayan existido en Catalunya y en España. Pero se tardaron otros tres años más (sí, tres años más) para que el juez instructor inspeccionara las propiedades del este señor, incluyendo su espectacular torre del Vallès. Además de esa propiedad, el Sr. Millet tenía un piso de 267 metros cuadrados en el Eixample de Barcelona con seis habitaciones y tres baños, un piso en la Calle Major de Sarrià de 150 metros cuadrados con tres plazas de parking, un chalet en la Vall d’Aran con 5 hectáreas de terreno, un apartamento en la Villa Olímpica con amarrador privado en el puerto, tres propiedades rústicas en la isla de Menorca y una finca de verano en Cala Fornells. Puesto que la gran mayoría de fondos del Palau son públicos (la Generalitat, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona) se puede concluir que el origen de toda esta propiedad es el dinero público que la ciudadanía paga con sus impuestos.
Pero la cosa no termina aquí. Porque lo que es peor es el enorme entramado que el caso Millet ha mostrado tener con instituciones políticas del país, incluyendo partidos y grupos de presión, que estaban involucrados en este latrocinio y que, con cuentagotas, van apareciendo poco a poco en el proceso más lento que usted puede imaginar.
Fue el mismo Millet, uno de los máximos exponentes de la burguesía catalana y bien conocedor de cómo funciona lo que se llama la alta sociedad catalana (la sociedad del Palau y del Liceo), quien indicó que, en realidad, la gobernanza de Catalunya la llevan 400 familias.
Este caso señala cómo funciona esta alta sociedad y su parasitismo del Estado. Esta burguesía está claramente entrelazada con el Estado (tanto central como autonómico y municipal), de cuyo usufructo viven. Desde las autopistas al Palau, este entramado es lo que representa el establishment conservador catalán, corrupto hasta la médula. Y esta relación ha estado siempre ahí, heredera de las relaciones y estructura de la dictadura, donde la corrupción era crónica, corrupción que la democracia no eliminó y que en España se da constantemente, con escandalosa impunidad. Como señala el magistrado Santiago Vidal (de cuyo libro extraigo la información que proveo en este artículo), los indultos otorgados por el Estado son casi siempre el punto final de estas historias. Solo en 2012, el gobierno del PP otorgó más de 450 indultos, y el gobierno del PSOE otorgó un promedio de unos 300 anuales durante su mandato, indultos ofrecidos predominantemente a tres grupos de acusados: políticos, banqueros y policías. Es obvio que en España no ha habido una ruptura clara con las costumbres y aparatos heredados de la dictadura, tal como muchos autores han documentado y que yo he señalado en mi artículo “No hubo ruptura durante la Transición”, publicado en Público, cuyo texto aconsejo leer para aquellos que quieran saber más sobre este tema. Como he indicado en más de una ocasión, el que no está indignado en España es que no está informado sobre lo que está ocurriendo en este país, incluyendo Catalunya. Por desgracia, el caso Millet se reproduce en varias partes de España, y no es un problema solo catalán, sino español, y que tiene que ver con la falta de cambio en la estructura del Estado español heredada del Estado dictatorial, que alcanza su máxima expresión en el cuerpo de la judicatura. Es un caso más de que “Spain is different”. Y luego nos dicen que la Transición fue modélica.
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Sigue la mano sucia de la NED en Venezuela

Eva Golinger

rt.com

Las protestas antigubernamentales en Venezuela, que tienen como objetivo el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, han sido lideradas por varias personas y organizaciones con vínculos estrechos con el Gobierno de Estados Unidos. Leopoldo López y María Corina Machado –dos de las personas públicamente detrás de las manifestaciones violentas que comenzaron en febrero– tienen largas historias como colaboradores, financiados y agentes de Washington. La Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED) y la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) canalizaron financiamiento millonario para los partidos políticos de López, Primero Justicia y Voluntad Popular, y para la ONG Súmate de Machado y sus campañas electorales.

Estas agencias financistas de Washington también han filtrado más de 14 millones de dólares a grupos opositores en Venezuela entre 2013-2014 (Esta cifra incluye a los dos presupuestos nacionales del Gobierno de Estados Unidos para2013 y 2014 y más el total de la NED para Venezuela: http://www.ned.org/where-we-work/latin-america-and-caribbean/venezuela y http://www.ned.org/where-we-work/latin-america-and-caribbean/latin-america-and-caribbean-regional ), incluyendo financiamiento para sus campañas electorales en 2013 y ahora para las protestas antigubernamentales en 2014. Esto sigue el patrón de financiamiento del Gobierno estadounidense a grupos antichavistas en Venezuela desde el año 2001, cuando millones de dólares fueron entregados a organizaciones de la llamada "sociedad civil" para ejecutar un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Luego de su fracaso, la USAID abrió una Oficina de Iniciativas hacia una Transición (OTI) en Caracas para, junto con la NED, inyectar más de 100 millones de dólares en esfuerzos para socavar al Gobierno de Chávez y repotenciar a la oposición durante 8 años .

A principios de 2011, después de haber sido expuesta públicamente por sus graves violaciones de la soberanía y las leyes venezolanas, la OTI cerró sus puertas en Venezuela y las operaciones de la USAID para ese país se trasladaron a Estados Unidos . El flujo de dinero no terminó, a pesar de la aprobación en Venezuela de la Ley de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional a finales de 2010, que prohíbe el financiamiento externo a grupos con fines políticos en el país. Las agencias de Washington, tanto como los grupos venezolanos que reciben sus dólares, siguen violando las leyes del país con plena impunidad. En los presupuestos nacionales del presidente Barack Obama para las operaciones internacionales, se ha incluido entre 5-6 millones de dólares para financiar grupos antigubernamentales en Venezuela a través de la USAID desde 2012. ( Ver segundo párrafo ).

La NED , una 'fundación' creada por el Congreso de Estados Unidos en 1983 para hacer el trabajo que antes hacía la Agencia Central de Inteligencia (CIA) pero con una cara pública, ha sido uno de los principales financistas de la desestabilización en Venezuela durante la época de Chávez, y ahora contra el presidente Maduro.

