La coordinadora 25-S, que convocó la concentración del 25 de septiembre pasado alrededor del Congreso de los Diputados, no solicitará autorización a Delegación del Gobierno
para su nueva fecha de presión a la clase política: el 23-O, el martes
que viene, cuando se tienen que votar los Presupuestos Generales del
Estado, según fuentes de la plataforma.
La decisión tiene en parte que ver con la multa de 6.000 euros
anunciada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes,
al ciudadano que solicitó la concentración del 25-S, Rafael-Óscar
González. En la plataforma se asegura que González, quien la misma
mañana del 25 de diciembre contactó con Delegación para eximirse de
cualquier responsabilidad sobre lo que pudiera pasar, actuó en todo caso
a título personal.
Delegación del Gobierno pretende sancionarle finalmente "por no
garantizar la seguridad de la concentración", según fuentes cercanas
citadas por Europa Press, lo que ha convencido a la Coordinadora 25-S de
que "se pida o no se pida permiso, van a intentar reprimirnos igual", aseguró una fuente de los indignados.
La interacción entre los manifestantes y los antidisturbios provocó
una verdadera batalla campal el 25 de septiembre en Madrid, con 35
detenidos y 64 heridos de diversa consideración, además de unas escenas de violencia no vistas en la ciudad puede que a lo largo de todo el periodo democrático.
La idea de los convocantes, varios de los cuales fueron acusados por la Policía y posteriormente exonerados,
mediante un polémico auto alusivo a la "decadencia" de la clase
política, por el juez Santiago Pedraz, es estrechar el cerco de presión
sobre los diputados, a quienes acusan de corromper el sistema y
conspirar contra los intereses de los españoles y en favor de los suyos
propios.
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