Desconcierto, falta de previsión, disparidad de criterios... La
expulsión de los inmigrantes sin permiso de residencia de la atención
sanitaria pública ha desembocado en un lío monumental. Un mes después de
la entrada en vigor de la medida, los sin papeles tienen cobertura
según dónde viven, la confusión crece entre los profesionales y
organizaciones como Cáritas alertan de que cobrarles por la asistencia
puede llevar a su muerte civil.
Las autonomías han tomado caminos muy distintos ante la decisión del
Ministerio de Sanidad de retirar las tarjetas sanitarias a los
extranjeros en situación irregular. Andalucía, Cataluña o el País Vasco
se han salido del carril marcado por el departamento que dirige Ana Mato
y han arbitrado medidas para seguir prestando asistencia a través de
tarjetas con validez limitada a la red sanitaria local. Lo mismo ha
hecho Galicia, que ha aprobado un programa que garantiza una atención en
las mismas condiciones que un asegurado español.
El caso de Castilla-La Mancha y Canarias es distinto. Portavoces de
los departamentos de salud de estas autonomías indican que aún no han
comenzado a aplicar la medida ya que siguen contrastando las bases de
beneficiarios remitidas por el Ministerio de Sanidad. Canarias culpa de
esta situación al ministerio, que ya ha enviado tres documentos
diferentes para subsanar errores.
Fieles al espíritu del real decreto que recorta los derechos
sanitarios de los sin papeles, la mayoría de las comunidades gobernadas
por el PP como Madrid, Castilla y León, Aragón, Baleares o la Comunidad
Valenciana han optado por facturar los servicios que presten, aunque los
pacientes carezcan de recursos para afrontar esos pagos. La cuestión va
más allá de la discriminación que implica recibir reclamaciones de pago
en función del lugar donde se viva. Puede acabar siendo un obstáculo
insalvable para conseguir un permiso de residencia. Las autonomías que
han manifestado su intención de facturar han tratado de restar
trascendencia a este acto administrativo al asegurar que, primero,
siempre se atenderá a los pacientes. Además, insisten en que emitir una
factura no es sinónimo de cobrar, dando a entender que no sucederá nada
si los inmigrantes no pagan. Y es fácil que muchos de ellos no lo puedan
hacer: la atención sanitaria no es barata. De acuerdo con uno de los
catálogos de precios actualizados (de Castilla-La Mancha, publicado el
pasado día 13), un día en una unidad de cuidados intensivos puede llegar
a costar 2.824 euros.
Pero, como advierte Francisco Solans, de la subcomisión de
extranjería del Consejo de la Abogacía, las consecuencias de no hacer
frente a la factura pueden ser muy relevantes. El curso que sigue el
impago es un trámite que acaba en la Agencia Tributaria, sigue con “un
procedimiento ejecutivo, recargo y embargo de cuentas si las tuviera. Si
no, la deuda se mantiene y, si hay más, se acumulan”.
A la hora de solicitar un permiso de residencia o renovarlo se exige
estar al día en el pago a la Seguridad Social y Hacienda. Por ello,
encadenar impagos que acaban en abultados números rojos con Hacienda
puede suponer la imposibilidad de saldar esta deuda y, en consecuencia,
de abandonar la condición de irregular, lo que equivale a una especie de
muerte civil. Esta circunstancia preocupa a entidades humanitarias como
Cáritas que ya ha encargado informes a sus equipos jurídicos para
evaluar las consecuencias de no pagar las facturas sanitarias.
Fuentes del Ministerio de Sanidad sostienen que desde que se sacara a
los inmigrantes de la sanidad pública (menos las urgencias, la atención
a las embarazadas y a los menores) las comunidades autónomas “no han
comunicado ninguna incidencia”. La lectura que se hace desde Médicos del
Mundo, es otra. “Existe una gran confusión en la profesión médica y
preocupación entre los inmigrantes que temen acudir a las consultas por
temor a identificarse”, apunta un portavoz. La organización,
especializada en la atención a personas en riesgo de exclusión, ha
llegado a recibir llamadas de centros de salud para pedir instrucciones
de cómo atender a los inmigrantes. Aunque admiten, al igual que la
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que, de momento,
no se está registrando el volumen de problemas previsible si se hubiera
hecho una aplicación a rajatabla y global de la norma. “No sabemos si
esta confusión y la dilatación en la implantación de la medida se debe a
la incompetencia técnica de las autoridades sanitarias o a un retraso
deliberado a la espera de que baje la atención de los médicos y la
sociedad”, aventuran desde Médicos del Mundo.
Para añadir aún más desconcierto, Sanidad aún no ha aprobado la
alternativa que ha ideado para abrir una puerta que permita el acceso a
los sin papeles a la red pública. Se trata del pago de una póliza (710
euros al año para menores de 65 años) que solo daría acceso a la cartera
de servicios básicos (sin subvención en medicamentos, prótesis externas
o transporte sanitario). Un mes después de la entrada en vigor de la
exclusión sanitaria, está previsto que esta solución —inasumible para
muchos inmigrantes por su coste—, se apruebe en la reunión de la
Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud convocada para
el próximo miércoles.
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