Según su último informe público de 2013, la NED ha canalizado más de 2,3 millones de dólares a grupos y proyectos de la oposición venezolana. Dentro de esa cifra, 1.787.300 millones de dólares fueron directamente para grupos opositores en Venezuela , mientras otros 590.000 dólares fueron canalizados a grupos regionales que trabajan y financian a la oposición venezolana. Más de 300.000 dólares han ido a esfuerzos para desarrollar una nueva generación de líderes jóvenes para contrarrestar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Entre los grupos financiados por la NED para el trabajo con jóvenes se encuentra FORMA , una organización de César Briceño vinculada con el banquero venezolano Óscar García Mendoza. García Mendoza maneja el Banco Venezolano de Crédito, que ha funcionado como el canal para el flujo de los dólares de la NED y la USAID a grupos opositores en Venezuela, como Súmate, Cedice, Sin Mordaza, Observatorio Venezolano de Prisiones y FORMA, entre otros.

Otra gran parte de los fondos de la NED de 2013-2014 fue invertida en iniciativas y grupos que trabajan con el ambiente mediático y manejan la campaña para desprestigiar al Gobierno del presidente Maduro. Entre ellos se incluyen Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Sin Mordaza y GALI . Durante el último año se ha visto una campaña sin precedentes para desacreditar al Gobierno venezolano, y al presidente Maduro directamente, campaña que se ha intensificado en los últimos meses.

En plena violación de la ley venezolana, la NED también financió a la coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con 100.000 dólares para un proyecto de entrenamiento e intercambio con grupos en Bolivia, Nicaragua y Argentina para "compartir las lecciones aprendidas en Venezuela... y permitir la adaptación de la experiencia venezolana en esos países".

Como bien fue explicado en un informe de un instituto español, FRIDE, en 2010, las agencias internacionales que financian a la oposición en Venezuela violan hasta las leyes de control cambiario para filtrar sus fondos a los beneficiarios. También afirman en ese informe que la mayoría de las agencias internacionales, con la excepción de la Comisión Europea, están trayendo los fondos en moneda extranjera y cambiándolos en el mercado paralelo, en clara violación de la ley venezolana. En algunos casos, como destaca el informe de FRIDE, abren cuentas en el exterior para depositar los recursos o se los entregan en euros o dólares en efectivo. La embajada de Estados Unidos en Venezuela podría utilizar la valija diplomática para traer grandes cantidades de dólares y euros al país, que luego entregan a actores venezolanos de forma ilegal sin ninguna contabilidad formal del Estado venezolano.

Lo que sí está claro es que el Gobierno de Estados Unidos sigue alimentando los esfuerzos de desestabilización en Venezuela sin importar las leyes de ese país. Tal vez sea necesaria una medida de mayor impacto y fuerza para asegurar la soberanía y defensa de la democracia venezolana, su Gobierno legítimo y la voluntad de su pueblo. 

Un juez avala que cualquier ciudadano pueda grabar las actuaciones policiales

Los ciudadanos que quieran grabar las actuaciones policiales en eventos públicos ya tienen una nueva sentencia que les da legitimidad para hacerlo. El juzgado número 11 de Madrid ha absuelto a una mujer a la que dos agentes denunciaron por una posible falta de orden público al reprocharles que impidieran a un cámara grabarles mientras se llevaba a cabo un desahucio.

Los hechos se produjeron en octubre, cuando los agentes pidieron la documentación al cámara que grababa un desahucio en Madrid. La denunciada les recriminó que "no sabían de leyes" y que eran como "unos matones" tras observar cómo uno de ellos "apartaba bruscamente la cámara con la que grababa", según reza la sentencia, que se basa en un vídeo que registró los hechos.

El veredicto del juez es claro: los agentes no tienen "cobertura legal" al intentar impedir que se grabe su actuación pública. "Ni existe prohibición de filmar en el espacio público, ni la imagen de los agentes", argumenta la resolución.

El juez rechaza, además, la actuación de los agentes "al apartar bruscamente la cámara, como gesto de desaprobación por el rechazo a la filmación de su imagen". Y continúa: "Supone un exceso en su comportamiento, abandonando las pautas de moderación, tacto y templanza que, a salvo de situaciones graves, se exigen y deben estar implícitas en el modo de desempeño de su función", concluye el juez.

Esta resolución judicial se opone, por tanto, a la pretensión del Gobierno de impedir que los ciudadanos graben a los policías durante las manifestaciones. El Anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana que ha elaborado el Ministerio del Interior pretende impedir que se filme a los agentes durante sus actuaciones. El Consejo general del Poder Judicial rechazó en su informe sobre el texto este extremo de la legislación al considerar que "la referencia al peligro que el uso de imágenes de autoridades o agentes pueda suponer para su seguridad personal está formulada en términos tan vagos y extensos que se plantean problemas de taxatividad".

Tras las agresiones policiales a varios periodistas que filmaban los altercados que se produjeron tras la manifestación 'Jaque al rey' el Gobierno intentó justificar que los agentes no distinguieron a los reporteros de los manifestantes. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, instó a los periodistas a vestir con un chaleco blanco para que queden identificados ante los agentes. No obstante, durante aquellos incidentes, los antidisturbios intentaron impedir que los periodistas grabaran desde una acera obligándoles a alejarse.

CUIDADO CON EL TORO...

Publicación 

La NASA confirma que su sonda ‘Ladee’ se ha estrellado en la Luna

Los controladores de vuelo del Centro Ames, de la NASA, han confirmado que su sonda automática Ladee se estrelló en el suelo lunar, en la cara oculta del satélite, tal y como estaba previsto. Todavía no han localizado el lunar de impacto. El artefacto, del tamaño de una máquina expendedora de bebidas, tenía prácticamente agotado el combustible y, ya al final de su misión, estaba en una órbita muy baja, por debajo de dos kilómetros de altura sobre el suelo lunar. Los responsables de la misión no saben exactamente donde se estrelló la sonda, que debió resultar destruida en el choque, pero planean buscar el lugar de impacto con ayuda de las imágenes de la Lunar Reconnaissance Orbiter, también de la NASA, que está operativa allí. El impacto se produjo el 17 de abril. Eso sí, la Ladee sobrevivió al eclipse total de Luna del día 15, cuando estuvo varias horas sometida a temperaturas superbajas en la sombra lunar y alimentada exclusivamente por sus baterías .

