En Chile, el rescate de los 33 mineros enterrados en la mina de San José comenzó el miércoles 13 de octubre, gracias a un pozo de evacuación perforado al efecto.
Se desplazaron periodistas de todo el mundo. Desde el anuncio del accidente el presidente chileno, Sebastián Piñera, no ha ahorrado ningún esfuerzo para demostrar que supervisa personalmente los trabajos de evacuación: su índice de popularidad, por otra parte, aumentó 10 puntos desde el lanzamiento de una operación que él considera «sin parangón en la historia de la humanidad». Pero una vez que pase el tiempo del regocijo –perfectamente lógico-, ¿Chile se preguntará sobre las condiciones que provocaron el accidente?
22 de agosto de 2010, 14:30 h. Copiapó, desierto de Atacama, al norte de Chile. Algunas letras garabateadas en tinta roja suben por un conducto perforado en la mina de San José, en una de las regiones más áridas del mundo: «Nos encontramos bien en el refugio, los 33».
Treinta y dos mineros chilenos y un boliviano se encontraban atrapados a casi 700 metros bajo la superficie de la tierra, enterrados vivos en las entrañas de una mina de cobre y oro. Desde el hundimiento de varios muros de sujeción, bajo miles de toneladas de roca y lodo, sobreviven mal que bien en uno de los refugios todavía accesibles. Beben el agua que escurre, racionan sus escasos alimentos y padecen un calor asfixiante. Pero su pequeña nota lo demuestra: están bien de salud.
Este descubrimiento fue aclamado por un alborozo popular: todo un pueblo está junto a «sus» mineros en un arrebato de solidaridad que recorre la cordillera de los Andes e inunda hasta las provincias del sur del país: «Sí, los héroes están bien», titula el periódico de gran difusión Las Últimas noticias en una edición especial del 23 de agosto de 2010. El campamento de San José donde se instalan las familias de los mineros se rebautiza con el nombre de «campamento de la esperanza». Comienzan las tareas de rescate.
El 13 de octubre, mientras los primeros mineros recobraban la libertad, al menos 1.700 periodistas de todo el mundo los esperaban rodeados de banderas chilenas. Para prepararse para «el gran día», los mineros incluso debieron seguir clases de «entrenamiento mediático» -en el fondo de la mina- para prepararse para una avalancha de entrevistas y emisiones de televisión (sin contar las propuestas de adaptación de su historia al cine, en diversas lenguas).
Durante dos meses el ministro de Minas, ex ejecutivo dirigente de la filial chilena de Exxon Mobil, Laurence Golborne, ha sido el animador estrella. Sin quitarse en ningún momento su cazadora con los colores del país y de las festividades ligadas al bicentenario de la independencia (1810-2010), abrazaba a los familiares de las víctimas y comentaba detalladamente los progresos de la operación de salvamento. Pero el día «D» es el propio presidente quien se coloca bajo los focos.
A las cinco y once de la madrugada el primer minero sale del pozo de evacuación. Abraza a su hijo, a su esposa y después al presidente. Cuatro minutos después, este último hace su primera declaración y agradece a Dios «sin quien este rescate no habría sido posible» y afirma que «hoy podemos sentirnos más orgullosos que nunca de ser chilenos».
Para el gobierno, el drama presenta ciertas ventajas. Piñera, el presidente-empresario multimillonario elegido el 17 de enero de 2010, conoce los comienzos difíciles (1). Su gestión desastrosa de las consecuencias del terremoto del último febrero suscita numerosos descontentos mientras las movilizaciones y huelgas de hambre de los indios mapuches, en el sur, le dan muchos quebraderos de cabeza (2). El martirio de los «33» representa, pues, una oportunidad de ensueño para organizar durante dos meses y en directo un formidable espectáculo televisivo. Mientras a los «33» se les proclama «héroes del bicentenario de la independencia», se ha hecho todo lo posible para convertir el arrebato de solidaridad en un consenso político: «todos unidos» tras el presidente Sebastián Piñera, en cierto modo. Sin embargo, según el periodista Paul Walder, el accidente de San José sobre todo constituye una alegoría del Chile contemporáneo: un país donde la clase obra se encuentra «sepultada» por un sistema que la oprime (3).
En realidad los 33 mineros supermediatizados, paradójicamente, permanecen sin voz. Ni ellos ni sus familiares, ni el movimiento sindical –históricamente poderoso en ese sector pero debilitado por la dictadura y sus reformas neoliberales- han tenido la oportunidad de expresar su análisis de las causas del accidente. En el exterior, los que consiguieron escapar del desprendimiento e intentan recordar que sus salarios no se habían pagado desde hacía varias semanas: « ¡Para tu show, Piñera, 300 estamos afuera! » (4) chocan contra la indiferencia general.
