Alicia Sánchez-Camacho está tratando de enmendar un error que amenaza
con finiquitar su carrera política. En una decisión que rectifica la
que había adoptado apenas tres semanas antes, la líder del PP catalán
anunció ayer su intención de seguir como acusación particular en la
causa penal que investiga el presunto espionaje al que fue sometida. En
julio de 2010, Camacho fue grabada con un micrófono oculto mientras
almorzaba con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, en
el restaurante La Camarga de Barcelona.
Fuentes del PP anunciaron que la senadora presentará, en los próximos
días, un recurso contra la decisión de la juez de apartarla de la causa
penal, que se basa, precisamente, en el acuerdo que alcanzó la senadora
con Paco Marco, director de Método 3. En el pacto, la popular pidió el
archivo tras otorgar “el más amplio perdón” a los detectives. Marco
reconoció que dos exempleados grabaron la comida por encargo de un
tercero no identificado y aceptó indemnizar a Camacho con 80.000 euros.
La espantada de Camacho provocó un alud de críticas de la oposición
—que la acusó de fomentar un “pacto de silencio” con los detectives— y
abonó la tesis de que ella misma estaba al corriente de la grabación, en
la que Álvarez da cuenta de presuntos negocios ilícitos en el
extranjero del hijo del expresidente catalán.
La fiscalía, sin embargo, se opuso a esa petición al entender que
dada su condición de senadora —y miembro de una alta institución del
Estado— el caso afectaba al interés general. El martes, Elisabet
Castelló, que dirige el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona,
dio la razón a los fiscales y decidió seguir adelante con la
investigación. Además de apartar como acusación a Álvarez y a
Sánchez-Camacho, rechazó la petición de esta última para que le fuera
devuelta la cinta. Según el PP, las circunstancias han cambiado y
Camacho sigue siendo víctima del delito y ello justifica su cambio de
criterio.
La edición digital de El Triangle publicó ayer la
conversación en La Camarga de casi dos horas y media de duración. El
abogado de la senadora presentó ayer una ampliación de la denuncia penal
por lo que considera un “incumplimiento flagrante del secreto de
sumario” y otra demanda civil porque, a su juicio, la página web
ha vulnerado la medida cautelar que prohibía difundir la cinta. Otro
juez ha archivado, por falta de indicios, la denuncia que el PP catalán
presentó en junio por otro supuesto caso de espionaje sufrido en un
restaurante de Barcelona donde suelen reunirse los dirigentes. Según un
informe encargado por el partido, se halló un micrófono en una lámpara.
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