“En el momento del impacto, la Ladee viajaba a casi 6.000 kilómetros por hora, unas tres veces la velocidad de una bala de rifle”, señaló Rick Elphic, responsable científico de la misión. “No es suave el impacto a esa velocidad, así que la única cuestión es si la LADEE hizo un nuevo cráter en una pendiente o si se esparcieron sus restos en una zona llana. Será interesante ver qué nueva forma ha hecho la nave en el suelo allí”.

Fotografía del suelo lunar tomada por la sonda LADEE, el 8 de febrero pasado, con la cámara de orientación por estrellas. / NASA- AMES

El 11 de abril, la sonda realizó una última maniobra preparada por los controladores de la misión para garantizar una trayectoria de impacto en la cara oculta de la Luna con la intención de no poner en riesgo alguno los lugares de descenso de otras misiones, especialmente las Apolo, informó la NASA.

La Ladee fue lanzada al espacio el pasado septiembre y comenzó su misión científica en órbita de la Luna el 10 de noviembre. Estaba previsto que funcionase cien días, pero al terminar ese tiempo sus instrumentos de a bordo estaban operativos y se prolongó la misión hasta el final. De hecho, los científicos han aprovechado los datos tomados en los últimos días, en órbita muy baja. Su objetivo era estudiar la tenue atmósfera lunar, su estructura y composición.

La NASA afirma que recibió miles de apuestas en la porra por Internet que organizó sobre la hora exacta del impacto final de la Ladee en la luna y que enviará a los ganadores un certificado de felicitación.

Matajudíos o el error de un escribano

Lleva cuatro siglos con ese nombre, desde hace un lustro estudia modificarlo y, por fin, el 25 de mayo, coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo, los 56 adultos censados en Castrillo Matajudíos, en Burgos, decidirán si cambian el nombre de su pueblo. Lorenzo Rodríguez Pérez, el alcalde, ha explicado al Diario de Burgos por qué ha tomado la iniciativa de organizar esta consulta. El nombre “ofende a más de uno”, declaró; ha jugado además malas pasadas a vecinos del pueblo en varias partes del mundo como Israel; se han recibido cartas en el Ayuntamiento instando a rebautizar la aldea. No dijo que el nombre tenía connotaciones antisemitas como sostiene la prensa israelí que, junto con la de medio mundo, ha recogido estos días la información.

Para preparar la votación el Ayuntamiento organizó el pasado fin de semana una pequeña exposición y una charla del arqueólogo Ángel Luis Palomino que explicó a casi medio centenar de vecinos los orígenes del pueblo. Consta que lleva ese nombre desde 1623 aunque es probable que se llamase así bastante antes.

Si el mes próximo una mayoría de votantes se muestra favorable al cambio, los vecinos podrán, para rebautizarlo, elegir entre dos nombres: Castrillo Motajudíos o Castrillo Mota de Judíos. El primer edil cree que fue así como se llamó inicialmente la aldea, pero un escribano se equivocó y le puso Matajudíos en un documento oficial. La corporación empezó en 2009 a estudiar el cambio, aunque ya en los 80 barajó llamarlo Castrillo de Cabezón en honor al músico renacentista Antonio de Cabezón que nació allí en 1510.

Rodríguez Pérez asegura que sus antepasados son inocentes de la muerte de los judíos. Fueron los del pueblo de al lado, Castrojeriz, los que en 1035 destruyeron la judería, mataron a unos 60 judíos y desterraron a los demás a un montículo próximo a Castrillo. Poco después el pueblo empezó a llamarse Castrillo Mota de Judíos porque los hebreos vivían en esa cercana colina. La iniciativa ha tenido un gran impacto mediático fuera de España. A la prensa internacional le sorprende que un pueblo español pueda aun llevar ese nombre a principios del siglo XXI. En las redes sociales algunos musulmanes aprovechan para pedir que a Santiago Apóstol no se le llame ya en algunos cuadros y estatuas de iglesias Santiago Matamoros.

BICICLETA, MARINERO Y MARINERA

PARTIDOS DE LA JORNADA

21.00 Transmisión en vivo Manchester City – West Brom

22.00 Transmisión en vivo Malaga – Villarreal

Italia subasta islas y palacios

El Estado italiano es como un viejo marqués, dueño de cientos de palacios, al que su mala cabeza lo obliga a vivir en un piso de alquiler y con dinero prestado. Sin contar su infinito patrimonio arquitectónico, Italia posee bienes inmuebles por un valor superior a los 281.000 millones de euros —cinco veces la fortuna de Bill Gates— y, sin embargo, gasta mil millones anuales en el alquiler de sedes y oficinas oficiales. El nuevo Gobierno de Matteo Renzi, dispuesto a impulsar el plan de privatizaciones que ya anunció Enrico Letta, pretende también enajenar una buena parte del patrimonio inmobiliario, desde una hermosa isla abandonada en la laguna de Venecia —en una concesión de 99 años— a un castillo en la frontera con Eslovenia. El objetivo es destinar esos fondos a reducir su deuda pública, que asciende al 130% del PIB. Pero antes, como el viejo marqués desmemoriado, tendrá que recordar cuántos palacios tiene y dónde ha puesto las llaves.

Porque, aunque parezca increíble, el Estado italiano desconoce la magnitud del patrimonio que posee en realidad. Es más, la estimación de los 281.000 millones de euros corresponde a un informe reciente elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero según algunos organismos privados esa cifra podría ascender hasta los 400.000 millones, esto es, casi un 25% del PIB. Desde antes de que Matteo Renzi y su frenética carrera por cambiar Italia llegaran al poder, los Gobiernos de Mario Monti y Enrico Letta, también urgidos por Europa a sacar dinero de debajo de las piedras, ya intentaron meterle el diente al asunto. De hecho, en la memoria del Tesoro publicada recientemente se deja constancia de que “la gestión eficaz del patrimonio público puede desarrollar un papel importante para la contención del déficit y la reducción de la deuda pública”. De ahí que desde el Gobierno se encargara una fotografía del inmenso patrimonio inmobiliario. El problema es que el revelado deparó notables sorpresas.

