El debate político a favor y en contra del indulto humanitario del expresidente peruano Alberto Fujimori
se encarniza con el paso de los días. Los líderes fujimoristas
anunciaron que este viernes pedirían formalmente la liberación de su
líder, aunque finalmente el hecho no se produjo. “Los que no lo quieren,
lo odian; y los que lo quieren, lo aman”, dice en una entrevista
televisiva Alejandro Aguinaga, congresista y médico de cabecera del
exmandatario condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad, sobre su
paciente y exjefe.
Hace ocho días, los cuatro hijos del expresidente Fujimori se
reunieron en Lima e informaron de que su padre había decidido, después
de meses de mostrarse en contra de esa posibilidad, que pediría dicha
gracia. La reapertura de este debate comenzó en realidad el 20 de
septiembre, cuando el congresista e hijo menor de Fujimori, Kenyi,
mostró a los medios una foto del detalle de una lesión en la lengua de
su padre, aseguró que la reclusión minaba su salud y que era justo un
indulto.
El expresidente fue trasladado del local donde está preso a una
clínica, para que evaluaran si requería una sexta cirugía en la lengua,
esta vez a causa de un granuloma hemorrágico. Los médicos del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas han explicado reiteradas veces que
el paciente Fujimori no tiene cáncer terminal y que cada vez que ha
sufrido una lesión cancerosa en la boca, se la han extirpado.
Cuando los medios le preguntaron al presidente Ollanta Humala sobre
ese posible indulto, respondió que no podía referirse a algo que no se
le había solicitado.
Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en mayo de 2009
por autoría mediata en homicidio calificado de 15 personas de Barrios
Altos —zona residencial del centro de Lima— y la desaparición forzada de
nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta;
además, por secuestro agravado de un empresario y un periodista.
“Hasta hace poco, la familia Fujimori había dicho que no pedirían el
indulto, sino que buscarían liberar al exmandatario por canales legales,
pues no aceptan la culpabilidad del expresidente sobre todo en los
crímenes de lesa humanidad”, explica a EL PAÍS Jo-Marie Burt, politóloga
estadounidense que ha seguido e investigado los juicios posteriores a
la extradición de Fujimori.
Burt es también asesora principal de Washington Office for Latin America
(WOLA), institución que el miércoles entregó una carta a Ollanta Humala
planteando que otorgar el indulto sin cumplir con los estándares del
derecho interno e internacional, representaría un paso hacia la
impunidad y la erosión del estado de derecho en Perú.
“La decisión de la Corte Suprema de Perú de acatar la resolución de
la Corte Interamericana de DDHH que anulaba la sentencia Villa Stein en
el caso Barrios Altos parece haber cerrado la vía legal en ese sentido.
La familia Fujimori evalúa y decide que políticamente les es favorable
lanzar la petición del indulto”, agrega Burt. El fallo Villa Stein —que
toma el nombre del magistrado que lo dictó— de julio último sostiene que
los crímenes del grupo Colina —fuerza paramilitar creada durante el
Gobierno de Fujimori— no eran de lesa humanidad.
Organizaciones de derechos humanos, líderes de opinión y el partido Perú Posible
—del expresidente Alejandro Toledo— sostienen que la junta médica que
evalúe al presidente debe ser independiente, que Fujimori debe pagar la
reparación civil de 27 millones de soles al Estado, y que debe pedir
perdón por los delitos cometidos; sin embargo, Kenyi Fujimori ya
anticipó que no habrá pago ni petición de disculpas.
La patata caliente del indulto incomoda al presidente Humala, pues
cuando le interrogan sobre su decisión, esquiva la cuestión aduciendo
que no está en agenda. “Si insisten los llevo a la punta del cerro”,
respondió el jueves. El primer ministro, Juan Jiménez, también se ha
quejado a los medios ante esa pregunta porque “hay muchos otros
problemas” en el país.
Mientras tanto, la bancada parlamentaria fujimorista
que ha sido amigable con el oficialismo en quince meses de Gobierno de
Humala, ahora recoge firmas para un pedido de interpelación al ministro
de Defensa, debido a la muerte no explicada de una niña durante una
operación contrasubversiva en la sierra central el 8 de septiembre. Los
congresistas escucharon las explicaciones insuficientes y
contradictorias del titular de Defensa a mediados del pasado mes, pero
no lo interpelaron aquella vez. Ahora, es una herramienta con la que
empiezan a presionar a Humala, para mostrar cómo es el fujimorismo
cuando quiere jugar a ser oposición.
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