Adital
España es el tercer país europeo con mayor hacinamiento en sus cárceles. Lo documenta un informe de la XXX Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa, que se celebró en Estambul. Ese hacinamiento significa que hay 162 presos por cada cien mil habitantes, cuando en Alemania hay 95 por cada cien mil, 85 en Francia y 121 en Portugal. Demasiados presos en el Reino de España. Más que en cualquier época de su historia reciente, excepto los primeros años de la dictadura franquista.
Con la
crisis, aumentaron los delitos violentos en el 2011. Algunos asesinatos,
secuestros y atracos más que en el 2010, según la memoria anual de la
Fiscalía General del Estado, aunque menos que en el 2009. Pero lo que
llena las cárceles son los delitos de los pobres, de los de abajo y,
especialmente, los relacionados de un modo u otro con el tráfico de
droga.
Una radiografía de esa delincuencia puede verse en
cualquier cárcel provincial española. Cárceles de pobres, de
desesperados, habitualmente en medio de la nada, donde los presos
acumulan 30, 40 o 50 causas penales por hurto, robo, lesiones, tirones,
contrabando o venta de heroína, cocaína, hachís u otras drogas… En la
jerga carcelaria son los gremlins. Pobres sin remedio, a los que
el delito no saca de la pobreza. Presos ligados a la prisión, con
salidas y entradas constantes. Sor Genoveva, una monja católica de 88
años, que hace casi 70 va a las cárceles de Barcelona para escuchar a
los presos y ayudarlos, no tiene la menor duda: “Siempre es la gente más
pobre la que está en la cárcel”. Sabe de qué habla.
Gente que
paga caros sus delitos. A quien cogen contrabandeando un kilo de
cocaína, le caen ocho o nueve años de cárcel. Pero, dos importantes
financieros españoles, por ejemplo, condenados por el Tribunal Supremo
como autores de estafa y falsedad en la venta de un solar de Madrid, no
fueron a la cárcel por una discutible y discutida interpretación de la
prescripción por el Tribunal Constitucional, que los soltó. Aunque, como
escribió quien fue teniente fiscal de Barcelona, José María Mena,
“fueran efectivamente estafadores y falsarios”. Mena dice que “también
merece ser recordado el beneficio de 200 millones de pesetas (120 mil
euros) conseguido por Alierta (presidente de la multinacional
Telefónica) por una información bursátil privilegiada de carácter
reservado, que era delito, pero quedó impune al amparo de la
prescripción”.
No es excepción que los ricos escapen del castigo
por sus delitos económicos por la discutible utilización de la
prescripción, la institución jurídica que dice que pasado cierto tiempo
algunos delitos ya no puedan ser juzgados. Pero, prescripción aparte,
hay más delitos que hacen daño a mucha gente y perjudican mucho a la
ciudadanía, aunque sus perpetradores no pisen nunca la cárcel. ¿Qué
creen que es esta maldita crisis, más que una acumulación de delitos de
diversos pelajes financieros, cuyas consecuencias paga la ciudadanía?
Delitos camuflados y ocultos, perpetrados con brillante ingeniería
financiera y obscena contabilidad imaginativa. Entonces, para camuflar
la impunidad de facto de delincuentes económicos y financieros, se
promete con grandes aspavientos barrer el delito de las calles (recurso
utilizado por muchos gobiernos en diversos países), que solo significa
cebarse en los pequeños delincuentes, en los delincuentes pobres.
Lo
cierto es que, benevolentes con la evasión de impuestos y los graves
delitos económicos o los protagonizados directamente por miembros de la
minoría rica, los sistemas penales y penitenciarios europeos han sido y
son beligerantes e intolerantes con las infracciones de las clases
sociales desfavorecidas. Y, por si fuera poco, hoy en España el gobierno
del Partido Popular y sus aliados pretenden convertir en delincuente a
la ciudadanía, que protesta pacíficamente contra un sistema económico
que la esquilma y viola sus derechos. Lo quieren hacer endureciendo el
Código Penal y, si se aprobara, Gandhi iría a la cárcel en España. Así
están las cosas y no es como se reducirá la población penitenciaria.
Pues, como escribió Josep M. Vallés, quien fuera responsable de las
prisiones de Cataluña en el Reino de España: “Tener muchas cárceles y
que estén llenas, es un fracaso”.
Mientras tanto, responsables de
delitos económicos y financieros, de compleja elaboración e inteligente
y retorcido camuflaje jurídico que hace difícil de descubrir tales
delitos, campan a sus anchas perjudicando a la mayoría. Da igual que las
consecuencias las paguen miles, cientos de miles o millones de
personas.
Este sistema cada día pierde más legitimidad y esta democracia se vacía más y más.
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