Aunque posee edificios por 281.000 millones, el Estado gasta mil millones en alquiler de sedes

La primera es que, a pesar de los requerimientos del Ministerio de Economía, el 40% de las administraciones públicas —incluida la presidencia del Gobierno— no ha comunicado aún la cantidad de su patrimonio inmobiliario, siguiendo una antigua tradición de opacidad en la gestión envuelta en el papel del vuelva usted mañana. La segunda, ya citada, es que a pesar del inmenso patrimonio, son muchas las administraciones que recurren al alquiler de oficinas o de edificios enteros. Una renta —y aquí viene otra sorpresa clamorosa— que en demasiadas ocasiones ni se molesta en pagar. Y, para colmo, el patrimonio no ha dejado de aumentar a pesar de la crisis.

Por tanto, a pesar de disponer de 634.000 inmuebles que ocupan 300 millones de metros cuadrados —desde cuarteles abandonados desde hace décadas a oficinas desperdigadas y vacías—, el Estado italiano es como el marqués moroso y calavera que no se priva de nada. Lo más grave del asunto —o lo que cuadra el círculo— es que una situación así conduce a presuponer, sin emplear demasiadas dosis de malicia, que tal desvarío no está solo provocado por la desidia o la ya mítica inoperatividad de la burocracia italiana. Ahí está para demostrarlo un caso que ha levantado cierta polémica en los últimos meses: la Cámara de Diputados ha firmado un nuevo contrato con el empresario Sergio Scarpellini, considerado el rey del ladrillo en Roma, para alquilar por nueve años, renovables por otros nueve, algunos edificios en el centro de la ciudad por un valor total de más de 20 millones al año. Las sospechas de que hay gato encerrado ha venido a confirmarlas —Italia es así, a veces tan misteriosa y otras tan transparente— el propio Scarpellini, que a sus 76 años y con una fortuna incalculable, es el casero de La Casta y no necesita esconderse. En un par de entrevistas concedidas el pasado mes de diciembre, el empresario inmobiliario admitía: “Con todo el dinero que me ha pagado el Parlamento por los alquileres, más de 369 millones de euros, podían haberse comprado un par de palacios, pero prefieren seguir pagando la renta”. El posible misterio también lo desvela el rey del ladrillo: “Durante las campañas electorales vienen a la oficina blancos, rojos y verdes y yo una ayuda siempre les doy, a todos [se habla de 650.000 euros en la última década]. En Roma se hacen las cosas así”.

El E

Y fue en estas que llegó Renzi. El alcalde de Italia conoce, porque lo practicó en Florencia, cuánto beneficio —y no solo económico— se puede sacar de los viejos cuarteles vacíos y abandonados. Pero, además, ya sea por convicción o por obligación, no tiene más remedio que continuar, acelerar e incluso ampliar el plan de privatizaciones que anunció el pasado mes de noviembre el entonces primer ministro Enrico Letta. El objetivo es recaudar entre 8.000 y 10.000 millones de euros poniendo a la venta una parte de empresas públicas tan emblemáticas como Finmeccanica —vendería sus activos ferroviarios para centrarse en el sector aeroespacial y de defensa—, el astillero Fincantieri —el mayor constructor naval de Europa—, Correos, la controladora de tráfico aéreo Enav o un paquete de acciones de la empresa energética Eni.

Si, el pasado mes de noviembre, Letta tenía que satisfacer a Bruselas manteniendo el déficit bajo control y reduciendo la deuda pública, Renzi tiene además que cumplir las expectativas por él generadas al prometer que, a partir de mayo, todos los trabajadores cuyos sueldos anuales se sitúen entre los 8.000 y los 26.000 euros recibirán un bono mensual de 80 euros. Se trata de un incentivo al consumo y de un reconocimiento al sector que peor lo está pasando con la crisis, pero también de una desesperada huida hacia delante. Vendiendo palacios vacíos, islas abandonadas, coches oficiales de lujo y hasta empresas que la administración no es capaz de gestionar, Renzi quiere sobre todo evitar que la separación creciente entre la política italiana y los ciudadanos no se convierta en divorcio en las próximas elecciones europeas.

Un fortín frente a Venecia

Hay un pasaje de La grande belleza de Paolo Sorrentino donde el protagonista —el periodista Jep Gambardella, interpretado por Toni Servillo— recorre los más bellos palacios de Roma guiado por un joven que dispone de todas las llaves de la ciudad. La escena, que parece solo posible en una película que es una alegoría de la mundanidad cansada, derrotada a sí misma por una vida de ocasiones perdidas, se acaba de repetir en la realidad. Hace unos días, durante un registro, agentes del cuerpo de Carabinieri encontraron en poder de Nicola Cosentino, un amigo de Silvio Berlusconi al que los fiscales italianos consideran la conexión entre la política y la Camorra, una llave del Palacio Real de Caserta, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El prefecto de la ciudad de la Campania había regalado la llave a Cosentino, quien actualmente se encuentra en prisión, para que pudiera hacer deporte a deshoras por los jardines del palacio que ordenó construir Carlos VII y que, como tantas otras joyas arquitectónicas, padece un lamentable estado de conservación. 

Ahí está representado todo lo que Renzi ahora necesita arreglar. Durante dos décadas, la Casta, representada por Berlusconi y sus viejas amistades peligrosas, hizo suyos los viejos palacios, se paseó en Maserati Quattroporte comprados en medio de la crisis y condenó al abandono el tesoro arquitectónico y humano de todo un país. Subastando los coches y la isla veneciana de Poveglia —también llamada La isla de los muertos—, con su fortín y su lazareto en ruinas, el joven primer ministro quiere, además de hacer caja, incinerar el pasado.

EE.UU contra la migración: barbarie que no cesa

Editorial de La Jornada

La Jornada

Se calcula que más de 5 mil 100 niños estadunidenses por nacimiento han sido enviados a orfanatos tras la deportación de sus padres indocumentados.

