El Mostrador
El año 2004, en dos oportunidades la Justicia enfrentó a Augusto Pinochet a la posibilidad de ser desaforado. En la primera de ellas, la jueza destacó el débil estado de salud del dictador como tesis. En la segunda, repitió su negativa, a pesar de declaraciones como las de Manuel Contreras sobre el funcionamiento de la DINA: “Cualquier misión a cumplir vino siempre del Presidente de la República”.
Pasaron los años y los expedientes cosidos a mano se volvieron
polvorientos. Pero ahí estaban, para revivir historias y revelar
verdades. La magistrada Gloria Ana Chevesich negaba dos veces su voto
para desaforar a Augusto Pinochet, por los crímenes de la Operación
Cóndor y del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats y
su esposa Sofía Cuthbert.
En 2001, el dictador lograba engañar a las Cortes con su pretendida demencia incurable.
Unos cuestionados exámenes neurosicológicos fueron su carta de
presentación. Los desafueros concedidos en el año 2000 a su calidad de
senador vitalicio y ex Presidente de la República por los crímenes de la
Caravana de la Muerte, lo encaminaban directo al procesamiento que
debería dictar el juez Juan Guzmán. Pero logró su salvación y quedó
fuera de ese juicio.
Poco después, para sorpresa de los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago y Corte Suprema, el demente revivió con salidas a restaurantes y librerías. Su invocada demencia
se vino al suelo en noviembre de 2003, cuando concedió una larga
entrevista a la periodista portorriqueña de origen cubano María Elvira
Salazar. Hizo gala de una destacada memoria y se autocalificó como “un
ángel”. En un almuerzo, el entonces ministro de la Corte Suprema,
Alberto Chaigneau, dijo a los periodistas de tribunales “este personaje
nos engañó a todos”.
Fue así como se llegó a una nueva arremetida de los abogados
querellantes. En una contundente resolución con 14 votos a favor y 9 en
contra, el 28 de mayo de 2004 el pleno de la Corte de Apelaciones de
Santiago desaforó a Pinochet, esta vez por los crímenes de la Operación
Cóndor. A pesar de los numerosos antecedentes inculpatorios tenidos en
cuenta por la mayoría de los magistrados, entre los oponentes estuvo la
ministra Gloria Ana Chevesich.
Como quedó establecido en el fallo de 56 páginas terminado de
redactar recién el 5 de julio de 2004, la jueza no sólo respaldó la
inocencia del dictador en estos delitos de lesa humanidad, sino que
compartiendo opiniones con los otros ocho oponentes, arguyó la
exculpación de Pinochet insistiendo en sus “precarias” condiciones de
salud mental y física.
Más aún, en el fallo quedó reflejado que al votar a favor de
Pinochet, la jueza no consideró uno de los elementos centrales que tuvo
en cuenta la mayoría de los ministros para levantar su inmunidad. Este
fue una declaración en el proceso Cóndor del ex jefe de la Dina, Manuel
Contreras, consignada en la página 37 de esta resolución de desafuero.
En ella, por primera vez Contreras culpó directamente a Pinochet
haciéndolo corresponsable de los hechos.
“La DINA tuvo la misión de extirpar y eliminar el extremismo
marxista, cumpliendo al pie de la letra las órdenes que se me
impartieron directamente por el Presidente de la República, Augusto
Pinochet, de quien dependía. Por ello, el Presidente sabía exactamente
lo que hacía o no la Dirección de Inteligencia Nacional y su delegado y
director ejecutivo, que no se mandaba solo. Cualquier misión a cumplir
vino siempre del Presidente de la República”, declaró Contreras a fojas
2503 a 2507 del expediente Cóndor.
Tampoco fue suficiente para la magistrada que la mayoría del pleno
consignó en la página 41 del dictamen que, según los antecedentes
tenidos a la vista para resolver, “estos dan suficiente cuenta del
conocimiento por parte de Augusto Pinochet de hechos que, como los
reseñados, estuvo en situación de impedir atendida su investidura”.
El 26 de agosto de 2004, el pleno de la Corte Suprema confirmó este
desafuero y el 13 de diciembre de ese año, el juez Juan Guzmán procesó a
Augusto Pinochet por estos crímenes contra la humanidad.
La Operación Cóndor que dejó decenas de víctimas en el cono sur del
continente, nació en Santiago el 28 de noviembre de 1975. Por Chile
actuó como anfitrión el entonces coronel y jefe de la Dina, Manuel
Contreras. Firmaron además el “Acta de Clausura de la Primera Reunión
Interamericana de Inteligencia Nacional” registrada en un documento
“Secreto”, los representantes de Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia.