Chile es uno de los abanderados del capitalismo minero latinoamericano. La extracción representa un 58% de las exportaciones y el 15% del producto interior bruto (PIB). El país explota carbón, oro y, sobre todo, cobre del cual es el principal productor mundial (con el 40% del mercado), especialmente gracias a la mayor mina a cielo abierto del planeta (Chuquiquamata). Chile dispone incluso de reservas equivalentes a 200 años de explotación.
En la época de las grandes nacionalizaciones de 1971, el presidente Salvador Allende estimó que la explotación del cobre constituía el «salario de Chile». El gobierno de la Unidad Popular expropió entonces las grandes empresas estadounidenses y transfirió su propiedad a la Corporación Nacional de Cobre (CODELCO) (5).
Desde el golpe de Estado de 1973, la dictadura y después la democracia neoliberal revertieron la lógica ofreciendo la concesión de numerosos yacimientos a empresas privadas nacionales e internacionales. Sin olvidarse de reducir las tasas impositivas a uno de los niveles más bajos del mundo (6) y las condiciones de seguridad a la mínima expresión –a menudo inexistentes-. Y poco importa, en cualquier caso: en la región de Antofagasta 277 yacimientos de 300 se explotan sin atenerse a las normas. En semejante contexto, la explotación minera se convierte en una actividad muy lucrativa.
Sin embargo, según Le Monde, todo sería para mejor puesto que el desarrollo de la actividad habría propulsado a los mineros al rango de auténtica «aristocracia obrera». Sus salarios son hasta tres veces superiores al salario mínimo (262 euros mensuales). Mejor todavía, añade el diario de tarde: «El drama de los “33” de San José y la operación en curso para rescatarlos no debe hacernos olvidar lo esencial: la gran mayoría de los mineros chilenos trabaja en excelentes condiciones de seguridad» (7). Sin embargo, con treinta y un muertos anuales de promedio (sobre alrededor de cien mil trabajadores), las condiciones distan mucho de ser ideales.
«San José es una pesadilla. Es peligroso, lo sé, todo el mundo lo sabe», explica uno de los mineros rescatados. «Sólo hay un lema: productividad» (8). Con 345 empleados, se trata de una mina de tamaño medio. La empresa minera San Esteban –que explota el subsuelo el país desde hace más de 200 años- pertenece a Alejandro Bohn (60% del capital) y Marcelo Kemeny (40%), el hijo del fundador de la compañía. De las dos minas que poseen una ha tenido que cerrar, agotada. Pero San José debe seguir financiando el tren de vida de los dirigentes de la empresa –especialmente las fiestas que organizan en los locales de moda de la capital, muy reputados al parecer-
En San José, la subida del precio del metal en el mercado mundial se traduce en una intensificación del trabajo, el recurso casi sistemático a las horas extras (hasta 12 horas diarias) y… a los recortes en el ámbito de la seguridad: cuando en el momento del accidente, el 4 de agosto, los 33 mineros se precipitaron a la chimenea de seguridad para subir, descubrieron que no había ninguna escala…
¿Sorpresa? No: desde 1999 los accidentes se multiplican. En 2004, tras la muerte de un obrero, los sindicatos presentaron una denuncia que en un principio fue rechazada por el tribunal de apelación. Finalmente, en 2005, la mina se cerró por decisión de la Dirección de Trabajo. Sin embargo se volvió a abrir en 2009 sin que el conjunto de la explotación cumpliera las normas. En julio de 2010 un nuevo accidente: el aplastamiento de las piernas de un minero. A pesar de todo, tres semanas después el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) autorizó que se mantuviera la producción. Algunos sindicalistas hablan de corrupción. 26 familias de mineros decidieron incluso presentar una denuncia contra los propietarios y el Estado.
Néstor Jorquera, presidente de la Confederación Minera de Chile (sindicato que agrupa a 18.000 trabajadores), lamenta que Chile no sea signatario del convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud en las minas. Denuncia sobre todo la existencia de una legislación laboral regresiva, herencia de la dictadura. El derecho de huelga, por ejemplo, está limitado.
A pesar de algunos programas de prevención de riesgos, la Superintendencia de Seguridad Social (Ministerio de Trabajo) reconoce que 443 personas murieron por accidentes de trabajo en 2009 (282 en el primer semestre de 2010) y se registraron 191.685 accidentes no mortales el año pasado (en una población activa de menos de 7 millones de personas) (9).
El 28 de agosto de 2010 el presidente Piñera anunció la creación de una «superintendencia de las minas» (los sindicatos no estarán representados), enviada al director de Sernageomin, y prometió el aumento de controles y del número de inspectores. Hay que decir que estos últimos son actualmente 16 –para controlar más de 4.000 minas repartidas por todo el país… (10) ¿Un giro? Esperemos que así sea (pero es muy poco probable), o habrá otros accidentes con resultados probablemente menos felices.