 La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo ayer, en dos operativos distintos, a un total de 212 migrantes indocumentados que se encontraban refugiados en campamentos precarios en los alrededores de McAllen, Texas, en lo que puede verse como una intensificación de la política persecutoria en contra de los trabajadores extranjeros en ese país.

Las detenciones de los que resultaron ser, en su mayoría, ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala, fueron realizadas mientras el presidente Barack Obama, en un mensaje con motivo de la Pascua, llamaba a la sociedad de su país a seguir el ejemplo de Cristo al amar a Dios y al prójimo.

Por otra parte, las redadas tienen como telón de fondo la disputa entre demócratas y republicanos, quienes se acusan mutuamente de obstaculizar la aprobación en el Capitolio de una reforma migratoria que permita ostentar una regularidad reglamentaria a millones de extranjeros indocumentados que, hoy por hoy y desde hace muchos años, son víctimas de una persecución policial implacable e injusta en el país que se reclama como tierra de libertades y derechos humanos.

Desde luego, las modificaciones legales son el marco idóneo para hacer efectivos los derechos básicos de esos trabajadores extranjeros, dejar atrás las redadas en su contra, poner fin a las brutales persecuciones policiacas contra los recién llegados y aliviar, de esa forma, las circunstancias inhumanas y peligrosas en las que se ven obligados a viajar y a subsistir millones de mexicanos y latinoamericanos. Sin embargo, ante la cercanía de las elecciones legislativas de medio periodo –a realizarse en noviembre próximo– muchos integrantes de la clase política dan ya por descartada la posibilidad de que tales reformas logren su aprobación en lo que queda de este año.

En todo caso, la reforma migratoria es necesaria, pero no es indispensable para humanizar mínimamente las condiciones que debe enfrentar el flujo migratorio hacia el país del norte. Bastaría, para ello, con que Obama recurriera a sus atribuciones constitucionales para atenuar el sufrimiento de los migrantes y ordenara aplicar leyes existentes en forma más moderada y apegada al respeto de los derechos humanos universales que, en Estados Unidos, también son ley imperativa.

Es significativo a este respecto que, con la misma legislación migratoria que la que regía durante administraciones anteriores, el gobierno de Obama haya realizado más deportaciones que cualquiera de sus antecesores y que durante sus mandatos se haya registrado el mayor número de familias separadas a consecuencia de esta práctica. Se calcula que más de 5 mil 100 niños estadunidenses por nacimiento han sido enviados a orfanatos tras la deportación de sus padres indocumentados. Otro hecho relevante es que las leyes migratorias se aplican con mucha mayor severidad en contra de latinoamericanos que en contra de europeos, asiáticos y africanos. Un tercer elemento a considerar es que, en el contexto de las leyes actuales, el gobierno de Washington podría conceder la residencia permanente a unos 2 millones de inmigrantes sin que se requiera, para ello, de acción alguna por parte del Legislativo.

En suma, más allá de las inciertas perspectivas de una reforma legal que reoriente en forma integral las políticas de Estado racistas y xenófobas, es claro que la Casa Blanca no tiene la voluntad política requerida para mejorar las condiciones que deben enfrentar los trabajadores extranjeros en Estados Unidos. Por el contrario, durante la administración de Obama se ha acentuado la tendencia oficial a criminalizarlos y a perseguirlos como si fueran peligrosos delincuentes.

En tal circunstancia, los gobiernos de América Latina –y el de México, en primer lugar– deben alzar la voz para exigir un trato digno, justo y legal a sus ciudadanos en Estados Unidos. En tanto no adopten una actitud semejante, sus propósitos de defensa de sus ciudadanos que se internan por territorio estadunidense en busca de trabajo parecerán tan falsos e hipócritas como las promesas del propio Obama de concretar una reforma migratoria.

Sepa todos los ingredientes toxicos de las papas fritas de MacDonald´s

McDonald´s comenzó una campaña de transparencia. Como resultado, la compañía ha publicado la lista de sus ingredientes y técnicas disponibles en su página web. Aquí está la relación de ingredientes presentes en las papas fritas. 

Contienen: 

-Patatas. 

-Aceite de canola, que ahora es genéticamente modificado. 

-Aceite de soja, que se extrae de la soja genéticamente modificada.

-Aceite de cártamo: la mayoría del cártamo se calienta a altas temperaturas, lo que provoca su alteración química. 

-Dextrosa, un tipo de azúcar. 

-Ácido sodio pirofosfato. Este ingrediente aparentemente se utiliza para mantener el color de las papas fritas. 

-Ácido cítrico, utilizado como conservante. 

-Dimetilpolisiloxano, que se suele utilizar como un agente antiespumante. 

-"Sabor natural". Es aparentemente obtenido de una fuente vegetal, pero el apodo de "natural" no significa nada, ya que incluso puede potencialmente contener toxinas glutamato monosódico (MSG). 

-Aceite vegetal para freír, que es una mezcla de 7 ingredientes, incluyendo: el aceite de canola, aceite de maíz, aceite de soja, aceite de soja hidrogenado con terc-butil-hidroquinona (TBHQ), ácido cítrico, y dimetilpolisiloxano. 

-TBHQ, un ingrediente a base de petróleo. Utilizado como conservante. Se le ha relacionado con el asma, enfermedades de la piel, trastornos hormonales, y en estudios en animales a largo plazo: con el cáncer y daños en el ADN. 

El programa de transparencia fue lanzado por en Canadá mediante un video de YouTube para responder a las preguntas de algunos consumidores, explicándoles por qué la comida de la compañía se ve tan drásticamente diferente a lo que se publicita en el propio restaurante. 

Le presentamos a la novia del conejito resucitado, este conejo esta hecho un demonio !!!!

Conejo a la brasa con salsa ali-oli

Ingredientes:

1 conejo entero,  sal,  pimienta blanca,  1 hoja de laurel,  1 ramillete de tomillo fresco,  aceite de oliva y salsa ali-oli.

Elaboración:

Troceamos el conejo, sacando las paletillas, las piernas y el cuerpo. Partimos en cuatro trozos y salpimentamos. Por otro lado, ponemos una olla al fuego, con el agua, el laurel, y el tomillo.

