En medio de una salva de aplausos y de himnos patrióticos, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para "salvaguardar la soberanía hidrocarburífera de Argentina". El proyecto contempla como medida central la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que está en manos del grupo argentino Eskenazi y de la empresa española Repsol.
A través de un anuncio retransmitido por la cadena nacional, Cristina Fernández anunció la expropiación. El proyecto de ley por el que se hará efectiva contempla que el 51% de esas acciones expropiadas (el 26,01% del total) irá a manos del Estado nacional y el 49% (el 24,99% del total) a las provincias con producción petrolera, que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI).
El Tribunal de Tasación argentino decidirá cuánto hay que pagar por la compañía. El texto legal -de 19 artículos, con 50 páginas de "fundamentos claros y precisos"-, recoge que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a "adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos".
El proyecto de ley incluirá además una declaración "de interés público nacional" a los hidrocarburos del territorio argentino así como el "cambio de la totalidad de directores" de la compañía, aunque pretende garantizar la "continuidad operativa".
La iniciativa, denominada 'Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina', sostiene que "el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos". El proyecto entra hoy mismo en el Congreso y tendrá que votarse durante las próximas semanas.
La presidenta hizo el anuncio en la Casa Rosada y estuvo acompañada por el vicepresidente, Amado Boudou; el jefe de gabinete, Juan Manual Abal Medina; el ministro del Interior, Florencio Randazzo; y el titular de la cámara de Diputados, Julián Domínguez. Pero para llevar a cabo el proyecto designó al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al viceministro de economía, Axel Kicillof.
Falta de inversión
Una de las excusas del Gobierno argentino para tomar esta decisión es que la petrolera no ha hecho las inversiones necesarias, algo que lleva meses recriminándole. Para remarcar esto, la presidenta ha declarado que "la curva de desinversión de YPF Repsol se parece a la trompa del elefante", en clara alusión al accidente sufrido por el Rey de España.
"Tengamos en claro que las empresa que están aquí son empresas argentinas, aún cuando tengan accionistas extranjeros y no nos molestan las rentabilidades y si no que se fijen en la rentabilidad de algunas de origen español", ha apuntado en su intervención.
Argentina "es el único país latinoamericano, y diría del mundo, que no maneja sus recursos naturales", ha señalado al presentar una serie de cuadros estadísticos sobre la evolución de YPF desde 1999, cuando se produjo el ingreso de Repsol como principal accionista de la compañía, hasta el año pasado.
Dijo que "después de 17 años, la política que se implementó desde que se desnacionalizó (YPF) por primera vez nos convirtió en importadores netos de gas y crudo, con déficit de 3.029 millones de dólares" en la balanza del comercio de combustibles.
En este sentido, ha subrayado que el año pasado Argentina importó combustibles por unos 10.397 millones de dólares, "cifra que casi iguala" al superávit comercial del país, que el año pasado "fue de unos 10.477 millones".
Según la mandataria, YPF invertió 8.813 millones de dólares entre 1999 y 2011, lapso en el que obtuvo ganancias netas por 16.450 millones de dólares, de los cuales repartió 13.246 millones entre sus accionistas.
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