Según el punto 5 letra L de este documento, “el presente organismo se
denominará CONDOR, aprobado por unanimidad conforme a la moción
presentada por la Delegación de Uruguay en homenaje al país sede”.
DOBLE RESPALDO POR DOBLE CRIMEN
Seis meses después, el 2 de diciembre de 2004, el pleno de la Corte
de Apelaciones de Santiago, curiosamente por la misma votación 14 a
favor y 9 en contra, concedió el desafuero de Pinochet por el doble
homicidio del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats y
su esposa Sofía Cuthbert. El crimen ocurrió la madrugada del 30 de
septiembre de 1974 en Buenos Aires, mediante una bomba instalada bajo su
auto por los agentes de la Dina Michael Townley y su mujer Mariana
Callejas. En Estados Unidos, Townley diría mucho después a la jueza
argentina María Servini que instruyó el juicio en ese país, que más allá
de quienes intervinieron en los seguimientos del general y
proporcionaron los medios para el atentado, la orden vino directamente
de Pinochet.
En la lista de los 9 oponentes, también estuvo la ministra Chevesich.
Entre quienes acompañaron a la jueza en ambas votaciones a favor de
Pinochet, estuvieron el actual presidente de la Corte Suprema Rubén
Ballesteros, y los magistrados Raúl Rocha y Cornelio Villarroel.
Esta vez, para la ministra Chevesich tampoco fue suficiente el peso
de los hechos acusatorios en contra del dictador tenidos en cuenta por
la amplia mayoría de los magistrados que lo desaforaron. Aquellos hechos
figuraban en el proceso tanto en Chile como en Argentina.
En cambio, y a pesar de que ya en 2004 estaba claro que Pinochet había engañado a las cortes con su pretendida demencia incurable,
Chevesich manifestó junto a sus otros ocho acompañantes que, conceder
el desafuero de una autoridad como Augusto Pinochet, era abrir el camino
a formación de causa y procesamiento en su contra, lo que para
cualquier persona “implica su detención que significa situaciones
extremas de esfuerzos físicos y mentales”.
En este caso, el 24 de marzo de 2005 el pleno de la Corte Suprema
dejó sin efecto el desafuero de Pinochet por el doble crimen, pero no
por considerar que no existían antecedentes suficientes para abrir
juicio en su contra. La única razón invocada fue que el pleno de la
Corte de Apelaciones de Santiago ya se había pronunciado el 7 de octubre
de 2002, negando por 16 votos a 5 el desafuero a Pinochet solicitado
por la jueza argentina María Servini. Esta vez la Corte Suprema aplicó
el principio de cosa juzgada.
De todas maneras, es necesario tener en cuenta que en el año 2002,
Pinochet recién se había salvado de ser procesado por los crímenes de la
Caravana de la Muerte, y los jueces aún estaban convencidos que padecía
de una demencia incurable.
EL ACTUAL ESCENARIO
La jueza Chevesich fue escogida por el Presidente Sebastián Piñera a partir de una quina para integrar la Corte Suprema, cuestión que deberá resolver en última instancia el Senado el próximo 2 de julio.
Sin embargo, parlamentarios como Hugo Gutiérrez, Isabel Allende y
Eduardo Frei, se oponen a que la magistrada llegue a integrar el máximo
tribunal. Igualmente rechazan el nombramiento organismos de familiares
de víctimas del régimen de facto.
El diputado comunista Hugo Gutiérrez, dijo a El Mostrador que
“la jueza Chevesich no debe llegar a la Corte Suprema porque ha
sostenido constantes criterios jurídicos a favor de los violadores de
los derechos humanos y en contra de las víctimas”.
A su vez, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro, manifestó que “nuestro cuestionamiento a
la ministra Chevesich tiene que ver con que nos preocupa que se vuelva a
repetir lo que vivimos durante 17 años de dictadura, donde tuvimos un
Poder Judicial cómplice de los crímenes”.
OTRAS ACUSACIONES DE LA JUEZA
En 2010, en una resolución condenatoria de la Corte de Apelaciones de
Santiago contra Manuel Contreras por la desaparición de tres militantes
del MIR en 1974, Chevesich sostuvo que éste era acreedor de una atenuante por haber mantenido una irreprochable conducta anterior.
En una demanda civil reparatoria en contra de cuatro Carabineros por
la desaparición en 1973 del estudiante ecuatoriano José García Franco,
la magistrada consideró que la acción civil estaba prescrita. De esta
manera, la jueza fue en contra del criterio jurídico sostenido por una
mayoría de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, que
consideran que esa acción civil no puede prescribir porque está
directamente ligada a un delito de lesa humanidad, que no prescribe ni
puede amnistiarse.
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