Cuando empiece a hervir, añadimos el conejo y dejamos cocer durante 5 minutos para quitarle la dureza. A continuación, lo escurrimos y marcamos a la brasa con un chorro de aceite de oliva hasta que quede dorado por las dos caras.

Acompañamos con la salsa ali-oli.

Coca-Cola pierde la chispa

Es muy raro ver a los inversores con dudas sobre Coca-Cola. Pero esta vez algunos, incluso, están alzando su voz. Es lo que está haciendo desde hace algunas semanas David Winters, gestor del fondo Wintergreen Advisors. Coge los modestos resultados de la compañía y los cruza con el masivo plan de remuneraciones que se presentará en la próxima junta anual de accionistas, prevista para el miércoles 23 de abril. Su conclusión: es excesivo y sienta un mal precedente.

La multinacional estadounidense, una de las marcas más reconocidas del mundo y uno de los grandes iconos del consumo, básicamente no crece. Se vio en los resultados de cierre de ejercicio y de nuevo en los del primer trimestre del año que está en curso. Los ingresos globales cayeron un 4%, a 10.570 millones de dólares (7.650 millones de euros). En términos de volumen, la métrica que usa Coca-Cola para presentar su rendimiento, el incremento fue del 2%.

No es un secreto que Coca-Cola, igual que ocurre con su rival PepsiCo, navega contra corriente por la caída en las ventas de refrescos y bebidas azucaradas en todo el mundo, especialmente en EE UU y Europa por un cambio en los hábitos de consumo. Para compensar, está reforzando las campañas de publicidad e introduciendo nuevos productos. El 80% del negocio se genera fuera de Estados Unidos, por lo que le afecta también el tipo de cambio del dólar.

Las compensaciones por objetivo equivalen a una séptima parte del valor bursátil de la empresa

La compañía tiene en este momento una capitalización bursátil de 176.500 millones de dólares (128.000 millones de euros). El descontento de los inversores se observa en el precio de la acción, que se paga un 6% más barata que hace un año. El controvertido plan de incentivos para los ejecutivos equivale a una séptima parte de ese valor, unos 24.000 millones (17.400 millones de euros) al precio actual, y amenaza con dañar la imagen de la corporación si la ira de los inversores más descontentos se extiende.

Winters trata de sumar a otros inversores a su causa. Su firma controla 2,8 millones de acciones. Le apoya, que se sepa, el fondo de pensiones de profesores en Ontario, otro pequeño pero influyente inversor. El gestor también escribió a Berkshire Hathaway. El brazo financiero de Warren Buffett es el mayor accionista, con 400 millones de títulos. Se dice incluso que sigue vendiendo la cola con sabor a cereza porque es su preferida.

Buffett no responde, lo que indica que la batalla no irá muy lejos. Pero el oráculo de Omaha tampoco está muy contento. Ya advirtió en la última junta que no debe ser complaciente con el éxito. Un año después, el frenazo es evidente y eso pone en cuestión la estrategia a largo plazo de Muhtar Kent, que prometió un incremento importante de los ingresos para 2020. El año pasado el 23% de los accionistas votaron contra la paga a los principales ejecutivos.

El cambio en los hábitos de consumo erosiona los ingresos globales, que caen un 4% en el año

Kent admite que el pasado fue un año complicado y asegura que el negocio de la compañía repunta ahora. El primer ejecutivo de Coca-Cola ganó 20,4 millones de dólares (14,5 millones de euros) en 2013, un 30% menos que en 2012. Aún con este recorte es el directivo que más gana en la industria. La consejera delegada de PepsiCo, Indra Nooyi, se llevó 12,6 millones (unos nueve millones de euros) al bolsillo. En el controvertido plan de compensación participan 6.400 empleados en todo el mundo, no solo ejecutivos.

Es conocido que Warren Buffett es muy crítico con los planes de remuneración excesiva de los ejecutivos y por eso trató siempre de invertir en compañías donde los intereses de los gestores están en línea con el de los accionistas. Por tanto, por su silencio ante la patalea de David Winters se asume que considera la paga de Muhtar Kent como razonable, por el esfuerzo que está haciendo al frente de una de las mejores compañías del planeta. Y, por tanto, entiende que el plan tampoco destruye el valor para el accionista.

Coca-Cola presentó hace ahora dos meses un plan para controlar mejor el gasto. Buffett no duda en tomar el micrófono para ayudar a vender el mensaje de la compañía al resto de accionistas. Pero también aconseja a Kent que vaya por delante de los competidores a la hora de anticipar los problemas que pueden comerse el crecimiento de la compañía. La recompra de acciones y los dividendos sirven para mantener altos los ánimos.

Buffett mantiene su apoyo a Muhtar Kent, que ganó 14,5 millones en el último ejercicio

El problema, según Winters, es que el plan de incentivos reduce su impacto, por eso no compra el argumento. El efecto potencial de dilución del nuevo paquete para el inversor es del 14,2%, de acuerdo con la documentación que se presenta a la junta. Cuando los ejecutivos y empleados reciben premios en acciones o ejercen los derechos sobre las opciones, el efecto positivo del plan de recompra se reduce para el resto de los propietarios.

"Eso representa una transferencia innecesaria de patrimonio de los accionistas a los miembros del equipo de gestión", por eso el activista pide uno diferente. La firma de Atlanta responde a las críticas diciendo que no hay un cambio respecto a las prácticas del pasado y que los ejecutivos solo serán compensados con opciones si se cumple determinados objetivos de rendimiento.

Sobre la dilución, explica, es un cálculo máximo. Coca-Cola espera que sea inferior al 1% anual, como la que se vio durante los últimos tres ejercicios. “Se puede empezar con un número pero después hay que descontar muchas cosas, por eso la cifra final será muy parecida a la de años pasados”, explica. Al no cumplirse los objetivos marcados, las acciones no se emiten. También juega como se comporte el valor de la acción.

El plan incluye en concreto 300 millones de opciones y 40 millones de unidades de rendimiento, que equivalen a cinco títulos cada una. En 2011, 2012 y 2013 se perdieron estas últimas porque no se cumplió el mínimo. Y a la vista de la marcha de la compañía este año, parece que sucederá lo mismo en 2014. Pero si hay un alza en las acciones de Coca-Cola, podría provocar que más empleados y ejecutivos ejerzan sus derechos y hagan caja.

El problema adicional para Winters de cara a la próxima junta es que Coca-Cola es una de las compañías cotizadas más transparentes al detallar este tipo de planes. Además, la mayoría de los inversores es favorable a que se incentive el trabajo de los empleados con acciones si sirve para hacer crecer a la empresa. Kent dice que le hubiera gustado hablar con él antes de disparar, para responder a sus dudas sobre el tamaño del plan.

Los seguros de Mato para sin papeles fracasan: solo 300 pólizas firmadas

Los seguros públicos que el Gobierno ideó para garantizar la atención a quienes había retirado el derecho a la sanidad pública se han revelado como un fracaso. Según un recuento elaborado por este diario, solo 300 personas en toda España han contratado las pólizas, que cuestan 60 o 157 euros al mes, en función de la edad del asegurado. El Ministerio de Sanidad las anunció poco después de dar la orden de retirar las tarjetas a los extranjeros en situación irregular y a los ciudadanos que nunca han cotizado y cuentan con rentas superiores a 100.000 euros al año —irónicamente, las dos caras de la exclusión sanitaria— con el objetivo de que pudieran hacer uso del sistema sin que les cobraran cada atención individual.

Pese a que ya en julio de 2012 se había decidido crear estos seguros especiales, no vieron la luz hasta un año después. Pero pasados siete meses de su entrada en vigor oficial —el 1 de septiembre de 2013—, la mayoría de comunidades aseguran que ni siquiera han recibido peticiones de ciudadanos dispuestos a contratar las pólizas. Algunas, como Madrid, han elaborado y publicitado los formularios para pedirlas. Otras, como Castilla-La Mancha, ni siquiera las han puesto en marcha. “Han llegado una o dos solicitudes y se está estudiando cómo resolverlas”, dice una portavoz del servicio de salud de esta región.

La exclusión sanitaria, uno de los ejes centrales de la reforma Mato, que entró en vigor en septiembre de 2012, derivó en el apagón de unas 150.000 tarjetas sanitarias de sin papeles —según los cálculos de este diario—. Ya no tienen derecho a la asistencia normalizada gratuita —excepto los niños y las embarazadas—, solo a la de urgencias.

El decreto de Sanidad ha abierto una gran brecha de desigualdad en la atención de este colectivo, que difiere mucho según la comunidad en la que viven. Asturias y Andalucía se han rebelado. No aplican la ley y siguen asistiéndoles como antes —prestación farmacéutica incluida—, cuando solo tenían que acreditar ser residentes. País Vasco y Navarra han aprobado leyes para seguir haciéndolo; normas que han recibido, además, el aval del Tribunal Constitucional. Otras regiones, como Extremadura o Galicia han habilitado sistemas para darles asistencia cuando no tienen recursos económicos. Siete autonomías cumplen la reforma a rajatabla, según el último análisis de Médicos del Mundo.

Castilla-La Mancha es, según este informe, la comunidad que más al pie de la letra ha seguido las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Es la única que no ha establecido ningún programa especial de acceso a la atención sanitaria para quienes, con la nueva regulación, no son ni asegurados ni beneficiarios. Como María, que sabe bien lo difícil que es acudir al médico en esta región. Pide que no se desvele su nombre completo ni su nacionalidad, porque su caso está en el juzgado y teme que le pueda perjudicar. Llegó hace 10 años a España y hace cuatro pudo traer a su hija, que ahora tiene 33 y sufre una discapacidad mental. “Es como una niña”, la define. Cuando quiso regularizar su situación “cayó la reforma”.

María no sabe exactamente qué problema tiene su hija. Podría padecer una enfermedad rara, pero no está diagnosticada. Tampoco tiene reconocida la discapacidad. Le dieron número de seguridad social, pero es como si no existiera para el sistema. Hace unos meses empezó a quejarse de que le dolía mucho un bulto en la axila. Decía que no podía levantar el brazo. Su madre acabó llevándola a urgencias. “La atendieron. Gracias a Dios, era una bolita de grasa. Nos dijeron que no era nada alarmante, pero que cuando consiguiera tarjeta sanitaria debería volver para quitársela”. Como sigue sin tenerla, el bulto sigue allí. Y María espera que en cualquier momento le llegue una factura por esa visita a urgencias. “Nos pidieron el pasaporte, nos tomaron los datos y dijeron que ya nos mandarían la carta”.

Idoia Ugarte Gurrutxaga, presidenta de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha, resopla cuando oye que esta comunidad asegura estar “atendiendo a todo el mundo”. “No es cierto. Llevamos desde enero de 2013 entregando un informe mensual con los casos de denegación de asistencia que nos llegan”, afirma. La organización tiene constancia, por ejemplo, de 17 casos de mujeres embarazadas y de 56 menores que desde 2012 no han podido acceder a la atención o tramitar la tarjeta sanitaria. Casos flagrantes de incumplimiento de la ley, que ampara la atención obstétrica y pediátrica gratuita en cualquier caso.

Dos grandes problemas están dificultando el acceso a la sanidad de las personas más vulnerables: la falta de información y el miedo a tener que pagar por ir al médico. Muchas veces no tienen claro a qué tienen derecho y a qué no. No ayudan casos, como el recogido por la organización Yo Sí Sanidad Universal, de un ciudadano bangladesí, atendido tras un infarto en el hospital 12 de Octubre de Madrid, a quien le llegó una factura de 12.000 euros por la atención. El hombre, que había pasado varios días ingresado, recurrió a esta organización para solucionar su caso. La respuesta del hospital fue que había sido un error. Pero sigue con la deuda.

El director general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Agustín Rivero, afirma que la reforma sanitaria ha servido para “aclarar” quien tiene derecho a ser asegurado y beneficiario. “Además, hemos evitado que se siga produciendo un agujero de 1.000 millones de euros derivados del turismo sanitario que, como reclamó el Tribunal de Cuentas, no se sabía dónde iban”, añade. Aunque el Tribunal de Cuentas incidía en su informe en que había sido la incapacidad de España para gestionar los cobros lo que había hecho perder unos 970 millones, la mayoría a países de la UE. Ese turismo sanitario poco tiene que ver con el uso que hacen los extranjeros en situación irregular de la sanidad pública española.

Y los seguros ideados por Sanidad, destinados a cubrir en parte ese agujero —para quienes se lo puedan permitir—, no han servido para paliar el problema de este colectivo. En Castilla y León solo hay activos 12 de estos convenios. En la Comunidad Valenciana se han acogido a la póliza Mato 191 personas, según un portavoz, que añade que las que no tienen recursos pueden optar por el Plan Valenciano de Protección de la Salud, iniciado en septiembre pasado y al que se han apuntado 2.732 personas. En Murcia, donde hay contratadas 24 pólizas Mato, los solicitantes son en su mayoría de estados europeos o sudamericanos y centroamericanos. Madrid, con 43 convenios firmados, asegura que el perfil del solicitante es el de una persona extranjera (solo el 6% son españoles), fundamentalmente de países latinoamericanos, mujer (en torno al 80%) y de entre 40 y 65 años (más del 50%).

Las comunidades aún no han evaluado los ingresos que obtendrán por estas pólizas —que pueden llegar a costar 2.000 euros anuales—. Tampoco Sanidad, dos años después de la reforma que transformó la base de universalidad de la sanidad pública, ha medido el ahorro concreto derivado de la exclusión. Y es que a pesar del varapalo de las sociedades científicas y del Consejo de Europa —que considera ilegal la expulsión de la atención normalizada de los sin papeles— , la ministra Ana Mato mantiene que España es uno de los países que más cobertura da a los extranjeros.

Agustín Rivero es más mesurado. Asegura que con la reforma completa se ha conseguido que el sistema sea “universal, público y gratuito para los que residan en España”, y también “la accesibilidad de los grupos vulnerables”. Recuerda que en diciembre, el Consejo Interterritorial de Sanidad —donde están representadas las autonomías— aprobó un protocolo para cubrir de manera gratuita a todos los sin papeles con enfermedades infecciosas, tratamientos prolongados y crónicos o con problemas que puedan ser un riesgo para la salud pública.

La medida no ha corregido casos como el de Juan Pablo. Este uruguayo de 37 años y con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, lleva más de un año sin tomarse la medicación completa. “No puedo pagarla. Antes, el tratamiento me costaba tres o cuatro euros, ahora unos 400 cada 15 días”, se lamenta. Cuenta que lleva diez años en España, que trabajó duro durante mucho tiempo. “Llevaba nueve años con la medicación pautada. Me iba bien. Ahora tengo ataques de pánico”, remarca. Sus problemas de salud le han llevado dos veces al hospital, pero al salir ha seguido sin el tratamiento. Del médico de familia ha ido a servicios sociales. Y vuelta a empezar. “Nadie me resuelve mi caso”, dice. Ahora espera que Médicos del Mundo le ayude con los trámites para conseguir los fármacos. “Si no, no sé qué haré”, añade.

“Cogí miedo a mi propio hijo”

A Jeanette, ecuatoriana de 46 años, le da algo de apuro admitir que durante algunos meses no pudo pagar la medicación de su hijo, un joven de 22 años que padece esquizofrenia. Mientras él estuvo sin tarjeta sanitaria por culpa de la reforma de 2012, tampoco le llevó al especialista para que hiciera seguimiento de su enfermedad psiquiátrica. Toda la familia, que reside en Mora (Toledo), estaba en paro. A él le había caducado la tarjeta y se negaban a darle otra, pese a que su situación administrativa en España era legal. “Si íbamos al médico nos cobraban, así que evitamos ir”, cuenta.

Los fármacos costaban casi 500 euros cada 15 días, recuerda. Jeanette deja un momento el teléfono y va a buscar las recetas para leer las marcas comerciales. Son ansiolíticos y antipsicóticos. “Claro que sabemos que son fármacos que no se pueden dejar, pero no podía pagarlos. Estuvo unos ocho meses sin tomarlos. Durante ese tiempo tuvo crisis y estuvo muy agresivo y eufórico. A veces me imaginaba qué pasaría si le daba por coger un cuchillo y salir a la calle. Una le coge miedo hasta a su propio hijo”, relata.

El hijo de Jeanette siempre ha tenido permiso de residencia y tarjeta sanitaria europea. Y pese a ello, estuvo cerca de un año sin acceder a la atención sanitaria pública de Castilla-La Mancha. A finales del año pasado la mujer acudió a Médicos del Mundo, que la ayudó a desentrañar la maraña burocrática, presentar el papeleo adecuado y conseguir finalmente la ansiada tarjeta. Hoy siguen teniendo problemas de dinero. “Voy a Cáritas y a Cruz Roja para que nos ayuden, y mi madre, que vive en Valencia, nos echa una mano”, dice. Al menos se ha librado de la carga añadida de los fármacos, por los que, según explica, ahora paga apenas 17 euros.

Primeras imágenes de la resurrección !!!! el conejo resucitó hay conejos de Pascua !!!

Encuentran un vibrador en el estómago de un bacalao

Bjoern Frilund, un pescador noruego al borde de la jubilación, faenaba como cada día por la costa oeste de Noruega. Sin embargo, esa jornada no iba a ser una cualquiera ya que pescó un bacalao que guardaba una increíble sorpresa en su interior. 

Un vibrador de goma de 16cm  se movía en su estómago. Las pilas deljuguete sexual aún no habían perdido su vida útil.

El pescador no daba crédito a lo que acababa de caer en sus redes. "Yo sabía que un bacalao se traga todo lo que encuentra en alta mar pero desde luego no esperaba algo de estas características.  Frilund destacaba a la prensa local que probablemente el pez confundió el vibrador con un calamar y por eso se lo tragó.

Pero... ¿quién lo tiró allí? ¿A kilómetros de la costa? El pescador apunta a los cruceros que bordean Noruega como principales responsables del hecho. Sin embargo, señala, que es algo improbable y no cree que se vuelva a repetir. Le da más posibilidades a que "caiga un meteorito en la cabeza de alguien" a que sucede de nuevo algo así.